15 de March de 2011 00:00

La justicia indígena se aplicó a 2 personas

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Una asamblea indígena resolvió ayer un caso de intento de violación que ocurrió en la comunidad de Arias Uco, perteneciente al cantón Otavalo. Este es el primer ajusticiamiento indígena que ocurre en la provincia de Imbabura este año.

Blanca R., la víctima, de 18 años de edad, contó que Édgar C., de 21 años, intentó abusar sexualmente de ella. Ocurrió a las 02:00 de ayer, al calor de las copas, tras la fiesta final del Paukar Raymi, que se organizó en esta localidad, ubicada en las faldas del volcán Imbabura.

La mujer dijo que se retiró por unos momentos de la fiesta a un terreno en donde se cultiva maíz y que lo hizo para hacer sus necesidades. Luego los vecinos escucharon sus gritos y encontraron en el lugar a Édgar C., que intentaba abrazarla. Inmediatamente lo detuvieron y lo encerraron en la casa comunal.

La noticia llegó rápidamente a los presidentes de las comunidades de Arias Uco, Celestina Maldonado, y de Agato, Jesús Amaguaña. Ellos se reunieron con los familiares de los dos implicados para analizar el caso. Al sitio también arribó la fiscal de Otavalo, Dora Mosquera, y varios policías.

Sin embargo, los dirigentes indígenas les explicaron que tenían previsto juzgar y castigar al responsable, amparándose en el artículo 171 de la Constitución.

Según Amaguaña, la asamblea estuvo integrada por representantes de Arias Uco, porque ahí se cometió el delito, de Agato, porque la víctima es de ese lugar, y de La Compañía, de donde proviene el agresor. La asamblea indígena se extendió de 08:00 a 12:46.

Finalmente, Maldonado dijo que se encontró culpable a Édgar C., por lo que sería castigado mediante nueve latigazos. Los presidentes del Cabildo y los familiares de la víctima y del agresor fueron los encargados de aplicar la sanción. Para ello se usó una trenza elaborada con piel seca de ganado vacuno. El detenido, que ocultaba su rostro en la capucha de una chompa café, salió hasta el estadio ubicado frente a la casa comunal. Ahí se colocó un petate, en medio de una multitud de gente. Édgar C. se arrodilló y tras escuchar recomendaciones de buena conducta se acostó, boca abajo, para recibir los azotes.

Según Amaguaña, en las comunidades indígenas los dirigentes tienen que resolver los inconvenientes. “Siempre hemos visto los problemas y basándonos en el artículo 171 de la nueva Constitución solucionamos el caso”. Reconoció que esta vez intervino una asamblea comunitaria porque no se consumó la violación. Caso contrario, dijo, el caso hubiera pasado a otra instancia.

Celestina Maldonado también defendió el derecho de los indígenas a resolver los problemas que no son muy graves. “Es una practica tradicional”. Sin embargo, dijo que tenían previsto bañar al hombre en agua fría y ortigarlo, pero que los familiares del presunto agresor se opusieron. Por ello solamente se le aplicó el castigo.

Según los dirigentes, esa práctica del agua fría y la ortiga purifican y limpian el alma.

Luego de los azotes, el implicado se retiró rodeado de sus familiares, que impedían que se le tomaran fotografías.

Ante la sorpresa de todos, los dirigentes indígenas ordenaron pasar a la víctima. Igualmente, tras recibir consejos fue azotada tres veces. Amaguaña explicó que la sanción se extendió a la mujer porque salió de su casa sin permiso y que la situación pudo terminar peor. “Más que una represión es una práctica de orientación, para que no vuelva a cometer el error”, aseguró Amaguaña.

Para evitar malentendidos y desestimar acciones futuras se suscribió un acta de acuerdo mutuo. Una de las copias se remitió a la Fiscalía de Otavalo para que se abstenga de iniciar un proceso por el mismo caso.

La aplicación de la denominada justicia indígena ha sido criticada en el país. Estas voces se reprodujeron especialmente luego del caso Orlando Q., quien fuera ajusticiado en la comunidad de Zumbahua, en Cotopaxi. A partir de ello, incluso, se analizó la posibilidad de reglamentar la aplicación de este sistema.

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