Las estrategias para frenar la comercialización de artículos sin documentos de respaldo se refuerzan en el país. Al menos eso lo anunció ayer el Ministerio del Interior.
El organismo dijo que 900 agentes de las unidades élite de Inteligencia colaborarán en la identificación de grupos ilegales dedicados a la cachinería, así como a ubicar los negocios involucrados en esta actividad.
Según el Gobierno, a los operativos se sumarán 15 militares, quienes acompañarán al personal del SRI que verificará la presencia de negocios dedicados al comercio de cosas sin documentos o facturas que justifiquen su procedencia en el mercado.
No es la primera vez que el Gobierno anuncia medidas para frenar la comercialización ilegal. De hecho, el presidente Correa ordenó que se cierren las cachinerías hace dos años, pero siguen.
Por ejemplo, en un centro comercial del centro de Quito todavía se puede conseguir de todo.
Laptops, celulares de última tecnología, radios para vehículos, videojuegos y hasta licores.
Agentes que trabajaron en los controles dicen que de acuerdo con las investigaciones apenas el 30 y 40% de artículos de segunda mano que se venden en ese sitio son legales.
La Policía incluso señala que hay otros cuatros sectores donde se realizan estas transacciones.
Según los gendarmes, están ubicados en Cotocollao y el Comité del Pueblo, en el norte, y en Chillogallo y Solanda, en el sur.
Frente a esos problemas, el Gobierno y la Policía anunciaron ayer la implementación del denominado Plan Nacional de Erradicación de la Comercialización de Bienes sin Respaldo Documental. En este intervienen el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y los ministerios del Interior, Coordinador de Seguridad, Defensa, Telecomunicaciones y Justicia.
Los representantes de AME dijeron que intensificarán la vigilancia en los sitios donde posiblemente funcionen locales que comercialicen objetos sin papeles de identificación. La disposición regirá en 221 alcaldías del Ecuador, según esa entidad.
El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, informó que desde el 5 de diciembre regirá el listado de negocios autorizados para la venta de teléfonos celulares usados. Según el funcionario, con esa disposición se establecerá diferencias para vigilar a los locales dedicados a la comercialización legal de aparatos frente a aquellos que expenden celulares de procedencia ilegal.
Hasta el momento, más de 1000 de estos negocios han sido registrados a escala nacional y deberán colocar un adhesivo o identificación en un sitio visible.