Gustavo Medina habla sobre cómo debe enfrentarse el sicariato desde la justicia. Dice que hace falta una política integral.
¿Qué respuestas se han dado, desde el sistema judicial, contra los delitos graves en el país, como el sicariato?La estructura judicial del país no ha podido identificar oportunamente a los responsables de ese delito y, por tanto, tampoco sancionar a los involucrados. La Policía, el Ministerio Público y la Función Judicial son corresponsables. La Policía debe entregar a la Fiscalía las evidencias encuadradas en la Ley, para que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación. Este, a su vez, debe entregar las evidencias para que un juez pueda sancionar.
¿Qué hacer para que esa estructura funcione?
No puede permitirse que no se pongan de acuerdo entre esos actores. El poder público es uno solo y cada actor debe asumir sus responsabilidades. De lo contrario, la incidencia de la criminalidad en el país crecerá.
Mientras todavía se habla del deber ser, el sicariato toma fuerza y la ciudadanía resulta afectada.
La población es consciente de que la justicia no puede enfrentar los retos de una sociedad tan conflictiva como la de ahora. No hay que desconocer que la administración de justicia no ha crecido al mismo ritmo que algunos delitos como el sicariato. Es vital preparar a los operadores de justicia para que puedan enfrentar los nuevos retos de la criminalidad.
¿Qué se debería tomar en cuenta para que los actores de justicia puedan prevenir y enfrentar el sicariato?
Es necesaria una reforma legal para que el sicariato se convierta en un delito autónomo.
El Código Penal ya contempla el asesinato por recompensa, ¿qué se ganaría si se incluye la palabra sicariato?Claro que está en la Ley actual, pero el nivel de incidencia del delito amerita que se lo trate de forma independiente. Así se podrá establecer más atenuantes, pues el sicariato envuelve una serie de características específicas que deben ser juzgadas. Dentro del sicariato hay que sancionar por igual al que contrata y al que ejecuta el crimen.
El sicariato se reinventa cada día en sus formas, formas de cobro, reclutamiento, delitos conexos como el chulco, etc. ¿Cómo tipificar un delito con tantas dimensiones?
Hay un contrato típicamente ilegítimo y eso debe ser tratado de forma autónoma. Ciertamente no estamos hablando de un crimen convencional. Los niveles de violencia son particulares y las formas de cometimiento del delito también lo son. Pero toda acción que se adopte debe ser con una lógica de integralidad, dentro de una política de justicia.
¿Qué medidas deben adoptarse para esa integralidad?
Eliminar ese sistema de libertad del 2×1 por ejemplo, que lo que ha hecho es abrir las cárceles para que los privados de libertad salgan a seguir haciendo daño a la ciudadanía. Ese fue un error jurídico que debe corregirse.
¿En qué medida las acciones adoptadas por el Gobierno, como el control a la venta de bebidas alcohólicas, pueden contribuir a combatir el sicariato en el país?
La medida no creo que sea determinante tratándose de delito de sicariato. Es posible que la restricción de venta y compra disminuya cierto tipo de delincuencia, como las riñas o el desorden público, pero nada más. El sicariato es un delito especializado que requiere gente igualmente especializada para combatirlo.
¿El fortalecimiento de los aparatos de Inteligencia que anunció el Gobierno?
Por supuesto, el sicariato no está en los bares o en las tiendas donde se consume alcohol.
¿Está en los colegios o en los estudiantes que beben licor? ¿Qué opina sobre el plan estatal para detener a los colegiales que deambulen en horario de clases?
No. Esas medidas, en la práctica, son de difícil aplicación. No se puede tener un policía para cada estudiante. Estas medidas no se pueden sostener en el tiempo. Tienen relativa efectividad.
¿Usted considera que el endurecimiento de penas podría influir en la reducción de crímenes por sicariato?
Sí, pero la medida no puede entenderse como una receta milagrosa. El problema tiene otras aristas que deben ser atendidas, como las condiciones socioeconómicas que hacen del sicariato una alternativa para los jóvenes; los índices de extrema pobreza que existen en el país. La Justicia también debe ser más rápida y eficiente. Solo así se podrá dar una respuesta adecuada.