1 de February de 2012 00:02

Mañana se realizará una marcha por María Morocho

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El asesinato, tipo sicariato, de María Esther Morocho, presidenta del grupo Pro Justicia León Dormido, ocasionó conmoción en Riobamba.

Sus familiares y colaboradores solicitan a las autoridades de Justicia el esclarecimiento del crimen que ha generado miedo e indignación en las víctimas del chulco y de la impunidad en la Justicia.

Por esas dos causas combatió Morocho durante los últimos años. Tenía 56 cuando su vida fue segada con tres tiros el sábado, a las 14:30, en la ciudadela Cemento Chimborazo, donde vivía.

“Dos hombres, que viajaban en una motocicleta, le dispararon y acabaron con su vida, pero su ideología nos alienta a seguir con la agrupación que creó en el 2005”, dice Rafael Silva, su esposo.

Ayer, agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía continuaban con las indagaciones. Dos evidencias dirigen la investigación: una pistola calibre 38 de fabricación nacional que habría sido utilizada por los perpetradores y la motocicleta que encontraron en el sector de San Andrés.

“Es el primer caso de sicariato que se registra en Riobamba y en la provincia. Tenemos más evidencias que no podemos revelar. Se trataba de profesionales, porque sabían lo que estaban haciendo”, asegura Alfonso Camacho, jefe de la Policía Judicial.

Pese a lo ocurrido, los miembros de la organización que fundó Morocho explicaron que continuarán trabajando para ayudar a las víctimas de los usureros.

A la par, alistan para mañana, desde las 16:00, una marcha denominada De las banderas blancas. Esta recorrerá las calles de la ciudad y luego se concentrará en la Gobernación y en la Fiscalía. Allí solicitarán agilidad en el proceso indagatorio.

Mercedes R., miembro de Pro Justicia, dice que la empezó con 15 personas afectadas por los jueces que resolvieron los casos a favor de los chulqueros. “Nuestro trabajo tiene la finalidad de pedir justicia a la justicia”.

María A., una de las víctimas de los prestamistas, solicitó en el 2007 un crédito de USD 9 000. Luego de tres años canceló USD 21 000. Sin embargo, le siguieron un juicio con la letra de cambio que no le devolvieron. La llenaron por USD 20 000.

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