Gerardo Portillo, veedor de los contratos de Fabricio Correa, cuenta que cada quince días debe presentarse a un juzgado
Nuestro caso acabó de pasar hace pocas semanas al Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, luego de que se confirmara el llamado a juicio en contra de los veedores del caso de los contratos de Fabricio Correa con el Estado.
En todo este tiempo nos han mantenido las medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Por eso, no tengo la oportunidad de trabajar en otros lugares que no estén en Quito. Yo, al igual que mis compañeros Pablo Chambers y Víctor Hugo Hidalgo, debo presentarme cada 15 días en el Juzgado. También estoy inhabilitado de vender mis bienes.
En este período, más de 15 jueces y fiscales han conocido nuestro caso porque no han querido hacerse cargo, renunciaron o se excusaron.
Cuando nos integramos en la Veeduría para investigar los contratos, nunca imaginamos que el mismo Presidente de la República nos enjuiciaría, acusándonos de falso testimonio. Pese a que el Consejo de Participación Ciudadana fue el que amparó la creación del organismo, luego no nos apoyó ni nos respaldó.
Esto nos ha causado graves perjuicios económicos, laborales, familiares… Un funcionario judicial nos dijo que somos las personas que más tiempo han estado con medidas cautelares, no hay casos similares, al menos en Quito.
Al poco tiempo de presentar el informe de la veeduría se me retiró de mi puesto de trabajo, donde tenía un contrato de servicios ocasionales.
Desde entonces he entrado y salido de varias entidades públicas y privadas. Incluso, gané un concurso para ingresar a un ministerio, pero en la última entrevista me hicieron preguntas políticas y no pasé. Durante meses he estado desempleado. Yo soy licenciado, profesor en educación media, tengo suficiencia de inglés.
Menos mal, las últimas semanas he podido trabajar con mi hermano en actividades turísticas privadas.
Después de que en el Juzgado rechazaron el recurso de nulidad del juicio, hace varias semanas, ahora esperamos la etapa final, con la audiencia de juzgamiento. Allí presentaremos las pruebas de descargo.
Solo queremos que se resuelva este caso, que no se mantenga esta situación de indefensión, con medidas que nos tienen inmovilizados. Es una especie de muerte lenta.
Pese a que desde el año pasado nuestro abogado no nos ha cobrado por sus servicios, hemos incurrido en altos costos económicos y de tiempo, que no recuperaremos.
La frase
“Por meses he permanecido en el desempleo. Soy licenciado en educación y tengo una suficiencia en inglés”.