20 de December de 2010 00:00

‘Con leyes duras no se mejora la seguridad’

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Redacción Seguridad

El experto en seguridad urbana recomienda encontrar soluciones ciudadanas a partir de diagnósticos y no de encuestas coyunturales. Cuestiona el populismo penal actual.

Estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Quito, Policía Judicial y otros evidencian el incremento de los delitos, sobre todo, contra de personas. Pese a eso, las víctimas desisten de denunciarlos. ¿A qué responde esa actitud?

Hay dos explicaciones. La primera es que los índices de victimización han subido notablemente en el país. Cuando se pregunta si usted o un familiar ha sufrido algún acto delictivo en los últimos seis meses, el 56% de la población dice que sí. Y el informe de Naciones Unidas señala que del total de denuncias, solo el 1,7% termina con sanción. Eso hace que la población sea cada vez más víctima de actos delictivos, pero con un sistema que no satisface sus demandas de seguridad.

¿Esa situación hace que la gente tenga incredulidad sobre el sistema de justicia?Según las encuestas de opinión sobre la labor de la Policía y de la justicia, la credibilidad está en los niveles más bajos. El conjunto del sistema penal está absolutamente desligitimado. Eso hace que la población no acuda a denunciar ni a seguir un juicio porque le sale muy costoso. Sabe que, probablemente, en vez de justicia tendrá más actos de violencia o de revictimización y hasta venganza.

¿Influye esto en el incremento del índice delictivo?

Sí, eso ocurre y se denomina carrusel. Es decir, si una persona es sometida a prisión 15 veces, la Policía trabajó 15 veces, al igual que el sistema judicial. Eso hace que los costos de la justicia sean terriblemente altos, igual los niveles de impunidad.

¿Esa no denuncia a la que usted se refiere a qué situación conduce en el país?

Que la violencia sea el mecanismo de resolución de la violencia. La justicia por mano propia.

¿Es ese extremo nada favorable para la seguridad ciudadana en Ecuador?Las encuestas en Quito, por ejemplo, dicen que el 53% de la población ya ha legitimado el sistema de justicia por mano propia y los linchamientos. Eso hace pensar que estamos pasando de un sistema penal formal hacia uno informal que tiene mucha más legitimidad.

Bajo esas condiciones, ¿a qué riesgo se expone el país?

Que la violencia se convierta en el mecanismo de resolución de los conflictos. Y eso se refleja en que la población se arma, se incrementan los linchamientos y que tengamos 120 000 guardias privados frente a 43 000 policías. Hay una ley informal que está copando muchos espacios donde se desarrolla la conflictividad.

Con una población armada y con más guardias privados, ¿hacia dónde va la sociedad?

La ciudadanía está asumiendo no solo la vocería de demandas sino también la justicia por cuenta propia. Lo más graves es que las políticas que plantea la oposición y el oficialismo son a través de lo que dicen las empresas encuestadoras. En la actualidad, las políticas públicas no se definen con el conocimiento del delito ni con diagnósticos sino con base en encuestas de opinión. No surge de un análisis ni de información.

¿Será suficiente con endurecer las leyes que se debaten en la Asamblea Nacional?En lo absoluto. En El Salvador, por ejemplo, un ex presidente asumió el cargo con la consigna de mano dura y el sucesor llegó con la de supermano dura. Pero ni la una ni la otra han dado resultado y ahora es uno de los países con mayores tasas de violencia en América Latina.

¿Se puede decir que Ecuador va en igual dirección?

Creo que sí. Y es un camino sin retorno, porque ahora se debate sobre quién ofrece más. Yo doy acumulación de penas o 50 años de prisión, luego vendrá la pena de muerte o la cadena perpetua. Eso ocurre en el populismo penal del oficialismo y de la oposición. La única diferencia es qué encuestadora utiliza cada uno. Se necesita un conocimiento profundo de la problemática para establecer políticas más preventivas antes que de mano dura.

¿Cómo conseguir aquello?

Si sabemos que la usura está generando problemas de lavado o de sicariato, lo urgente es que se reforme el sistema financiero público y privado para que los sectores de bajos ingresos puedan tener acceso al microcrédito. Si conocemos que en el país uno de los productos que más se roban son los celulares, lo lógico es acordar con las proveedoras de servicios para que los teléfonos robados no vuelvan a ser activados.

Los analistas aducen a la pobreza y la falta de empleo como agravantes para una mayor delincuencia.

Eso pierde sentido ante el nivel actual de la violencia. El presupuesto del Municipio de Quito, por ejemplo, es de USD 800 millones y el narcolavado en el país mueve USD 1100 millones. Con esta actividad ilícita se genera mucho más empleo que el Municipio. ¿Cómo generar un empleo tan productivo como ese?

Es decir, ¿se vuelve un salvavidas económico?

Desde hace mucho tiempo. Hay una lógica económica que es difícil enfrentar si no es tratado desde las políticas económicas. Si bien hay un conjunto de delitos que se atan a la pobreza y desigualdad, creo que los delitos fundamentales provienen de lógicas de economías ilegales como el narcotráfico.

El Gobierno decidió que los militares salieran a reforzar la vigilancia. ¿Ayudará a mejorar la seguridad?

El 82% de la población demanda que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Pero estas no tienen una formación y una logística que esté dirigida al trabajo en la calle.

Hasta que se resuelvan estos dilemas, ¿qué hacer en el barrio y comunidad para evitar los linchamientos?

Si nosotros no tenemos una Policía y sistema de justicia legítimas, esto va a continuar. Los linchamientos y la violencia van a crecer. Cuando haya una justicia legítima habrá una cultura de seguridad y eso es sentirse representado por las instituciones.

Y en esta temporada festiva, ¿qué debe hacer la gente?

Debe tomar precauciones, no hacer alarde del dinero o ir de compras con compañía. También debe utilizar los sistemas de transporte público en horas de menor congestión. Tampoco tiene que llevar productos de alto valor, porque se vuelve vulnerable a un acto delictivo.

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