Antes de iniciar el diálogo, la ex ministra de Salud Caroline Chang confirma con el Editor General de El COMERCIO -vía telefónica- que los dos periodistas que la visitaban en ese momento tenían el aval para hacer la entrevista.
La ex funcionaria está sentada en una silla con ruedas, en la sala de reuniones del estudio jurídico de su abogado, Ernesto Albán. Él está a su lado. Tiene en las manos una abultada carpeta donde está el expediente del caso.El periodista mira a la ex Ministra y la aborda: el 1 de julio pasado, la Fiscalía se abstuvo de acusarla por supuesto peculado. Pero la Contraloría y el asambleísta Leonardo Viteri reiteran con la denuncia. “Yo no he escuchado que la Contraloría haya hecho ningún pronunciamiento”.
Otro periodista insiste: “En el informe que la Contraloría emitió sobre el caso se señala que existen indicios de responsabilidad penal. El abogado de Chang levanta su mano derecha y señala con el dedo la copia del informe que está sobre la mesa. “Tomar ese informe como la única verdad es equivocado. Se lo hizo en el 2008 y ha sido desvirtuado”.
Albán abre la carpeta azul y revuelve las hojas hasta encontrar una, con un cuadro comparativo. “Aquí se analizan cuatro procesos distintos de contratación como si se tratara de uno solo”.
Albán se levanta de la silla y acerca un documento al periodista. “En la primera contratación hubieron seis oferentes. Dos no presentaron garantías y los otros tenían ofertas demasiado caras. El concurso se declaró desierto”.
Luego, en el segundo proceso, se presentan tres ofertas. Ahí ya participó el señor (Teodoro) Roldán (quién finalmente vendió las ambulancias). “Si se hubiera querido favorecer a este señor, se le hubiera dado el contrato en ese proceso, pero no se le dio porque sus vehículos no cumplían los requerimientos”. Por ello se hizo un tercer proceso de contratación y se invitó, de forma directa, a la empresa Autec.
“El Ministerio de Salud le adjudica a esta firma el contrato, pero la misma Contraloría dijo que no le den porque era una oferta FOB. Es decir, que las ambulancias se entregaban en el puerto de embarque. La Contraloría dijo que al Ministerio le hubiera tocado pagar el transporte, impuestos, etc.”.
Albán mira a su defendida y se reclina en la silla. “Si la Ministra hubiera querido beneficiar a Roldán, lo hubiera invitado en ese tercer proceso y no lo hizo. Es en el cuarto proceso que se lo contrata, luego de todo este proceso”.
Además, en el 2008, cuando se realiza la compra, el área de Salud fue declarada en emergencia y “la funcionaria podía adjudicar sin procedimientos contractuales”.
Chang toma con sus manos la fina cadena que porta en el cuello y la frota con la yema de los dedos. “Las adjudicaciones eran opcionales, pero todos los contratos fueron públicos. Antes, todos los procesos del Ministerio de Salud se habían hecho a dedo”.
La ex Ministra escucha la interrogante que hace el periodista: ¿por qué en el cuarto proceso se invitó directamente a la empresa del señor Teodoro Roldán?
El abogado le da la posta. “El cuarto proceso fue de adhesión. El Ministerio estableció las características de las ambulancias que necesitaba y el interesado se adhirió a la propuesta”.
La Fiscalía abrió una indagación que duró 120 días, para esclarecer el caso; escudriña el contrato. “Constataron que se entregaron todos los equipamientos y hoy, tres años después de que se compraron las ambulancias, preguntaron a todos los hospitales si las ambulancias están funcionando”. El abogado sube el tono de voz y enfatiza: “La Fiscalía recibió 239 declaraciones de todas las personas que tienen contacto con las ambulancias en el país y 235 dijeron que están en perfecto funcionamiento y cada una ha trasladado a 1 300 personas”.
La ex funcionaria junta las manos como si estuviera orando. Interviene tímidamente, con voz baja. “Esas ambulancias servían para el transporte de pacientes, no para respuesta inmediata como son las del Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja”.
Ahora mismo, podemos salir y ver las ambulancias que había antes: sin seguridades para los conductores y paramédicos. “Eran camionetas que las cerraban con un metal y le ponían una cruz roja”.
El periodista la interrumpe para leer un fragmento de la página 37 del informe de la Contraloría: “39 ambulancias son lentas para utilizar en las carreteras de la Sierra, ruedas de las camillas, remaches de los cinturones de seguridad, sinchos de la camilla de transporte, piso del área de asistencia, rotas; focos inferiores de la baliza y del rotativo quemados”. Algunas camillas no contaban con mascarillas para oxígeno”.
El abogado de la ex Ministra mira fijamente al periodista y le extiende fotografías en blanco y negro de las ambulancias para que las observara. “Dígame si estas no son ambulancias”.
Chang tensiona la espalda y levanta su tono de voz. “Usted solo se fija en ese informe de la Contraloría. Me hubiera gustado que revisaran al menos un solo informe pericial”.
La ex Ministra se arregla el cerquillo de su cabello y vuelve a reclinarse en la silla.
El periodista aprovecha los segundos de silencio que se toman en la sala de reuniones para lanzar una repregunta sobre supuestas fallas eléctricas para cambiar el voltaje, de 110 a 220 voltios en las ambulancias, para que funcionaran termocunas.
Albán responde: “Yo le soy sincero, no he escuchado sobre eso y tampoco formo parte del proceso que siguió la Fiscalía. Me parece extraño que después de un año y medio de investigación no esté en el expediente. Nadie lo ha dicho”.
Sobre los daños en el piso de las ambulancias y otros que se menciona en el informe de Contraloría, es normal que existan pero por el uso normal que se les da a las ambulancias. “Si a usted le dan una grabadora en EL COMERCIO para que la utilice y luego de dos años se le daña una tecla no va a reclamar al fabricante”.
¿Por qué se compraron furgonetas para ser luego adaptadas en lugar de ambulancias? La pregunta vuelve a incomodar a la ex funcionaria. Levanta la voz y gesticula con las manos. “Haber, respóndame ¿qué es para usted una ambulancia?”. El abogado la toma del codo como pidiéndole calma. Ella sigue: “Usted ha trabajado varios años en temas de salud, ¿cómo puede ser posible que no sepa la diferencia entre una furgoneta y una ambulancia?”. Albán la interrumpe. “Si tratamos el tema de esa forma estamos desinformando a la gente”.
“El informe dice que no se debió haber contratado 115 ambulancias, porque pudo haber comprado directamente 115 furgonetas y adaptarlas. Y que eso pudo haber generado un ahorro de más de USD 500 000. La Ley prohíbe a un funcionario público subdividir contratos. Si se quería comprar ambulancias, no se podía comprar furgonetas ”.