Las condiciones de vida en el interior del Centro Regional de Latacunga preocupan al presidente del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Fabián Fabara.
En una entrevista con este Diario, el funcionario indicó que el día del traslado de los 351 internos del expenal García Moreno de Quito, los jueces de garantías penitenciarias intentaron realizar una revisión de la cárcel, pero el acceso les fue negado. “Como jueces debemos velar que se cumplan las condiciones mínimas en cuanto a infraestructura y trato digno a los privados de libertad”, dijo el funcionario.
Esta semana, los familiares de los presos denunciaron en plantones la falta de agua en la cárcel. En Latacunga, también hubo una protesta para demandar más seguridad en el complejo, pues no cuenta con cerramiento y su construcción está incompleta.
Ante los cuestionamientos, el gobernador de Cotopaxi, Fernando Suárez, dijo ayer en declaraciones a la prensa local que el Centro Regional sí cuenta con todos los servicios y que la seguridad está a cargo de la Policía Nacional.
Según Suárez, se están haciendo las pruebas de las bombas de agua y generadores de luz. Además, “faltarían únicamente detalles para culminar los trabajos”. Por ejemplo -detalló- aún no se han instalado las cámaras de vigilancia interna porque hay retrasos en el proceso de desaduanización.
El juez Fabara dijo que esta semana los jueces de Garantías Penitenciarias de Latacunga intentarán hacer el recorrido por los pabellones.
El traslado de los 351 internos que permanecen en el complejo es parte de un modelo de rehabilitación social que ejecuta el Ministerio de Justicia. Este busca mejorar la calidad de vida de los internos mediante la reducción del hacinamiento y la aplicación de un trato equitativo en las cárceles.
Ayer, el Comité de Presos de las cárceles de Quito, indicó que hay malestar y preocupación en los privados de libertad. En el complejo del expenal García Moreno están 2 900 presos que serán reubicados en las próximas semanas.
“No nos negamos al traslado, pero pedimos que se nos garanticen las condiciones mínimas de vida”, indicó un interno.
Según los dirigentes, en la nueva cárcel hay una serie de restricciones que afectarían su convivencia. El sistema de visitas es lo que más les inquieta.
El Comité envió una carta al presidente Rafael Correa. En esta explican que el sistema penitenciario actual tiene “aspectos positivos, como la elección de representantes, que no han sido tomados en cuenta”.
La inauguración oficial de este centro está prevista para el próximo 31 de marzo.