La Fiscalía de Sucumbíos abrió ayer nuevamente la instrucción fiscal en contra del comandante de FF.AA. de Colombia, general Freddy Padilla.
La decisión se tomó tras la audiencia de formulación de cargos que por presunto delito de asesinato se desarrolló el viernes pasado. Se realizó en el Juzgado I de Garantías Penales de Sucumbíos.Según la Fiscalía, el oficial participó en la Operación Fénix. Ese fue el nombre que se dio al ataque de Colombia al campamento de las FARC, en Angostura, el 1 de marzo del 2008. Allí murió el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, y otras 24 personas, entre civiles e insurgentes colombianos.
El oficial ya era indagado en este caso, junto al presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos. Pero el pasado 7 de abril, el Tribunal Penal de Sucumbíos nulitó el proceso desde fojas 2 290.
Con ello, los juicios que se seguían contra Padilla, el jefe de la Policía, Óscar Naranjo; y el ex jefe del Ejército. Mario Montoya se anularon provisionalmente. Únicamente quedó vigente la acción legal de Santos.
Ayer, el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, señaló que tienen 30 días más para realizar la instrucción previa del caso.La anulación parcial de abril -según el Tribunal- ocurrió porque los involucrados no fueron notificados para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Walter Lombeida, defensor público, señaló que en esta ocasión, Padilla tampoco fue notificado. El fiscal Jiménez reconoció aquello y dijo que ya lo harán.
El Defensor Público aclaró que no se comunicará con el militar colombiano, porque inicialmente -explica- Colombia cerró las puertas para un posible acercamiento entre el defensor de oficio ecuatoriano y los involucrados.
Las reacciones desde Colombia no se hicieron esperar. El presidente saliente Álvaro Uribe calificó como inaceptable la actuación del juez primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Daniel Méndez, quien aceptó el pedido del fiscal Jiménez, para reiniciar las investigaciones en contra de Padilla.
“Es inexplicable que la hermana República de Ecuador, a través de su administración de justicia, insista en vincular a nuestros ministros y altos mandos como delincuentes, cuando ellos lo que han hecho es realizar una tarea heroica contra el terrorismo”. Estas fueron las palabras de Uribe, quien agregó que su gobierno protegerá al general.
El juez Méndez dijo que el tema no es político, sino exclusivamente jurídico. El oficial Padilla dejará el Comando de las Fuerzas Militares colombianas el próximo 7 de agosto. “Nosotros de corazón queremos el restablecimiento de las relaciones con el Ecuador, pero no podemos, en nombre de una diplomacia meliflua y babosa, dejar desamparado al general”.
Según Uribe, las acciones de la Justicia ecuatoriana dificultan el proceso de normalización de relaciones con Ecuador, resquebrajadas a partir del 3 de marzo del 2008 por la violación colombiana a la soberanía territorial.
Una de las condiciones que Bogotá ha fijado para recomponer los nexos diplomáticos con Quito es precisamente el archivo de este proceso judicial.
La decisión del juez Méndez, así como la reacción del gobernante colombiano, llegan a pocas semanas de que Santos asuma el poder en Colombia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ni Santos ni su futura canciller, María Ángela Holguín, se pronunciaron sobre este nuevo episodio legal en Ecuador.
A pesar de ello, en días pasados el Presidente electo dijo que confía en que su situación judicial “se arregle pronto en Ecuador”. Esto, porque el bombardeo al campamento clandestino de Reyes fue una “acción de Estado” y, por lo tanto, “no cabe una acción penal en contra de funcionarios y militares que planificaron esa operación”. Mientras que el presidente Rafael Correa ha señalado que no puede interferir en el proceso de la Justicia ecuatoriana.
Con esta última decisión, en Ecuador están abiertos oficialmente dos acciones legales: contra Santos y Padilla.
Antes de que se concretara la audiencia de formulación de cargos, Santos se mostraba complacido por el acercamiento que tuvo con Quito.
El Mandatario electo dijo que el anuncio del presidente Rafael Correa de acudir a su posesión el 7 de agosto “es un paso en la dirección correcta”. Y expresó su satisfacción por haber iniciado “con pie derecho” el proceso diplomático de su Gobierno.