Los procesos judiciales que se siguen en contra de Balerio y Tony Estacio, y Marcos Solís, por el delito de tráfico de tierras, avanzan lento.
Balerio Estacio, ex concejal y ex asambleísta constituyente por Alianza País, es el único detenido en torno a las investigaciones. El dirigente popular fue aprehendido el pasado 30 de diciembre, cuando salía de dar una entrevista a una televisora de Guayaquil.Desde entonces se halla recluido en el denominado pabellón de atenuados alto, en la Penitenciaría del Litoral. El fiscal que lleva la investigación es Julio Vacacela. El agente mencionó ayer que aún no conoce la fecha en la que se llamará a audiencia de formulación de cargos por la detención de Balerio Estacio. “Todavía no nos han notificado la fecha, no sabemos cuándo se hará”, respondió .
El miércoles de la semana pasada, el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, mencionó, durante la reunión semanal del Comité de Seguridad, que había órdenes de prisión en contra de Tony Estacio, hermano mayor de Balerio, y de Solís. En esa cita también pidió a los fiscales que reactivaran cualquier investigación en relación con el tráfico de tierras.
Raúl Llerena, abogado defensor de Balerio Estacio, cuestionó la idoneidad de Vacacela para llevar el proceso. “El fiscal Vacacela trabajaba bajo un contrato que venció el 30 de diciembre del 2010. Ganó un concurso para un nuevo período, pero todavía no se posesionaba. Existe un tiempo hasta el 6 de enero del 2011 en el cual él no era fiscal”.
La defensa de Balerio Estacio se fundamenta en que este sí es propietario de los terrenos. Pero según las denuncias de muchos desalojados fueron vendidas ilegalmente. Llerena dice que su defendido es víctima de una ‘vendetta’ política. “Se ha contaminado lo jurídico con lo político. La intención de un sector del Gobierno es asumir el rol de dirigentes que ha ejercido el señor (Balerio) Estacio”.
Lenin Hurtado, militante del MPD, se sumó a la defensa de los desalojados. El lunes pasado presentó un recurso de medidas cautelares, para frenar los desalojos, a nombre de 600 invasores.
El pedido está en manos del Juzgado Decimoquinto de Garantías Penales. Ese despacho no resolvía hasta ayer el pedido. “Los desalojos son un manejo equivocado de la situación. Debe haber una solución integral, por ejemplo, que el Estado compre los terrenos y haga viviendas de interés social”, sostuvo.
En la Fiscalía se receptaron más denuncias. Hasta el mediodía llegaron 10 denuncias de perjudicados.
Sin embargo, el presidente de la República, Rafael Correa, quien ayer recorrió las cooperativas invadidas, volvió a recriminar a los dirigentes de las invasiones. “Por todos lados despluman a la gente”. Convocó a “correr la voz” para que accedieran a bonos y créditos de vivienda, y a “que no se confunda el diálogo con debilidad”. El Presidente se trasladó ayer hacia cooperativas invadidas, en el noroeste de Guayaquil, en búsqueda del compromiso de los pobladores para que denuncien supuestas estafas.
El recorrido comenzó en la cooperativa La Karolina y en dos etapas de la Sergio Toral. Allí anunció que 160 familias serían reubicadas, teniendo como plazo seis meses para el inicio de esas actividades. Luego caminó resguardado por militares, hacia las etapas I y II de la Sergio Toral.
Allí, con megáfono en mano, Correa pidió a los moradores que denunciaran a quienes les vendieron los terrenos y explicó que las personas que tienen documentos de posesión serán ayudadas para obtener vivienda propia.
En la estación de la línea de buses 8, en una esquina encontraron un local de cabinas telefónicas. Los moradores denunciaron que allí una secretaria realizaba los cobros de agua, energía eléctrica, guardianía y solares, de Sergio Toral. El intendente Julio Quiñónez clausuró el local.
El Gobierno invertirá USD 72 millones en la construcción de 6 000 viviendas, en una ciudad satelital que se llamará Victoria. Allí se edificarán departamentos, escuelas, un subcentro de salud y una Unidad de Policía Comunitaria; tendrán servicios básicos.