27 de November de 2012 00:01

La impunidad rodea los crímenes que se cometen en Esmeraldas

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La mujer se sentó frente al Fiscal de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía de Esmeraldas.

Los ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la declaración del hombre que estaba a su lado. Era el testigo clave del asesinado de Rosa A., la hermana de la mujer que escuchaba el relato.

Ella fue apuñalada el pasado 10 de noviembre. El hecho conmocionó a la ciudad de Esmeraldas, por la forma en que se cometió.

En el parte policial consta que fue en medio de una discusión con su conviviente. Uno de sus dos hijos, de 12 años, vio lo ocurrido. El testigo que fue a declarar el viernes pasado dijo, ante el Fiscal, que estuvo a cinco metros del sitio donde ocurrió la muerte y que logró identificar al responsable.

Fue en la Isla Luis Vargas Torres, un sector considerado como de alto riesgo, según la Policía.

Cecilia A., hermana de la fallecida, no quiso que el caso quede en la impunidad. Por eso presentó una denuncia y ahora lidia con los trámites judiciales.

“Pese a que está plenamente identificado el responsable de la muerte de mi hermana, no existe una sentencia. El abogado únicamente me dijo que tenga paciencia, porque estos casos pueden durar años. Cambian las fechas de las audiencias, los reconocimientos demoran, no hay personal para investigación...”.

Lo mismo ocurre con el crimen de Sergio P. Él fue abaleado en su taxi, en abril del 2011. Sus familiares sostienen que hasta ahora no se ha encontrado al responsable. Esto pese a que no fue el único que murió en esas circunstancias. “Fueron cinco taxistas que por esa época fueron asesinados con disparos. Nadie se ha preocupado por determinar quién estuvo detrás de los asesinatos”, comentó uno de los familiares.

Solo un mes después, el 30 y 31 de mayo, dos secretarias fueron asesinadas. Una laboraba en la Junta Parroquial de Camarones. La otra en el Concejo Cantonal de Rioverde, en el norte de Esmeraldas. El cuerpo de una de ellas apareció con señales de estrangulación, según Criminalística.

La otra, en cambio, recibió dos tiros. Sus familiares presentaron una denuncia y agentes de la Policía detuvieron a tres personas.

[[OBJECT]]Según la madre de una secretaria, ellos habrían declarado ante la Fiscalía que cometieron los asesinatos. “Pese a eso los jueces y fiscales no dan trámite a los procesos para que se juzgue”.

Entre enero y junio del 2012, en la Fiscalía se han denunciado 147 casos de asesinatos y 22 de homicidios. En el 2011, en cambio, en la provincia se produjeron 263 homicidios, de los cuales, según la Policía Judicial, apenas se resolvieron 11.

Cecilia A. asegura que, desde el asesinato de su hermana, la Fiscalía se ha convertido en su segunda casa. La visita a diario para hacer un seguimiento de las investigaciones. “Es la única forma de presionar, porque los jueces y fiscales dicen que tienen demasiados casos a la vez y que no alcanzan a tramitar todos”.

El fiscal Diego Pérez aseguró que al tratarse de temas graves como asesinatos, el proceso judicial debe seguir un debido proceso. Eso implica una etapa de investigación exhaustiva, para que no se cometan equivocaciones. “Un caso no puede resolverse únicamente con un testimonio. Se necesita pruebas. La Ley defiende la presunción de inocencia”.

Según la Fiscalía, entre el 2010 y el 2011 en el país se registraron 2 843 homicidios y 4 539 asesinatos. Eso permitió el inicio de 7 145 indagaciones, de las que solo 1 175 pasaron a instrucción fiscal. De ese total, 673 juicios terminaron con sentencia condenatoria en los dos años.

Para Luis Yépez, jefe encargado de la Policía Judicial, las muertes violentas están relacionadas con ajustes de cuentas. Es decir, entre grupos dedicados a cometer delitos. Solo en este año se han desarticulado tres bandas, que eran consideradas como peligrosas. Se dedicaban al robo, sicariato y a la extorsión de personas.

Sin embargo, Cecilia A., asegura que su hermana era un ama de casa, que se dedicaba a cuidar a sus dos hijos. “Nunca estuvo involucrada con actos ilegales. Fue una buena persona”.

Igual las madres de las secretarias, quienes cuentan que se dedicaban a su trabajo en la función pública antes de ser asesinadas. “A mi hija la mataron luego de salir de una reunión de trabajo en la ciudad de Esmeraldas. Ella no hacía nada de malo”.

El fiscal Antonio Durán asegura que si bien no todos los casos se resuelven, hay una “gran cantidad que sí llegan a juicio”, aunque dice no tener la cifra exacta. “La impunidad, en parte, se presenta porque los familiares no denuncian. El temor a las represalias los hacen desistir de los procesos y los casos no terminan”.

Cecilia A. sostiene que está dispuesta a seguir hasta el final con el caso de su hermana. Aunque su familia no tiene mayores recursos económicos, buscarán alternativas para recolectar fondos y costear los gastos de abogados, copias, movilización y solicitudes de documentos. “El Estado debería dar a las instituciones los recursos para que nos ayuden”.

Las voces de protesta

El 8 de marzo pasado, los familiares de las víctimas de la inseguridad organizaron una marcha en la ciudad de Esmeraldas.  Demandaron agilidad en los procesos judiciales.

El pasado 27 de marzo, pescadores artesanales y comerciantes de mariscos paralizaron sus actividades para protestar por la inseguridad en alta mar. Los artesanos del mar pidieron que se controle la ‘piratería’.

El 18 de agosto del 2011,  la muerte de una menor en manos de desconocidos motivó  una protesta en demanda de seguridad en Quinindé (Esmeraldas).
 2  000 personas pidieron  más presencia policial en los sectores rurales del cantón.

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