Javier Ponce justificó uso de la fuerza en la impunidad

El Ministro de Defensa .   El pasado 24 de mayo fue condecorado por las Fuerzas Armadas en el grado de Gran Cruz.

El Ministro de Defensa . El pasado 24 de mayo fue condecorado por las Fuerzas Armadas en el grado de Gran Cruz.

El ministro de Defensa, Javier Ponce, fue el primero en buscar una justificación al despliegue militar del pasado 21 de mayo en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro para inutilizar la maquinaria que se utilizaba en la explotación minera de oro en la frontera con Colombia.

Para el Régimen, dicha operación se justifica en el hecho de que la práctica minera en esa zona de Esmeraldas es ilegal y antitécnica. Las minas allí causan una seria contaminación ambiental, fundamentalmente en las aguas de los ríos, lo cual atenta contra la salud de los habitantes.

El argumento de Ponce sorprendió. Sostuvo que fue necesario echar mano de la fuerza para destruir 67 retroexcavadoras, debido a que, en caso de incautarlas, los jueces habrían fallado a favor de los propietarios y habrían permitido que vuelvan a laborar la explotación ilegal de oro.

Su juicio a priori de la Justicia en Ecuador se contrapone con lo asegurado por otro secretario de Estado, José Serrano, ministro del Interior. Según él, esa acción militar, ejecutada por 600 miembros de las Fuerzas Armadas, tuvo un sustento jurídico: la orden judicial dictada el 19 de mayo por el juez de Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, Juan Hernández. Él ordenó que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional procedan a realizar operativos de control de las actividades de minería irregular.

La providencia del juez se basó en un pedido del Ejecutivo. Este planteó que se dispusieran medidas cautelares, “incluida la destrucción de todos los elementos, artefactos, herramientas y demás utensilios que constituyan un grave peligro para la naturaleza y que se encuentren en los sitios donde se produce la afectación ambiental nociva…”.

La decisión del juez fue notificada al ministro Ponce, el 20 de mayo. Es decir, el mismo día que el presidente de la República, Rafael Correa, declaró el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, durante 60 días (Decreto Ejecutivo 783).

El artículo 2 de ese Decreto dispone que los ministerios de Defensa, Seguridad, Recursos no Renovables, Ambiente y Salud, así como la Fiscalía General, “ ejecuten las medidas necesarias para eliminar y neutralizar las actividades de la minería ilegal”.

El artículo 166 de la Constitución señala que, dentro de un estado de excepción, “los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades”.

La decisión del Juez XXII de Garantías Penales y el estado de excepción que decretó el Presidente, el cual disponía, además, la movilización militar en esos cantones, le dieron luz verde a las FF.AA. para proceder a la destrucción de la maquinaria.

Solo el Ministerio del Interior habló de delincuencia. “Aquí no solo estamos hablando de una actividad irregular o ilegal, sino de un acto delincuencial, de un fraude al Fisco, contrabando de mineral, lavado de dinero, explotación laboral”, dijo Serrano.

El 6 de mayo, el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo 754, creó una comisión especial (ministerios de Seguridad, Defensa, Interior, Recursos no Renovables, Justicia y Derechos Humanos, etc.) para el control de la minería ilegal, con carácter temporal. Esta tiene la misión de asesorar, coordinar la ejecución de actividades y activar los mecanismos necesarios para combatir la minería ilegal, en todo el territorio nacional.

¿QUIÉN ES?
El ministro de Defensa, Javier Ponce, nació en Quito en 1948. Estudió Sociología  en la Universidad Central  y Comunicación en la Universidad de Vincennes, París. Fue articulista  de los diarios Hoy y El Universo.

¿QUÉ HIZO?
Como Ministro de Defensa, autorizó el empleo de cerca de 600 miembros de la Fuerzas Armadas en el operativo a las mineras ilegales de Esmeraldas, que implicó la destrucción de retroexcavadoras.

¿QUÉ DIJO?
“Lo mejor era inutilizar esas máquinas  (...) ya nos ha pasado en otras ocasiones que incautamos las máquinas, pero hay siempre un juez corrupto por ahí que les devuelve las máquinas y no avanzamos”.

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