16 de December de 2012 00:31

Judicatura entregó información ‘incompleta’ sobre los contratos

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La falta de datos sobre la infraestructura física de la Función Judicial generó observaciones de la Veeduría Internacional (VI). En su informe final de 102 páginas, el organismo aseguró que el Consejo de la Judicatura en Transición (CJT) debe publicar las fases precontractuales y contractuales, así como los avances de las obras, costos, valores unitarios de metro cuadrado de construcción y toda la información de los contratistas.

Incluso aseguró que “algunos contratistas han subcontratado” y que “en varios casos han dejado a los subcontratados sin los recursos suficientes para cumplir a cabalidad las obras”.

Por eso recomendó que se realice una fiscalización de las estructuras físicas, pero también del cumplimiento de los contratos.

La VI señaló que no ha podido verificar los procesos de contratación, tampoco los pormenores de las adjudicaciones y que eso se debió a que no se designaron los técnicos necesarios. Esto habría ocurrido pese al “reclamo efectuado” por los observadores.

El coordinador de la VI, Baltasar Garzón, dijo que el CJT entregó información incompleta sobre la forma cómo se contrataron las obras para las unidades judiciales y juzgados en el país. Y que estos datos fueron enviados el 7 de diciembre, es decir, una semana antes de que se oficialice la entrega del informe final.

Según la Veeduría, “la falta de oportunidad en la entrega de información ocasionó que no pueda solicitar documentación que le permita revisar los contratos suscritos”. Ni tampoco hacer un seguimiento de los procesos de contratación y de las obligaciones contractuales en función de plazos de entrega, ampliaciones de plazo, garantías, calidad de los bienes y servicios contratados, selección de proveedores, montos pagados, actas de entrega recepción, entre otros.

La Contraloría ya analizó el tema de la infraestructura. El 30 de enero pasado ordenó que se iniciara un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución, adquisición de obras y prestación de servicios. Y dispuso que para ese estudio se recogieran datos existentes desde el 26 de julio del 2011.

Información a la que accedió este Diario señala que al 20 de julio pasado (fecha de constatación física) se determinó que los productos de las consultorías no fueron entregados oportunamente "ya que se encontraron planos con fechas posteriores a las contractuales, sin firmas de los diseñadores y de autoridades o delegados de la Judicatura".

Según esa información, al mes de julio, de 31 consultorías, 21 no contaban con los planos debidamente legalizados y aprobados por los municipios. Mientras que 10 no tenían planos.

Algo similar ocurrió con El Pedregal, el complejo judicial más grande de Quito que –según informes del CJT- debía inaugurarse este mes.

Sin embargo, por falta de permisos municipales fue suspendido el 21 de noviembre.

Desde el mes pasado, este Diario ha intentado hablar de estos temas con portavoces de la Judicatura, pero no hay respuestas.

Inicialmente, también hubo inconvenientes en construcciones de cuatro ciudades.

Por ejemplo, el 5 de diciembre del 2011, en Babahoyo el contratista pidió al director general de la Judicatura, Mauricio Jaramillo, que le extendiera el plazo para realizar el estudio y los diseños para las unidades judiciales especializadas de esa ciudad.

En ese entonces se explicó que el pedido se hacía, porque aún no se legaliza la donación del terreno por parte del Municipio local. Algo similar ocurrió por esas fechas en Portoviejo, Tabacundo, Atacames y Quinindé.

La semana pasada, fuentes de la Judicatura de Esmeraldas confirmaron a este Diario que en esta última ciudad las escrituras del terreno, donado por el Cabildo, ya estaban legalizadas.

Según Contraloría, inconvenientes en ocho contratos generaron multas por USD 149 148. Además, se indica que no se ejecutaron garantías por 70 205.

La Veeduría Internacional señaló que pese a que las obras de infraestructura constituyen uno de los ejes más emblemáticos de la reforma judicial “se reparó en que algunas edificaciones no están lo suficientemente cercanas a la población usuaria”, que aún quedan por implementar reformas arquitectónicas en algunos edificios en los que aún se mantienen tasas de hacinamiento y falta de servicios y equipamientos comunes adecuados.

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