17 de May de 2010 00:00

Los juicios laborales están empantanados

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Redacción Judicial

Una arrugada cartulina amarilla cubre 40 páginas de un juicio que se inició el 12 de julio del 2008. Lo presentó Pascual O. en contra de una empresa textil que se negó a pagar por su jubilación patronal durante 25 años.

La causa N° 41508 se tramitó en el Juzgado IV de Trabajo, durante dos años, y recién el pasado miércoles se emitió un dictamen. El juez Jhen Rivadeneira dispuso que la compañía pague USD 4 200 al denunciante.

En el 2008, otras 120 causas llegaron al juzgado de Rivadeneira y están en espera. El juez atribuye la demora al alto número de casos. Cada juzgado recibe a diario cerca de 15 demandas laborales; solo se despachan una o dos.

El juez quinto suplente de Trabajo, Carlos Hidalgo, incluso reconoce que hay días en que “no se puede sacar una sola resolución”. A esto se suma, según los jueces consultados, la falta de juzgados. En el país existen 32, especializados en Trabajo.

En el Consejo de la Judicatura (CJ) no hay una cifra global, pero los jueces calculan que a escala nacional están represadas unas 50 000 causas. Solo Hidalgo tiene 100 juicios por resolver.

Junto a la carpeta de Pascual O. está el juicio de Pablo S. El quiteño inició la causa el 7 de noviembre del 2008 por despido intempestivo. En la demanda se dice que trabajó cuatro meses como carpintero en el taller de Efraín S. Ganaba USD 260 mensuales, pero se le descontaba el 12% del salario para cubrir el aporte de afiliación al IESS.

Luego, Pablo S. asegura que se sorprendió al conocer que el dinero no llegó al IESS. Inició un juicio por el pago de USD 1 200 y el caso se resolvió a su favor el miércoles pasado, en el Juzgado Cuarto. El juicio duró 18 meses.

En el cuarto piso del Palacio de Justicia funcionan cinco de los siete Juzgados de Trabajo. El jueves, el abogado Enrique Quimba dejó molesto el Juzgado Segundo, porque un juicio que él patrocina “no camina”. Se inició el 12 de enero, por pedido de Mayra T., pero el juez Luis Silva fijó la audiencia preliminar del caso recién para el 15 de julio del 2011.

Según el Código de Trabajo, se deben realizar dos audiencias antes de la sentencia. Para la segunda y definitiva, Mayra T. deberá esperar hasta diciembre del 2011.

El Código de Trabajo estipula que las sentencian de estas causas deben emitirse máximo en 60 días después de presentado el caso.

Mayra T. laboró por nueve años en un taller de sastrería, en el sur de Quito. Dijo que durante ese tiempo no recibió los pagos por décimos, ni por horas extras. Exige el pago de USD 4 000.

“Es demasiado tiempo de espera. Ella tenía la esperanza recibir el dinero para comprar la comida, pero con los retrasos no sabe qué hacer”, dijo el defensor Quimba.

Mayra T. está sin trabajo desde hace cinco meses y para obtener ingresos instaló un puesto de venta de caramelos en el sector La Marín (centro de Quito).

El juez Silva asegura que la demora es el resultado de la falta de personal. En el Juzgado Primero, por ejemplo, los puestos de dos amanuenses están vacantes. En el Cuarto no hay secretarias ni ayudantes. “Cuando vamos a las audiencias, el juzgado se queda prácticamente cerrado”, dice el juez I de Trabajo, René Coronel.

Él recuerda que en el 2005, cinco jueces de Trabajo acudieron al CJ y a la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) para alertar a las autoridades que había problemas por el excesivo número de juicios. “Lo único que nos dijeron es que ya van a ver, ya van a ver y nada hasta el momento”.

El vicepresidente del CJ, Ulpiano Salazar, reconoce la lentitud en los procesos, aunque advierte que los 14 jueces laborales adjuntos que están en proceso de contratación para todo el país tramitarán las causas acumuladas (ver nota compartida).

Aunque el presidente de la Comisión de RR.HH. de la Judicatura, Jorge Vaca, afirma que las contrataciones no serán suficientes. Además, refiere, faltan recursos para crear juzgados. El presupuesto del CJ para este año es de USD 233 millones, pero Vaca dice que se requiere al menos USD 80 millones más.

Mientras tanto, los casos como el de Mayra T. siguen empantanados. El abogado de la joven teme que el ex patrono aproveche las demoras para fugar o liquidar la empresa. Eso sucedió con Pascual O. Luego de que el juez Rivadeneira fallara a su favor, el afectado se enteró que se declaró en quiebra a la empresa y “no existe ahora a quién reclamar”.

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