10 de February de 2012 00:01

El hacinamiento causa problemas en el penal

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Aún tiene marcas de los golpes en su espalda. Un guía penitenciario rompió el palo de una escoba en su cuerpo por no traer un encargo. William (nombre protegido) es un reo del ex penal García Moreno, acusado de violación, quien por buena conducta ayuda a los guías llevando encomiendas a los internos.

En diciembre del 2011, uno de los celadores lo golpeó también en la cabeza dejándole cicatrices. “Traté de cubrirme lo más que pude para que no me rompiera algo”, dice el detenido que deberá cumplir una sentencia de 12 años. “No es la primera vez que esto sucede”, señala Erwin, un prisionero miembro del Comité de Internos del centro penitenciario. Aunque cambiaron a algunos guías –recuerda- quedan otros que abusan de su poder.

En el ex penal trabajan 82 guías, de ellos 41 realizan turnos en el día. Vigilan celdas, acompañan a los detenidos enfermos a los hospitales y a otros a las audiencias.

Uno de los guías, que prefirió la reserva, mencionó respecto a este problema que el celador que agredió a William iba a ser sancionado. “Hasta donde yo tengo conocimiento eso no pasó”.

En la Dirección de guías penitenciarios del reclusorio no se consiguió información sobre el tema y se dijo que en la mañana de ayer recibieron la orden del Ministerio de Justicia de no hablar sobre la situación carcelaria.

Ese no es el único problema que tienen los detenidos. El hacinamiento y la falta de atención en la salud son otros conflictos que causan quejas entre los internos. En una celda diseñada para dos personas duermen hasta ocho. Cada una mide 2 x 3 metros.

Aunque la saturación depende del pabellón, son cinco y dos de ellos están repletos. En total hay 302 celdas para 1 028 privados de la libertad. El hacinamiento en esa cárcel es del 70%.

Las camas no alcanzan. Hay dos por celda, la una de una plaza y la otra de plaza y media. La mayoría de prisioneros improvisa un aposento en el frío piso de la prisión.

A la hora de dormir, Luis (nombre protegido) coloca una vieja y delgada cobija en el pavimento y se acuesta sobre ella con un compañero más una noche por semana. Cada día se turnan en su celda para compartir las camas. “Tenemos que hacer lo posible para sentirnos cómodos aquí. Aún siendo culpables somos seres humanos que tenemos derechos”, sostiene el prisionero que vive en el pabellón D.

El estado de las celdas depende del cuidado que puedan darle los detenidos. No hay muchas cobijas y las que tienen están deterioradas. En casi todas las celdas el inodoro se ubica bajo una cocina improvisada donde cocinan alimentos por la falta de espacio.

Asimismo, los problemas en la salud se presentan a diario y tienen una farmacia, tres médicos y dos odontólogos que trabajan de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes.

Jorge, un privado de la libertad, fue trasladado a una casa de salud en Navidad por un coma diabético. En septiembre del año pasado le detectaron la enfermedad luego de un año de permanecer en la cárcel por tráfico de drogas.

Durante ocho días estuvo bajo custodia policial en un hospital con sueros en los brazos. Debe inyectarse cápsulas de insulina diariamente; la caja que contiene tres inyecciones cuesta USD 25. “La ayuda del Estado llega pero a cuentagotas, no hay un verdadero involucramiento en este sentido”, comenta el detenido.

La administración de salud en el centro penitenciario está a cargo de los ministerios de Justicia y de Salud. En el segundo decreto de emergencia al sistema carcelario, en el 2009, el Gobierno destinó USD 40 millones para mejorar los problemas básicos de las 43 cárceles del país.

La Veeduría Ciudadana del Sistema Penitenciario realizó un informe a finales del 2011. En este se publican oficios enviados a los ministerios de Justicia, Salud, Relaciones Laborales, Educación y a la Corte Nacional. En las solicitudes se demandan notificaciones sobre proyectos y programas que beneficien a los privados de la libertad en el país. No se obtuvieron respuestas.

Valeria Alvarado, miembro de la Veeduría, estuvo a cargo de observar al ex penal García Moreno. Según su análisis, la infraestructura del lugar no permite un ambiente saludable para los internos. “Es como estar en la calle, son vulnerables a contraer enfermedades todo el tiempo por el hacinamiento. Cualquier mal se vuelve una epidemia. Quien tiene dinero puede vivir, alimentarse y curarse mejor, el que no, no”.

En la página 33 del informe de la Veeduría se dice que también se solicitó información sobre el trabajo de la Defensoría Pública en las cárceles sobre apoyo a los privados de la libertad. Alicia Contero, subdirectora de Patrocinio Penal de la Defensoría, indicó que en el área trabajan dos defensores y un asistente legal y otros 30 dan soporte por turnos. Según la funcionaria, sí se han agilitado trámites en beneficio de los presos.

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