2 de March de 2011 00:00

El IGM verifica los pasos ilegales en la frontera

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Aunque el puente sobre el río San Juan, que une a la parroquia carchense de El Chical (Ecuador) con Tallambí (Colombia), no consta en los mapas, es un concurrido sitio de paso de los habitantes de los dos poblados fronterizos.

“Esta es la única vía de ingreso pa’ este lado de Colombia”, comenta Salvador Ortiz, nativo de Tallambí, quien lleva dos sacos de naranjilla en el lomo de una mula. Vestido con camiseta amarilla, pantalón café y botas de caucho, Ortiz atraviesa el piso entablado del puente de 60 metros de largo por dos de ancho. A su paso se tensan los cables de acero, que sujetan la estructura de madera, por la cual solo pueden circular personas y animales de carga.

“Como estos hay alrededor de 26 pasos ilegales en la provincia de Carchi”, refiere el coronel Danilo Cárdenas, director del Instituto Geográfico Militar (IGM). Cárdenas, junto con otros oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, recorrieron la frontera. “Verificamos estos puntos para recolectar información que nos sirve con fines de desarrollo y de defensa”.Una patrulla militar intercepta a Ortiz en el puente y le interroga sobre el nombre, el motivo de la visita y el tiempo que planea estar en suelo ecuatoriano. “Es un control de rutina”, sostiene un soldado mientras anota los datos en una libreta. Sus compañeros forman un círculo de seguridad, todos armados con fusiles HK.

Según el uniformado, diariamente atraviesan el puente, desde los dos lados de la frontera, un promedio de 60 personas. Pero los viernes, el día de feria en El Chical, “cruzan más de 100”. Los datos de los visitantes son cotejados con Inteligencia.

En Tallambí no hay presencia de militares ni policías de Colombia. En la zona tiene injerencia el Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asegura el coronel Julio Barragán, comandante del Batallón Galo Molina, en Tulcán.

“El Frente 48 es básicamente un grupo de abastecimiento”, asegura. A pesar de ello, señala que no se pueden destruir los pasos ilegales por cuestiones humanitarias. “Por estos puentes entran alimentos y enseres para los habitantes de los poblados vecinos, pues ellos no tienen caminos que les conecten al resto de su país”.

Los moradores de Tallambí usan la vía Tulcán-El Chical (de 120 km) para movilizarse hasta Tulcán e Ipiales (Colombia).

Sin embargo, según Inteligencia, por los pasos ilegales pasan armas y pertrechos para los grupos armados colombianos.

Según el Gobierno de Colombia, la frontera con Ecuador es una de las zonas de abastecimiento de materiales de guerra para las FARC, desde el 2008. Su base son los supuestos correos electrónicos de los computadores de Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, jefe militar de las FARC que murió el año pasado en un bombardeo.

Entre otras cosas, en ellos se dice, según Bogotá, que en la frontera con Ecuador se compran tiros (balas) para fusil AK por 4 000 pesos (USD 2); para fusiles G3 y R15 por 3 000 pesos (USD 1,5); para ametralladoras de 50 mm a 10 000 pesos (USD 5); y granadas de mano a 180 000 pesos (USD 97). Se asegura que las FARC buscan contactos en Perú para la compra de material de guerra.

Antes la seguridad fronteriza de las provincias de Imbabura y Carchi se manejaba desde la Brigada 13 Pichincha (Alóag), la de Sucumbíos desde la Cuarta División (Coca) y la de Esmeraldas desde la Segunda División (Guayaquil). “Ahora toda la seguridad de la frontera se maneja desde la Fuerza de Tarea 1, acantonada en Imbabura”, comenta un oficial. “Eso le está dando mayor eficiencia a las operaciones”.

“La última vez que encontramos material militar fue a fines del año pasado. En una olla de manteca hallamos decenas de balas para fusil FAL, de 7,62 milímetros”, comenta un soldado que monta guardia en el destacamento fronterizo Freddy Santander, de la parroquia Maldonado, entre El Chical y Tulcán, en Carchi.

En este año, el primer hallazgo de material dirigido a los grupos ilegales armados de Colombia se registró el viernes en Otavalo. La Policía descubrió un cargamento de armas, municiones y uniformes en un camión que había partido desde Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre otras cosas había cinco radios portátiles, 1 500 metros de cordón detonante, 48 camisetas militares....

En ese hallazgo se detuvo a José C. y a Manuel S., originarios de Imbabura, quienes aseguran haber abordado el camión al sur de Otavalo. Según un policía de Inteligencia de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (Ulco), las mafias utilizan a indígenas para el contrabando de explosivos en la frontera. “Las investigaciones siguen para dar con los líderes y conocer el origen de estos materiales que estarían dirigidos a grupos irregulares”.

Los militares aseguran que en el noroccidente del Carchi, a no ser por la entrega de un presunto guerrillero, en enero último, no pasa nada. Mientras que desde Santa Bárbara (Sucumbíos) hacia la zona oriental se escuchan enfrentamientos armados.

En ese escenario, los campesinos de la zona fronteriza como Ortiz tratan de llevar una vida normal. Al llegar a El Chical, el campesino de Tallambí descarga los dos sacos de naranjilla y los oferta por USD 15 cada uno. Con ese dinero espera comprar aceite, arroz, azúcar, atún... y retornará al poblado colombiano, donde se siguen las reglas de las FARC.

Un convenio de repatriación

El Gobierno de Colombia asumirá la repatriación de sus ciudadanos que cumplen sentencias en cárceles de Ecuador. Los ministros de Justicia, José Serrano, y del Interior, Alfredo Vera, anunciaron que se suscribió un convenio con sus similares de las carteras de Estado de Bogotá.

En este marco, 90 prisioneros colombianos iniciarán su proceso de repatriación. Ellos la solicitaron; la mayoría está en las cárceles de Archidona y Tulcán (10 cumplen sus penas en Quito).

En el país hay 755 ciudadanos colombianos que se encuentran privados de la libertad. De ellos, 250 tienen sentencia y podrían solicitar su repatriación.

En Colombia, según el Ministerio de Justicia de ese país, hay 53 ecuatorianos presos, la mayoría en Pasto e Ipiales.

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