21 de November de 2011 00:03

José Serrano niega espionaje en Justicia

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El 13 de mayo el ambiente era de camaradería en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno. José Serrano se posesionaba como ministro del Interior y juraba ante el presidente Rafael Correa, tras entregar el testigo del Ministerio de Justicia a Johana Pesántez, ex colaboradora de la extinta Corte Suprema de Justicia.

No era el primer cargo de Serrano en el Gobierno, antes había sido secretario de Transparencia y ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su posesión como Ministro del Interior ocurría solo un día después de que el Ministerio de Justicia develara al país la captura de 10 personas, entre ellas dos jueces del Guayas, en una cafetería en Quito, inculpados de presunto cohecho para negociar cargos en el sistema judicial.

El operativo de ese 12 de mayo fue la despedida de Serrano en esa Cartera. Seis meses después, personas que participaron en la redada sostienen que esta fue una celada contra los jueces, de la cual supuestamente tenía conocimiento el Ministro de Estado.

Uno de los involucrados es Diego V., quien desde el 28 de octubre afronta una orden de prisión. El mayor en retiro del Ejército (combatiente del Cenepa) y ex consultor del Ministerio de Justicia (desde enero hacía un estudio privado sobre el sistema penitenciario) dice que en su paso por Justicia obtuvo información ‘sensible’ sobre casos de corrupción, que develará a su tiempo.

En entrevista telefónica con este Diario, aseguró que participó en la operación del 12 de mayo para aprehender a los jueces y a ocho personas más que se hallaban en una cafetería del norte de Quito, y que supuestamente lo hizo por solicitud de Serrano. “Me pidió que esté pendiente de todo el operativo y luego, si es posible, dar una rueda de prensa”.

Pero Diego V. tiene testimonios contradictorios. Este Diario accedió a la versión libre y sin juramento que el 20 de mayo dio en la Fiscalía dentro de la instrucción 17-2011. Allí dejó entrever que ese 12 de mayo se enteró por casualidad, al final del día, de la detención de los sospechosos. “Más o menos a las seis de la tarde me encontraba en el Ministerio de Justicia visitando a un amigo, cuando de pronto empezaron a salir varias personas indicando que habían cogido a una persona en una tienda cerca del Ministerio. En conjunto con todos salimos a esa tienda, que más o menos quedaba a unos 50 ó 70 metros”.

Ocho días antes, el 12 de mayo, la tarde del operativo, Diego V. había dicho otra cosa. En el parte policial de la captura de los jueces, suscrito por el suboficial Édison Acosta, reza que Diego V. sí sabía del hecho. “Nos manifestó (Diego V.) que en una cafetería se iba a producir un posible delito de cohecho, del mismo que tenía conocimiento el doctor José Serrano, por lo tanto pedía que le colaboremos con dicho procedimiento”.

¿Por qué no tiene una sola versión? En diálogo telefónico con este Diario, Diego V. admite que en su testimonio en la Fiscalía cambió su declaración. Dice que lo hizo por recomendación del personal del área jurídica del Ministerio de Justicia, para no involucrar a esa entidad ni a su titular. “Eso es lo que recomendaban y a la postre no resultó tan conveniente, porque de lo contrario se hubiese dicho la verdad de cómo se dieron las cosas”.

Él no es la única persona cercana a Justicia involucrada en este caso. También están los hermanos Juan P. y Francisco P., entonces funcionarios de Justicia. Ellos hicieron la investigación para determinar la supuesta red que negociaba con cargos en el sistema judicial, sostiene Diego V.

En contra de los 10 detenidos ese 12 de mayo está abierta una investigación. Este Diario conoció que, entre hoy y mañana, la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia emitiría una sentencia de última instancia.

EL COMERCIO buscó la versión del ministro en la Cartera del Interior, pero no hubo respuesta. La semana pasada, en su cuenta de la red social de Twitter @ppsesa, el ministro Serrano publicó dos comentarios al respecto. En el primero sostuvo: “Se denuncia corrupción de jueces, se judicializa el caso, caen flagrantemente en delito de cohecho y ¿hoy se imputa a los denunciantes?”.

Pero Diego V. señala que todo fue planificado y que los hermanos Juan P. y Francisco P. viajaron a Guayaquil para concentrarse en el caso. Entonces, ¿los funcionarios de Justicia hicieron que los jueces incurrieran en un delito? ¿Fue una celada? Diego V. responde con una sola palabra: perfecto.

Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, dice que solamente en un juicio se podría determinar el grado de participación de cada inculpado.

Ante la Fiscalía, Juan P. relató lo ocurrido el 12 de mayo en la cafetería. “El momento que el señor Nicolás C. sacó el dinero en efectivo, otro señor que no recuerdo el nombre giró unos cheques y los puso en la mesa. En ese momento en voz alta dije que no me presto a este tipo de actos, yo no soy corrupto”. Entonces, –dijo Juan P.– actuó el fiscal y fueron detenidos.

¿Quiénes son Juan P. y Francisco P.? En el archivo digital de la Corte Superior de Justicia se indica que desde el 2005 Francisco P. enfrenta juicios penales por supuesta extorsión. Diego V. dice que ellos son sus amigos, que los conoció a través de un compañero del Ejército, quien era hermano de los ex funcionarios. “Cuando trabajé como consultor en la Secretaría Nacional de Transparencia, a Francisco le pedí un favor para una denuncia que él mismo hizo en cuanto al Ministerio de Salud. Y le volví a topar en el Ministerio de Justicia”, dice Diego V.

Él dice que en el edificio del Ministerio de Justicia operaba una oficina con policías, aunque no sabe si se trataba o no de una unidad de inteligencia.

En su segundo comentario en Twitter, Serrano sostuvo: “¿Que en el Ministerio de Justicia tenía o tiene una Unidad de Inteligencia? Vaya aberración y falacia ¿Acaso se pretende proteger a los jueces del cohecho?”.

Ayer, tras la presentación de los nuevos cadetes de Policía en Pusuquí, el ministro Serrano rompió el silencio ante los medios de comunicación: “No había unidades de investigación, lo que había es un oficial de enlace de coordinación para cuando se presentaban estos hechos. Vamos a presentar toda la información para demostrar que lo que se está asegurando es una mentira, una falacia y más bien lo que se está tratando allí es de desviar el tema”.

Si se trataba de jueces que habían cometido irregularidades, ¿por qué no lo denunciaron al Consejo de la Judicatura (CJ)? “¿Cómo íbamos a denunciar las irregularidades de los jueces al Consejo de la Judicatura anterior? En ese momento, el CJ estaba amarrado por todos los sectores. Todo era beneficiar a estos jueces corruptos. Lo que nos llama la atención es que ahora se quiera poner sobre la mesa de discusión el cómo se descubrieron los actos de corrupción y no el hecho de que los jueces realizaban actos irregulares”, dijo el Ministro.

El día del operativo, el Ministerio de Justicia desplegó ampliamente el caso a través de su portal de Internet, donde detalló que “en poder de los sospechosos se hallaron USD 20 000 (17 000 en cheque y 3 000 en efectivo)”. Y que este sería el primer pago, porque faltarían USD 480 000. Si el operativo fue circunstancial, ¿por qué Justicia convocó a la prensa en la cafetería?

En su versión ante la Fiscalía, Juan P. dijo que informó a Serrano de la supuesta compra de puestos y que ese 12 de mayo él recibió en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito al grupo de jueces ahora investigado, antes del operativo en la cafetería contigua al Ministerio de Justicia. “Se embarcaron dos señores, el resto nos seguía en uno o dos taxis, no recuerdo exactamente, pero nos seguían. Al azar, ellos decidieron que tomemos un café en algún restaurante del Ministerio de Justicia”.

La nueva ministra Pesántez, posesionada al siguiente día del operativo, prescindió de los hermanos Juan P. y Francisco P., quienes según Diego V. habían sido hombres de confianza de Serrano para investigar el 30-S.

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