Los inquilinos de la Cooperativa de Vivienda San Fernando, en el norte de Quito, tuvieron que improvisar una mudanza ayer. 50 policías los obligaron a salir de los departamentos donde residían.
Mostraron una orden de desalojo suscrita por Freddy Cedeño, depositario judicial del cantón Quito. El documento se emitió el 30 de marzo pasado, dentro de un litigio por tierras que se tramita en el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Pichincha.
La parte acusadora aseguró que el terreno donde se levantaron los condominios es de su propiedad y que la construcción se hizo sin la autorización respectiva. Los acusados, en cambio, afirmaron que las tierras fueron adquiridas de forma legítima.
Vinicio Grijalva, uno de los inquilinos desalojados, dijo que la Policía actuó de forma apresurada, pues no fueron notificados previamente. “Mi esposa tuvo que salir del trabajo para contratar un camión. Esto es injusto. Al menos debían darnos un plazo para empacar las cosas, para que no se estropeen”, reclamó.
La Policía, de su lado, dijo que la diligencia debía efectuarse el 8 de abril, pero que se extendió el plazo para que las 25 familias que vivían en el sitio planificaran el traslado de sus enseres. Los condominios no podrán ser habitados mientras se resuelve el caso.