19 de July de 2011 00:01

Un informante murió en Guayaquil

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La tarde del jueves, Julio P., de 28 años, fue baleado por desconocidos dentro de sus vivienda, en una cooperativa del noroeste de Guayaquil. Moradores del sector relataron a la Policía que el fallecido habría sido asesinado como represalia por informar sobre la ubicación de un sospechoso de expendio de drogas, quien, al parecer, operaba en el mismo sector del Puerto Principal.

Los vecinos sostienen que el crimen es una evidencia de que los informantes de la Policía son vulnerables. Ahora temen que algo similar ocurra con el llamado plan Más buscados, con el cual el Gobierno busca capturar a 10 personas, sospechosos de asesinatos, violaciones y asaltos.

El plan es impulsado por el Ministerio del Interior, cuyo secretario de Estado, José Serrano, aseguró la semana pasada que se guardará completa reserva para las personas que ofrezcan información que conduzca a la detención de los, considerados por la Policía, ciudadanos peligrosos.

“Lo fundamental acá es el resguardo de la reserva y confidencialidad de la información que vamos a recibir”, dijo el ministro Serrano con relación al plan.

“Por tratar de obtener información, que muchas veces no es verificada, se pone en riesgo la integridad en general de terceros”, critica Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente de Derechos Humanos.

Para él, lo que se consigue con el pago de recompensas es que a la población se la comience a ver como “delatora”. “No es su papel, no puede entrar visiblemente a una lucha contra el crimen organizado. Puede tratarse de gente mafiosa con alto grado de agresividad”, refiere el activista.

En enero, la Policía utilizó el pago de recompensa para ubicar a los sospechosos de la muerte de dos uniformados en el Suburbio de Guayaquil. En aquella ocasión se ofrecieron USD 5 000 para los informantes. Para recibir datos de forma anónima se dispuso una línea directa, el 1800-DELITO, que tiene su base en Quito.

Las identidades de quienes recepten esa información también será confidencial, según la Policía. “Hay un banco de datos con la información, al que accederá un grupo reducido de personas”, dice el coronel Ramiro Mantilla, quien hasta el viernes estuvo al frente del Distrito Metropolitano de la Policía de Guayaquil.

“Hace algunos meses sacamos ya una lista de los 10 más buscados, y la mitad de esa lista ya fueron capturados”, aseguró.

Rafael Navarrete, presidente de la veeduría ciudadana Vigilantes de la Justicia, cuestiona la idoneidad de quienes manejarán la información confidencial. “La Policía también debe investigar la actuación de miembros de sus filas en ciertos ilícitos”, sostiene.

“La gente también tiene miedo de denunciar por temor a que se escape la información. Por eso en los barrios la gente no delata a los delincuentes”, dice por su lado Carlos Neira, representante por Guayas de la Confederación de Barrios del Ecuador.

“No tenemos ninguna seguridad de que eso sea guardado como reserva. La gente no va a correr ese riesgo”, considera. El dirigente agrega que la política contra la inseguridad del Gobierno “todavía no ha sido consensuada con la comunidad, con los barrios, que es donde debe empezar la prevención del delito”.

En la cooperativa del noroeste de Guayaquil, los vecinos de Julio P. piden que se esclarezca su muerte. La fiscal María Coloma, quien realizó el levantamiento del cadáver, dice que, según las versiones recogidas a los moradores del sector, el hombre sí habría delatado a un conocido expendedor de estupefacientes.

El capitán Freddy A., quien una semana antes participó en un operativo antidrogas en la zona, dice que en el mismo lugar los moradores ahora no se atreven a denunciar por temor a retaliaciones. En esa operación se decomisó droga para venta al menudeo.

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