13 de November de 2012 00:02

Juzgados se construyen en terrenos que están en litigio

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Sin las escrituras de propiedad, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) construye el segundo complejo judicial más grande del país. Está ubicado en la urbanización El Pedregal, en el sector de la Pulida, a 80 metros de la av. Mariscal Sucre (norte de Quito).

Según información del CJT, se invertirán USD 17,1 millones para la construcción y adecuación de 65 juzgados de la Niñez, Inquilinato, Penal, Civil, Laboral, etc., que está previsto funcionen en este predio desde enero.

Pero desde hace 11 meses, los 35 931 m² en donde se realizaran los trabajos están en trámite de expropiación. El veedor de la reestructuración de la Justicia en Pichincha, Carlos Coloma, aseguró que esto “es solo uno de los problemas que tiene el predio. Otro es que la construcción se avanza sin estudio de suelos y permisos municipales”.

Sin embargo, el 22 de diciembre del 2011, la entonces jueza XXIV de lo Civil, Mónica Flor Pazmiño, ordenó la ocupación inmediata del terreno y se iniciaron las obras. Desde entonces, se han sumado al proceso de expropiación más de 5 000 fojas sin que hasta el momento el litigio sea resuelto.

Ayer, el director de Comunicación de la Judicatura, Mauricio Domínguez, señaló que el pedido realizado por este Diario, hace una semana, para tratar temas relacionados con las construcciones todavía está en trámite.

El 14 de diciembre de 2011, el CJT presentó una demanda en contra de DMG Comp Comercializadora S.A., dueña del predio. En el proceso aparece una carta de Marco Álvarez Salvador, representante legal de la compañía. Asegura que “el principal desacuerdo” con el CJT es el valor de los terrenos. Según Álvarez, peritos avaluaron la propiedad en USD 7 000 000.

No obstante, en la solicitud de la demanda, la Judicatura incluyó un informe del Municipio de Quito en donde se indicaba que el avalúo es de USD 3,7 millones.

Para poder iniciar la construcción, el 16 de noviembre del 2011, los representantes de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, declararon el predio en utilidad pública. Un informe realizado por los arquitectos Juan Pablo Prado y Gustavo Ruiz avaló la vialidad del área.

Desde el 2008, la propiedad estaba a cargo del Consep. En ese año, una investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia alertó al país sobre un grupo de bienes que en Ecuador servía para el lavado de dinero del narcotráfico.

La Fiscalía ecuatoriana identificó que uno de los bienes del extranjero David Murcia Guzmán, presidente del Grupo DGM y sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, era precisamente la propiedad en donde se construye el complejo judicial.

El 21 de diciembre del 2011, el Consejo de la Judicatura transfirió USD 4 millones a la cuenta del juzgado en donde se tramita la expropiación. El monto se refiere al abono “del monto real”.

En medio de estos hechos, un informe del Consejo de la Judicatura señala que hasta el momento en el país están en marcha 187 obras. Unas están en ejecución y otras están programadas.

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