25 de August de 2010 00:00

La Justicia busca cambiar en medio de críticas

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Redacción Judicial

Ineficiente e ineficaz. Con esas categorías se definió a la administración de Justicia cuando se elaboró el Programa de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial. El documento, que se difundió el lunes, recoge al menos siete problemas que afronta el sector. Allí se advierte, por ejemplo, que existen bajos niveles de profesionalización de los funcionarios judiciales, una limitada y poco eficiente organización administrativa y financiera. Además, bajos niveles de acceso y disponibilidad de los servicios de Justicia. A estos inconvenientes se suman la poca atención a los grupos vulnerables y el deterioro de la imagen institucional. El fiscal general, Washington Pesántez, dijo que se quiere superar estos problemas. Y la Función Judicial pide que, solamente para la inversión, se asignen USD 1 200 millones hasta el 2013. El penalista Gustavo Medina dice que los recursos económicos son importantes, aunque teme que no exista una planificación “concreta y completa”. Otras cifras presentadas por esta Función del Estado revelan que el 50% de los casos carece de un análisis a la hora de sentenciar. El director de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, señaló que por estas circunstancias la credibilidad de la Justicia está en el 4%. “Tenemos que recuperar esa confianza de la gente”, dijo. El documento de la Función Judicial plantea que la credibilidad es mayor. “El 20% de la población, que en 1996 confiaba en la institución, dejó de hacerlo. Y que el 69,7% de la gente confía poco en el servicio de Justicia y el 18,9% no tiene ninguna confianza”. Fallos polémicos como la liberación del ex gobernador de Manabí, César Fernández, acusado de narcotráfico; la liberación de Jorge Hugo Reyes Torres, quien también pagaba una pena por narcotráfico generaron críticas para la Corte. El presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa, explicó que los fallos se dictan apegados a la Ley.Para el penalista Rodrigo Bucheli los cambios deben llegar de inmediato. “La serie de intervenciones no coordinadas ni adecuadas de la CNJ y la Función Jurisdiccional han generado una crisis (...) El problema es institucional, se relaciona con la falta de garantías que la colectividad tiene para llegar a la Justicia”. La Función Judicial reconoció que en por lo menos nueve provincias la atención es ineficiente.Medina dijo que es necesario hacer un estudio completo para determinar cuántos juzgados de la niñez, laborales, civiles, de inquilinato se requieren en el país.Según Pesántez, en los últimos 30 años se crearon apenas 14 juzgados penales en todo el país (en total existe 63), y 50 para la Niñez y Adolescencia (hay 85).De allí que la Función Judicial se plantea la necesidad de incrementar 210 unidades judiciales (oficinas de la Fiscalía, Corte, MinisterioPúblico...) , repartidas en siete regiones. Entre las metas fijadas está la adquisición de infraestructura para las Defensorías Públicas en Quito y Guayaquil. Medina indicó que lo importante también es capacitar al personal. El penalista dijo que este proceso ha sido parcial. “Se quieren establecer escuelas judiciales robustas. Esos requerimientos, en los diferentes niveles e instancias de la Función además debería llegar a la Policía Judicial”.Según el especialista, las propuestas deben ir paralelas al presupuesto asignado. “Debe concretarse este presupuesto”.

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