15 de April de 2012 00:01

La intimidación en los mercados de Quito

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La llamada provino desde una prisión en Guayaquil. Aquella mañana de abril, la mujer increpó a Carlos (nombre protegido) los intereses por mora de un crédito informal y le advirtió: “Tú ya sabes cómo y dónde hay que pagar”.

El hombre sabía del riesgo de endeudarse con la mujer quiteña, pero acude a ella desde el 2007, cuando, por falta de recursos, solicitó un préstamo de USD 6 000 para un puesto de verduras en el mercado de San Roque, en el centro de Quito.

“Ella conoce a mi familia, no queda otra opción que seguir pagando”, asegura Carlos. “El 90% de mi sueldo (de su trabajo en una firma privada) destino a los intereses mensuales de la deuda”. Desde que la adquirió, ya vendió su casa. Paga USD 400 mensuales, con un interés diario de USD 5 por mora. Eso, pese a que “ella me bajó el capital, ahora solo debo USD 2 000”.

Durante el año pasado, 354 casos de extorsión llegaron a la Fiscalía de Pichincha. Entre enero y febrero del 2012 ya hubo 93 denuncias. Un policía que pide la reserva refiere que esa cifra es un subregistro, “porque las personas en el sector de San Roque prefieren no denunciar estos hechos para no sufrir represalias de esta banda delictiva familiar”. Mónica (nombre protegido), vendedora en Iñaquito, norte de la ciudad, relata que no denuncian porque “hasta la Policía recomienda que nos mantengamos alejados de esos conflictos”.

Este Diario recorrió cuatro mercados de la ciudad. En San Roque y Las Cuadras, vendedores tenían temor a hablar del tema, y negaron haber sido víctimas de chantaje por deudas. En Iñaquito y Santa Clara, los comerciantes hablan del tema en voz baja. “Mire, ella (una mujer delgada, vestida con blusa blanca bordada y falda negra) es comadre de ellos”, denunciaba una vendedora. Se refería a que la mujer tendría nexos con las dos bandas familiares desarticuladas por la Policía en Quito el 13 de marzo.

Aquella madrugada, medio millar de uniformados irrumpieron en 33 inmuebles del centro de Quito, en el denominado operativo Avalancha. 24 presuntos líderes de una organización fueron detenidos, por supuestas asociación ilícita, robo de autos, robo de domicilios, lavado de activos, usura, etc. Los llevaron a distintas cárceles del país. Los detenidos no están enjuiciados por extorsión.

“Uno pide por necesidad el dinero, pero en esos momentos uno no está consciente de las consecuencias que esto puede tener”, sostiene Carlos. Él y otros comerciantes temen ser atacados. En los mercados los vendedores coinciden en que la detenida ha otorgado créditos informales a cerca de 250 vendedores, con intereses al 20% mensual (un crédito bancario para consumo promedia una tasa del 15% anual).

Según la base de datos de la Fiscalía, solo el 6% de las denuncias por extorsión en Pichincha llegan a la etapa de instrucción fiscal. Es decir, en nueve de cada 10 denuncias aún no hay evidencias que sirvan para iniciar un juicio. “La gente no se arriesga a seguir con un proceso, porque miembros de la banda se les acercan a amenazarles cuando saben que hay un caso en su contra, ni si quiera ahora que están detenidos se atreven”, sostiene Pedro (nombre protegido), vendedor.

En los mercados, los feriantes temían las visitas de la mujer. “Llegaba en una camioneta doble cabina y se dirigía directamente a los deudores para decirles: vengo a cobrarte, si no tienes para mañana, atente a las consecuencias”, relata Pedro. “Al día siguiente ella llegaba a cobrar escoltada con al menos 10 personas”.

El miedo de los deudores no ha desaparecido a pesar de que la banda está un mes detenida. “Su grupo es conocido porque utiliza armas para dejar cicatrices en la cara de la gente que no paga”, dice una mujer, que no quiere ser identificada.

Carlos explica la estrategia extorsiva de la mujer: “Una vez quise pagarle en cuotas el capital, además de los intereses mensuales, pero me dijo que el dinero prestado debe ser pagado un billete tras otro”. En la llamada telefónica, ella fue enfática: “Aunque esté en la cárcel me vas a tener que pagar todo el dinero”.

DATOS

Según un informe de  Inteligencia de la Policía, al que accedió EL COMERCIO, los detenidos  habrían conformado una compleja red delictiva.

Este grupo tendría un  brazo armado, cobradores de deudas, tramitador, entre otros.  En el documento reza que al menos 90 personas integrarían la organización en Quito.

Los detenidos no están  enjuiciados por extorsión. Agentes que llevan el caso  prefieren no dar detalles sobre el ‘modus operandi’ que tendrían porque está en proceso de investigación.    

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