21 de November de 2012 00:03

2 ingenieros y un economista tienen el aval para postularse a la Judicatura

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El título de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de Paulo Rodríguez fue validado como carrera “afín a las funciones” de la próxima Judicatura que iniciará su trabajo en enero del 2013.

Con esta resolución, que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) tomó ayer, el titular del actual Consejo de la Judicatura (CJ) puede seguir en proceso.

En la sesión de una hora se validó la participación de Alejandro Subía que también es ingeniero civil y de Glenda Calvas, economista. Los tres fueron nominados en la terna que propuso el presidente Rafael Correa.

Sin embargo, el artículo 6 del Reglamento para la designación de la Judicatura señala que uno de los requisitos para ser nombrado es tener título de tercer nivel en Derecho. Luego se habla de “ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo”, pero no se dan más detalles.

¿Qué son carreras afines? Durante el debate en el Pleno del Cpccs, los consejeros Luis Pachala, Mónica Banegas, Hugo Arias y el presidente Fernando Cedeño, argumentaron que las ramas son aquellas que complementan el área administrativa de la Justicia.

En la reunión se expuso el informe del equipo técnico que verificó la información entregada por los candidatos. Inicialmente, un comité determinó que dos de los 15 candidatos no cumplieron con la exigencia de tener más de 10 años en el ejercicio profesional en la Judicatura, docencia en Derecho o en carreras similares.

Por eso, los expertos Carlos Rivadeneira y Gabriela Toral, recomendaron que los candidatos Rodríguez y Subía presenten un título universitario en ramas afines al trabajo de la Judicatura.

Pero Pachala propuso que se acepte la candidatura de los dos.

Para este consejero, “la observación del equipo técnico no es pertinente. La afinidad (de las carreras en ingeniería) es muy clara cuando se trata de la administración de la Justicia”.

“¿Qué tienen que ver estas profesiones con la administración de la Justicia?”, cuestionó el consejero David Rosero. Y explicó que la electrónica o ingeniería civil “no guardan armonía con las funciones de este organismo”.

Según los cinco numerales del artículo 181 de la Constitución, las funciones del Consejo de la Judicatura son: definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Conocer y aprobar la pro forma presupuestaría de la Función Judicial. “Entendería que pueda ser miembro un ingeniero comercial, un economista o un administrador de empresas”, sostuvo Rosero, en el Pleno.

En la noche, el dirigente del Colegio de Abogados del Guayas, Juan Vizueta, señaló que los cargos directivos de la Judicatura deben ser ejercidos por juristas. Sin embargo, admitió que sí se requieren técnicos para las áreas administrativas.

En presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, advierte que “es necesaria la presencia de técnicos”.

En el art. 181 también se señala, como tercera función de la Judicatura, “dirigir procesos de selección de jueces y servidores de la Función Judicial”.

Una cuarta competencia es el gestionar escuelas de formación y capacitación judicial y la última es “velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”.

Cedeño sostuvo que cuando la Constitución indica las funciones del CJ “deja abierta la posibilidad de incluir varios tipos de ocupaciones”. Y aseguró que era una ‘miopía’ pensar que solo los abogados son encargados de la modernización de la Justicia.

Durante la revisión, los técnicos detectaron que las postulantes Zaida Romero e Irene Pesántez no presentaron toda la documentación que las habilite. Deberán hacerlo en tres días.

Lo que dijo Garzón

Baltasar Garzón, coordinador de la Veeduría Internacional, pidió que se valore la independencia para elegir a los cinco miembros del Consejo de la Judicatura que administrarán la Justicia en los próximos seis años.

Los candidatos que cumplieron los requisitos son  Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ex secretario particular de Rafael Correa, Néstor Arbito, ex ministro de justicia y Gladys Terán, jueza de la CNJ.
 

 
 

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