10 de May de 2012 00:01

El impacto de los sacapintas sube en Quito

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Viste jean, chompa de cuero y gafas negras. Su cabello está fijado con gel. Es un agente encubierto de la Policía que ayer vigilaba la entrada a un banco en el norte de Quito. No estaba solo. Seis uniformados en motos y a pie también custodiaban el sector y frente a ellos una Unidad Móvil de Atención Ciudadana (UMAC) con monitores y ojos de águila.

El Comando de Policía de Quito ordenó ayer reforzar la vigilancia en las zonas bancarias de la capital, pero después de dos balaceras que a día seguido se produjeron cuando sospechosos intentaron asaltar entidades financieras y dejaron cuatro heridos.

Cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) dan cuenta de un incremento en la actividad ilícita en las afueras de los bancos, donde operan los llamados sacapintas (asaltantes de clientes).

Según ese organismo, en los primeros cuatro meses de este año, ese tipo de delitos se elevó en un 20% con relación al mismo período del año pasado. De enero a abril del 2012 hubo 79 casos de sacapintas, frente a 66 registrados en el mismo período del 2011 (en el 2010 hubo 38 hechos).

En el frustrado asalto del lunes al Banco Nacional de Fomento (BNF), los armados utilizaron subametralladoras y en el tiroteo del martes pistolas nueve milímetros. Agentes señalan que con frecuencia, los desconocidos operan con armas de fuego y desde el 6 de mayo del 2011 su control está en manos de las Fuerzas Armadas.

Si los sospechosos incluso usan subametralladoras en las actividades ilícitas ¿los controles militares no surten efecto? Un alto oficial del Ejército reconoció ayer que sus patrullas no pueden detectar todo el material bélico y aseguró que eso se debe a que “esa gente tiene capacidades para esconderlos en cualquier lugar”.

El control de armamento en manos de militares cumplió un año el domingo, pero estadísticas del OMSC revelan que su uso en actividades ilegales aún es alto.

El uso ilegal de armamento

De enero a abril de este año, Quito registró 17 316 delitos contra las personas. El 26% de esos hechos se cometió con armas de fuego (4 487 casos). Asimismo, el Observatorio reportó 3 193 robos de automotores y en el 20% de esos hechos se utilizó ese tipo de armamento (627 denuncias).

A esto se suma que en los tiroteos del lunes y martes no hubo operativos combinados entre Fuerzas Armadas y Policía.

En estos dos casos específicos, ¿los militares podían montar operativos relámpagos en la ciudad para controlar armas de fuego? El alto oficial del Ejército dice que sí, pero aclara que los policías no les comunicaron de las balaceras.

“Nosotros tenemos contacto con la Policía. Cuando hay una emergencia nos notifican a través de un policía, pero para estos dos casos no hubo ningún pedido. Por lo tanto no acudimos. Nosotros nos enteramos posteriormente de esa novedad”, dijo el oficial.

La semana pasada, los militares alertaron que en Quito ya no se realizan patrullajes conjuntos, como fue la orden del Gobierno.

Los soldados aseguraron que todos los lunes se reúnen en el Regimiento número 1, un cuartel de la Policía, pero que allí los gendarmes solo exponen las cifras de los lugares donde se comenten los delitos y que eso les sirve para montar operativos sorpresa.

Ayer, el jefe de la Policía de Quito, general Juan Carlos Rueda, dijo que esas reuniones sí se producen los lunes y que “se está trabajando en forma coordinada”.

“Mantenemos niveles de coordinación, aunque hay eventos en que no se puede llegar hasta ese detalle. Pero las instituciones están trabajando”, sostiene Rueda.

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Los controles armados

Rueda dispuso que en Quito los policías también se encarguen del control de armas, especialmente a quienes se movilicen en motos. “Vamos a causar un poco de inconvenientes a los motociclistas, pero esta medida es en función de la seguridad en general. Vamos a bajarles, a pedirles documentos de propiedad del automotor, pero sobre todo vamos a revisar si no van con armas”.

En los retenes móviles que montan los soldados hacen lo mismo y sin excepción chequean a toda la gente que se moviliza por esa vía. Un militar que la semana pasada controlaba en el sector de Chillogallo (sur de Quito) decía que aquello se debe a que las motos son usadas con mayor frecuencia en robos, asalto y asesinatos tipo sicariato.

En medio de estos hechos, en el Presupuesto General de este año el Gobierno dispuso la entrega de USD 1 440 millones para la Defensa Nacional y USD 1 923 millones para el rubro Orden Público. Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que hace dos semanas se aprobó un proyecto por USD 8 millones para equipar al personal del Ejército que actúa en temas de seguridad interna.

En noviembre ya se adquirió material antimotines.

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