23 de May de 2012 00:01

La impunidad es común tras las ejecuciones extrajudiciales

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En la lista de víctimas que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha documentado como crímenes extrajudiciales no consta Cristhian Quimís. El joven habría cumplido 27 años en enero, si dos balas no hubieran segado su vida en agosto del 2010.

El CDH tiene documentados 16 casos que se atribuirían a ejecuciones extrajudiciales (crímenes perpetrados por agentes del Estado por fuera de la Ley) en los últimos 15 años. Según esta ONG de Guayaquil, ninguno ha sido resuelto. Son hechos cuya impunidad es denunciada por sus familiares, a través de testimonios colgados en el portal del CDH.

Cristhian Quimís recibió un disparo por la espalda y otro en el brazo izquierdo cuando conducía una motocicleta cerca de su vivienda, en uno de los callejones de la Cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil.

La Fiscalía vinculó a dos policías como únicos sospechosos del asesinato. A los cabos Luis C., y Nixon G. se los acusó de ser los posibles autores de los disparos contra el joven electricista. Su padre, Mario Quimís, sostiene que la muerte está impune.

Tras casi dos años del hecho, relata el crimen como si lo hubiese presenciado. “Mi hijo de crianza siguió a Cristhian cuando vio que los policías lo perseguían en el patrullero. Cuando los alcanzó, vio que mi muchacho estaba tendido en el piso, sangrando”.

La víctima fue trasladada a dos hospitales antes de que falleciera. En junio del 2011, un juez penal dispuso la prisión preventiva de dos policías por los disparos que recibió el joven, luego de considerar que se encontraron evidencias de su participación.

Tres vainas halladas en la escena del crimen donde falleció Quimís fueron etiquetadas como V1, V2 y V3 en una funda plástica en la Unidad Técnica de Control de Armas de la Policía (UTCA). Las piezas fueron sometidas al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, siglas en inglés).

El cotejo microscópico de los casquillos determinó que la vaina signada como V1 había sido disparada por la pistola Glock serie MUA714. Según el informe de Inspección Ocular número #DCGIN1000332, era el arma de dotación de Luis C., una de las 40 120 asignadas a la Policía.

La Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Guayas no halló culpables a los policías indagados dentro del caso Quimís. Dos de los tres magistrados aceptaron un recurso de nulidad que interpuso la defensa de los uniformados, ambos con el rango de cabos, y dispusieron la liberación.

“Es indignante, la Fiscalía presentó todas las pruebas para sentenciar a los policías, pero un supuesto error de procedimiento les permite ahora andar libres”, denuncia el padre de Cristian.

Según Billy Navarrete, secretario ejecutivo del CDH, la impunidad es un factor común en las ejecuciones extrajudiciales. Para él, en estos hechos las instituciones sobreponen el espíritu de cuerpo a la protección del ciudadano. El Consejo de Clases y Policías sumarió a los dos cabos.

El último 8 de abril, tres hombres aparecieron sin vida en unos matorrales en Chongón, periferia de Guayaquil. La Fiscalía imputó por el triple crimen a ocho militares de una unidad asignada al control de armas.

Desde mayo del 2011, los militares son responsables del control de armas en Ecuador. Durante ese año, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), se ejecutaron 36 179 patrullajes y se montaron 17 908 retenes en el país.

Del triple crimen de abril, el Comaco dijo que brindaría las facilidades a los organismos policiales para investigar. “La intención del Mando Militar es transparentar ante la opinión pública, que el accionar de su personal en el cumplimiento de su misión de control de armas y antidelincuencial se ejecuta dentro del marco constitucional y legal”.

Los tres cadáveres se hallaron maniatados, con disparos en la cabeza y signos de tortura. Habían sido detenidos un día antes en una cancha cerca de sus casas, en la Cooperativa Sergio Toral, en el noroeste de la ciudad.

La versión que uno de los militares dio un mes después, el 7 de mayo, fue descrita por el fiscal que indaga el caso como escalofriante. “Mi sargento se metió a los matorrales y se escuchó el ruido de un disparo y regresó riéndose. Volvió a la camioneta y bajó a la persona que estaba en medio del balde, se lo llevó a los matorrales y se escuchó un disparo, regresó y se llevó al tercero, se escuchó un tiro y regresó en seguida...”.

Los uniformados estaban bajo el mando de una brigada de Policía Militar de la Fuerza Terrestre. Sobre el hecho, el jefe del Comando Operacional N°2, Luis Jaramillo se pronunció. “Si ellos cometieron un error tendrán que pagar. Aquí no hay ese falso espíritu de cuerpo. Para mí es un hecho aislado. Todos los miembros de FF.AA. conocen cuáles son los conceptos de DD.HH.”. Por ese caso hay militares procesados.

La familia Quimís tiene la esperanza de que la muerte de Cristhian no quede impune. La semana pasada, el proceso se reactivó, luego de que un nuevo fiscal fuera asignado al caso. “Nuestro abogado apeló y nuevamente el proceso regresó a la Fiscalía. Creemos que esta vez sí van a sentenciar a los culpables” dice Mario Quimís.

Signos de la violencia

El 17 de diciembre   del 2011 murió  Leandro Olaya, de 23 años, en Arenillas, El Oro. Por el crimen es investigado un cabo de la Policía y un comisario de Policía.  La Fiscalía abrió una instrucción fiscal.  La  víctima fue hallada con  dos disparos en la cabeza.

La Comisión  Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) reportó 22 ejecuciones extrajudiciales en el 2009 y 15 en el 2010.

La Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno, registró otras 68 ejecuciones extrajudiciales entre 1984 y el 2008.


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