8 de July de 2010 00:00

La impunidad envuelve a 952 asesinatos

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Redacción Judicial

El 20 de noviembre del 2008, la presidenta de la Comisión de la Verdad, Elsie Monge, envió una carta al entonces ministro de Gobierno, Fernando Bustamante. “Me dirijo a usted profundamente conmocionada y muy preocupada por la noticia que recibí sobre el asesinato de Juan Bautista Bravo Cedeño, quien supuestamente gozaba de la protección del Estado ecuatoriano en aplicación de las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de DD.HH., el 28 de febrero del 2008. Medidas que estaban destinadas a la protección de la persona fallecida y otras más que, desde nuestra perspectiva, corren un actual y grave riesgo”.

Cuatro meses antes -el 1 de julio- Bautista había dado su testimonio ante los miembros de la Comisión de la Verdad, en Shu-shufindi. Relató los asesinatos de su hijo, John Eduardo, de 17 años, presuntamente cometido por agentes policiales, el 26 de octubre del 2006, y de su hija Yesica Marilyn, de 22, cometido por personas inidentificadas, el 8 de octubre del 2007.

La denuncia de Batista, así como 27 testimonios más y 27 expedientes documentales recogidos por la Comisión de la Verdad en Shushufindi (Sucumbíos) dieron cuenta del asesinato de 952 muertes violentas, ocurridas desde el 2000 hasta el 2009.

Estas ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una “limpieza social”, según el informe final de la Comisión de la Verdad.

Ayer, el ex secretario ejecutivo de la Comisión, Romel Jurado, denunció en una entrevista en Radio Visión que este grave caso de ejecuciones extrajudiciales fue conocido por ministros del actual Gobierno, que no tomaron ninguna acción para investigarlo y determinar responsabilidades.

“Lastimosamente no hubo ninguna respuesta del ministro Bustamante a nuestros pedidos”, comentó Jurado.

En la misiva, Monge le hizo a Bustamante cuatro pedidos: 1) realizar una visita urgente a la zona para entrevistar a todas las autoridades y solicitar más información del caso. 2) Pedir informes de los asesinatos ocurridos en la zona desde el 2000 a la Dirección de Inteligencia de la Policía. 3) Tomar medidas para proteger al grupo de personas cuyas vidas estaban en peligro. 4) Impedir que esos hechos sigan ocurriendo.

Pero Bustamante no fue, según Jurado, el único que conoció lo ocurrido. “Tampoco hicieron nada el ex ministro Gustavo Larrea ni el actual ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh”.

Cristhian Bahamonde, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad desde enero del 2009, sostiene que la investigación del caso Sucumbíos avanzó en la Comisión después de la salida de Romel Jurado (diciembre del 2008). “La muestra es que el caso consta en el informe de la Comisión de la Verdad”, difundido el pasado 7 de junio. “A inicios del 2009, el Ministerio de Seguridad mostró interés en el tema, porque el ministro Bustamante también dejó el cargo. Fueron relevados los mandos en Sucumbíos y Esmeraldas”, dice Bahamonde.

En el tomo 4 del informe de la Comisión de la Verdad hay un capítulo denominado Casos especiales; 45 páginas están dedicadas a la violencia en Sucumbíos.

Allí se recoge el caso Bravo y se señala a la Junta de Seguridad de Shushufindi. “Del conjunto de actas que fueron suscritas por los miembros de la Junta de Seguridad Ciudadana, cabe mencionar parte del contenido de las actas del 26 de septiembre y del 28 de octubre de 2005, de donde se desprenden indicios que coinciden con la muerte posterior de John Bravo y Daniel Hoyos”, reza en el informe.

A vísperas de la muerte de Daniel Hoyos y John Bravo, un coronel de Policía habló de “bandas organizadas, que está causando impacto psicológico”. Un subteniente de la Policía señaló que “existe una banda de menores de edad, que está operando en el cantón, y que hay una subjefatura de la Policía Judicial que no pueden hacer nada”. Un sacerdote dijo que “ la Junta de Seguridad Ciudadana ya tiene funcionando mucho tiempo y todos sabemos quienes son los delincuentes”.

El 28 de octubre de 2005, en Shushufindi, mientras se encontraban en una discoteca, John Eduardo Bravo Ureta y Jhonathan Daniel Hoyos Mejía fueron detenidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente, reza en el informe de la Comisión.

El organismo concluye: “La idea de una Junta de Seguridad en Sucumbíos, con el fin de contribuir al resguardo de la región, es una buena iniciativa. Sin embargo, esta ha procedido, según datos de los pobladores, como un empresa criminal formada por todas la autoridades de la localidad”.

Una persona que participó en las sesiones de la Junta relató que un ex comandante de la Policía “propuso que al ciudadano que camine pasadas las diez de la noche, ellos lo que van a hacer es matarle, (') y le apoyo el padre, (quien) manifestó: ‘hay que hacer esto para que se acabe un poco la delincuencia’ (')”.

“Entre otros puntos que se trataron fue el asunto de los bares, las cantinas y del gas('). Se indicó qué bar, cantina o burdeles que estén abiertos hasta las doce de la noche serán automáticamente clausurados ('). La Junta es la que toma las determinaciones de quién muere, para que exista limpieza en el cantón”.

En la provincia se ha evidenciado la organización clandestina de grupos que llevan como supuesta insignia liberar a las comunidades de la delincuencia y han incrementado los índices de violencia, dice la Comisión.

En el informe se incluye que entre el 2000 y el 2009 se registraron 952 ejecuciones extrajudiciales en Sucumbíos. “No todas ellas pueden, por información recogida por la Comisión, imputarse a las autoridades de Estado y el informe de la Comisión solamente se pronuncia sobre aquellos casos en los que existía directa responsabilidad de autoridades de Estado, Fuerzas Armadas y Policía”, dice Bahamonde.

Según la Policía, la mayoría de muertes estaba vinculada a ajustes de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico, la guerrilla o a venta ilegal de combustibles.

“Algunas personas han denunciado haber presenciado cómo miembros de la Policía, en horas de la noche, han descargado en el río Aguarico cuerpos de personas asesinadas”. En el documento se agrega: “Otras fuentes refieren haber encontrado ropa de militares junto a los cadáveres. Todo ello denota la presencia de escuadrones de la muerte (...) estos escuadrones estaría al servicio de la junta de Seguridad de Shushufindi”.

En el 2002, otra fuente mencionó que en Sucumbíos empezó a ejecutarse el plan ‘ Rayo’. El objetivo era combatir el sicariato, que para entonces tuvo un auge. Solo en ese año hubo 66 fallecidos, entre ellos seis policías. El plan consistió en organizar operativos sorpresa en sitios de alto riesgo.

En Sucumbíos “hay graves problemas de tipo social que desbordan en “limpieza social” que se ha instaurado como una solución frente a la delincuencia. Se ha llegado al extremo de ponerla en marcha con la aquiescencia de las autoridades locales, según los testimonios”, dice en otra de las conclusiones del informe.

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