Mañana se realizará una marcha por María Morocho

Momentos de pesar.    Decenas de simpatizantes de la labor de Morocho acompañaron al cortejo fúnebre en camino al cementerio.

Momentos de pesar. Decenas de simpatizantes de la labor de Morocho acompañaron al cortejo fúnebre en camino al cementerio.

El asesinato, tipo sicariato, de María Esther Morocho, presidenta del grupo Pro Justicia León Dormido, ocasionó conmoción en Riobamba.

Sus familiares y colaboradores solicitan a las autoridades de Justicia el esclarecimiento del crimen que ha generado miedo e indignación en las víctimas del chulco y de la impunidad en la Justicia.

Por esas dos causas combatió Morocho durante los últimos años. Tenía 56 cuando su vida fue segada con tres tiros el sábado, a las 14:30, en la ciudadela Cemento Chimborazo, donde vivía.

“Dos hombres, que viajaban en una motocicleta, le dispararon y acabaron con su vida, pero su ideología nos alienta a seguir con la agrupación que creó en el 2005”, dice Rafael Silva, su esposo.

Ayer, agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía continuaban con las indagaciones. Dos evidencias dirigen la investigación: una pistola calibre 38 de fabricación nacional que habría sido utilizada por los perpetradores y la motocicleta que encontraron en el sector de San Andrés.

“Es el primer caso de sicariato que se registra en Riobamba y en la provincia. Tenemos más evidencias que no podemos revelar. Se trataba de profesionales, porque sabían lo que estaban haciendo”, asegura Alfonso Camacho, jefe de la Policía Judicial.

Pese a lo ocurrido, los miembros de la organización que fundó Morocho explicaron que continuarán trabajando para ayudar a las víctimas de los usureros.

A la par, alistan para mañana, desde las 16:00, una marcha denominada De las banderas blancas. Esta recorrerá las calles de la ciudad y luego se concentrará en la Gobernación y en la Fiscalía. Allí solicitarán agilidad en el proceso indagatorio.

Mercedes R., miembro de Pro Justicia, dice que la empezó con 15 personas afectadas por los jueces que resolvieron los casos a favor de los chulqueros. “Nuestro trabajo tiene la finalidad de pedir justicia a la justicia”.

María A., una de las víctimas de los prestamistas, solicitó en el 2007 un crédito de USD 9 000. Luego de tres años canceló USD 21 000. Sin embargo, le siguieron un juicio con la letra de cambio que no le devolvieron. La llenaron por USD 20 000.

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