8 de November de 2011 00:02

‘Hay rezagos de torturas en la investigación’

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Cristhian Bahamonde   dice que los  policías  activos  mencionados en el caso Restrepo   no fueron incluidos por la Comisión de la Verdad  por falta de  elementos

Cristhian Bahamonde  
Su experiencia.  Es secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad,  que  investigó casos  de tortura que se habrían producido entre  1984 y el 2008. Sus funciones terminan en este mes.  Bahamonde también es jurista.    

Su punto de vista. Dice que es una pena    que la Ley de Víctimas  no   haya sido   calificada en   el Consejo de Administración Legislativa (CAL),  pese al ofrecimiento que hiciera  el Presidente de la Asamblea. La iniciativa se  presentó el 8 de junio del  2010.

En el informe que en el 2010 la Comisión de la Verdad (CV) presentó el jefe de estado mayor de la Policía, general Wilson Alulema, dos oficiales activos y tres ex agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) no aparecen como posibles perpetrados ¿Por qué?

En el tomo III del informe se menciona el caso Restrepo y allí están los nombres de (ex agentes del SIC) Édgar F., Antonio G. y Jorge M. A ellos se los menciona en la versión de Salomón C. (también ex agente del SIC). Él es quien les imputa responsabilidades.

Pero no aparecen como presuntos perpetradores…

Sobre los tres primeros, la CV no concluye que sean responsables de un hecho. No aparecen en la lista de perpetradores, porque no hay elementos para decir eso.

Tampoco aparecen el general Alulema y los coroneles Edmundo M. y Miguel Ch.

Los perpetradores son los que tienen un grado de participación como autores materiales o intelectuales de los hechos. Al general Alulema y a otros dos oficiales, la familia Restrepo les imputa responsabilidades durante la investigación y dicen que ocultaron información. Habría que ver qué tan contundente fue eso para influir en el resultado de la investigación. Pero no son responsables ni autores materiales. A Alulema no le acusan de haber sido el que mató o eliminó a los jóvenes Restrepo. A los otros dos les mencionan por haber llevado un zapato.

Pero un oficial de la Policía sí aparece como perpetrador y por el solo hecho de presenciar una supuesta tortura.

Aquí entramos en el tema meramente legal del grado de participación, autor material, cómplice, encubridor, testigo ocular, etc. Si alguien está mencionado es porque la Comisión le da un grado de participación central en el cometimiento de un hecho.

¿La CV tiene capacidad para determinar aquello?

Puede ser que en un juicio se les liberó de responsabilidad y la Comisión puede decir aquí sí hay responsabilidad.

Entonces, si dependía de la CV y Pedro Restrepo (padre de los jóvenes desaparecidos) formó parte del organismo, ¿por qué a los oficiales activos no se les incluyó como perpetrados en el caso?

Porque no tiene una participación directa con la muerte. Estamos hablando de responsables de crímenes de lesa humanidad, responsabilidades directas, autores materiales o intelectuales. Que haya cómplices o encubridores ellos no están en este segmento. Entonces, no se obviaron nombres como se dice.

En el caso del ex agente Salomón C. su versión llegó a la Fiscalía el 2008 ¿Por qué no hay resultados del caso?

Me parece que la Fiscalía no actuó adecuadamente ante una denuncia como esta.

¿Pidieron a la Fiscalía que acelere la investigación?

Claro. Conversamos con el entonces fiscal general, Washington Pesántez, y con el fiscal subrogante, Alfredo Alvear. Les dimos el número de la instrucción y les dijimos lo que ocurría.

¿Y qué respondieron?

Que lo iban a conocer. Debería ir a la Fiscalía a ver qué hicieron.

De lo que ustedes conocen, ¿qué hizo la Fiscalía?

Llamó a versiones a Salomón C., a Pedro Restrepo, a Elsie Monge (de la CV). Finalmente pasó un año y cerró el caso.

La Fiscalía creó una unidad especial y tampoco han avanzado las investigaciones.

De lo que yo he oído en la Fiscalía, bajaron los ritmos esperando a ver quién venía. Si se quedaba Pesántez, si venía (Galo) Chiriboga. En el camino el trabajo estaba como represado. Por críticas de las víctimas sabíamos que eran maltratados, que estaban siendo revictimizados. Les ponían a ellos a que hagan el trabajo que debía hacer un fiscal, 23 años después pedían que sean las víctimas quienes busquen a los testigos.

¿Qué les dijo el actual fiscal general, Galo Chiriboga?

Que se compromete a cambiar las cosas.

¿Cómo ven el cumplimiento de los DD.HH. en el país?

En su informe, la CV plantea que todavía hay rezagos de la forma, de los procedimientos con los que se investiga.

Hasta el 2008 que duró la investigación de la CV, ¿se mantenía ese sistema de investigación con torturas?

Había rezagos de torturas. La gente que en su momento estaba en el SIC, estuvo en el GAO. Solo hubo cambios de nombres y no se erradicó la forma de investigar.

¿Y esas estructuras siguen?

No se puede descartar que aún haya rezagos de torturas en las investigaciones, pero esto tiene que ser combatido.

¿Solo en la Policía o también en las FF.AA.?

Hoy en día, en FF.AA. hay denuncias de mala actuación sobre todo en áreas de frontera, como Esmeraldas, Sucumbíos, etc.

En el proyecto de reforma policial enviado por el Ejecutivo a la Asamblea se habla de una institución civil. ¿Esto frenará el abuso policial?

Si solo las fuerzas de seguridad investigan los casos (de tortura) hay dificultad para avanzar. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, menciona que los tiempos en que la Policía se investiga a sí mismo debería terminar y acá debería ocurrir eso. Tenemos casos en que algunos peritos de la Policía actúan y facilitan que los juicios no lleguen a condena.

¿Cómo ocurre eso?

Porque no se marcó la escena, no se levantó bien el cadáver, no se guardó el casquillo, se perdieron las evidencias… Allí se da cuenta de la ligereza con la que a veces trabaja esa Policía.

Ese proyecto no contempla crear un organismo externo para investigar a la Policía.

Creo que la Policía no debería seguirse investigando o al menos no deberían monopolizarla. O que tengan la posibilidad de indagar, pero que haya otra alternativa (…) Se requiere un marco legal diferente. Nosotros propusimos la Ley de Víctimas.

¿Qué pasó con la iniciativa?

Esa propuesta de ley tampoco ha sido debatida.

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