17 de August de 2010 00:00

Las Juntas de Defensa del Campesinado generan más críticas

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Redacción Judicial

Las críticas a las Juntas de Defensa del Campesinado no son de ahora. El 23 de febrero del 2007, el denominado Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios (que pertenece a NN.UU.) pidió a las autoridades ecuatorianas evitar que estas agrupaciones se conviertan en agentes paramilitares.

En ese documento de 18 páginas ya se dijo que en contra de estos grupos existen acusaciones de abusos que incluyen violaciones del derecho de privacidad, actos de tortura y trato degradante, homicidios y desapariciones.

En ese entonces, la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) presentó información sobre 47 acusaciones, según las cuales hay 87 víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de los dirigentes.

fakeFCKRemoveTres año después y luego de conocer otro cuestionamiento de Naciones Unidas (informe del relator especial Philip Alston), la Fiscalía anuncia que habrá una capacitación para que se cumpla con el debido proceso en el momento de juzgar un caso.

Alston recogió información de Inteligencia y reveló que las juntas “están bien organizadas y aplican su propia justicia paralela e imparten sus propios castigos”.

Pero su presidente Raúl Vayas señaló que se formaron hace 47 años, para “combatir el abigeato (robo de ganado) en el campo”.

Le disgusta que los califiquen como ‘paramilitares’ (fuerza que se toma la seguridad en nombre del Estado). “¿En qué parte del país no han encontrado arsenales de armas, por lo menos una?”, señaló. “Se trata de satanizar nuestro trabajo transparente que realizamos desde 1963. No tenemos formación militar ni campos de entrenamiento. Tratan de hacer con nosotros una película de terror”, aseguró Vayas.

Las Juntas tienen influencia en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Guayas, Los Ríos, Pastaza, Pichincha, etc. Ayer, el fiscal distrital de esta última provincia, Marco Freire, señaló que estos grupos “todavía creen que pueden aplicar costumbres ancestrales”. Y aseguró que “se ha abusado de la justicia indígena”, aunque prefirió no hablar de una posible desaparición de estos grupos.

María Paula Romo, quien a inicios de este año fue una de las asambleístas que impulsó un juicio político en contra del fiscal general Washington Pesántez, sostuvo que los cargos que pesan contra Vayas no progresarán, por la cercanía con Pesántez.

En su informe del 15 de julio, Alston alertó que en este momento “en el sistema judicial hay un gran número de casos contra miembros y líderes de las Juntas, pero parece que no avanzan”.

El 26 de abril, Vayas apareció en fotografías junto con el fiscal general y el fiscal subrogante, Alfredo Alvear. Ayer, este último prefirió no hablar y pidió que las preguntas se planteen a Pesántez.

En la tarde, el Fiscal General del Estado respondió vía e-mail cinco interrogantes planteadas por este Diario. Allí señaló: “Las reuniones que he mantenido con ellos (miembros de las Juntas), junto con gobernadores, alcaldes u otras autoridades cantonales y provinciales han tenido el único propósito de combatir la delincuencia, sobre todo el abigeato, y alcanzar seguridad ciudadana”.

En el informe del 2007 se indicó que estos comités intervienen en casos de seguridad, litigios por tierras y delincuencia común. Y que “al parecer, en muchos de estos casos, asumen las funciones de las autoridades públicas y hay acusaciones de abusos”.

El informe de Alston es similar al asegurar que “cuando a un individuo se acusa de un delito, pueden llegar a golpear, secuestrar, quitar sus propiedades, sus tierras o, en otros casos, matarlo”.

Pero Pesántez advierte que la Fiscalía “no ha recibido denuncias por abusos o arbitrariedades cometidas por los dirigentes o miembros de la Junta”. Y añade: “De lo que conozco, ellos contratan o mantiene un cuerpo de abogados y profesionales de otras ramas para servir a sus asociados”.

Alston dijo que la gente no denuncia porque hay amenazas. 

Fiscales indígenas ponen reparos a los Comités

El accionar de las Juntas de Defensa del Campesinado genera reparos entre fiscales indígenas.

En Tungurahua, una de las provincias donde actúa el grupo de Raúl Vayas, trabaja el fiscal Segundo Chaluis. Él dice que estas agrupaciones “tratan de evadir sus objetivos iniciales”, es decir, contrarrestar el avance del abigeato en las zonas rurales. “Han querido administrar justicia, tomar acciones por mano propia. Eso no compete, porque no está establecido en la Constitución”.

El artículo 171 de la Carta Magna aprobada en el 2008 habla solo de justicia indígena. “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.

Pero expertos como Raúl Ilaquiche dicen que estas atribuciones no se extienden a las Juntas y que estas no están reconocidas ni en la Constitución ni en el Código Penal.

Por ello, el fiscal indígena de Saraguro (Loja), Asunción Andrade, pide que se fortalezcan sus procedimientos. “A lo mejor la mala aplicación (de los procedimientos) deja mucho cuestionamientos y eso hace que las actuaciones de una Junta afecte a todos”.

Hasta hace un año, en Tungurahua las personas afectadas acudían a la Fiscalía manejada por Chaluis. “Trataban de solucionar los problemas de deudas, conyugales, con respecto a la repartición de tierras. Ahora van a las fiscalías ordinarias que se crearon”.

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