Gasto en seguridad estatal creció un 54%

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Diego Bravo. Redactor

Aunque suene contradictorio, el Estado es uno de los principales contratistas de seguridad privada. Según cifras del Ministerio de Finanzas, la inversión en este rubro se ha incrementado en un 54% en los últimos dos años. Así, durante el 2012 se destinaron USD 64 millones para la seguridad privada y el año pasado la cifra subió a USD 99 millones.

La implementación de seguridad privada cobró impulso luego de la suscripción del Decreto Ejecutivo número 632, a mediados de enero del 2011.

Antes, los agentes de la Policía Nacional custodiaban las entidades gubernamentales. No obstante, el documento dispone, en su artículo 2, que "el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (…)". Es decir, los gendarmes tienen que trabajar únicamente en tareas de seguridad ciudadana y mantener el orden público.

Este tipo de cambios ha generado cuestionamientos por los hechos delictivos registrados en entidades públicas pese a la presencia de guardias privados. Por ejemplo, las autoridades investigan un robo registrado en el Museo de Riobamba, a inicios de febrero pasado, del que se sustrajeron piezas prehispánicas. La Fiscalía General informó que 10 personas fueron detenidas para las indagaciones, entre ellas guardias que habían sido despedidos antes del incidente.

Para Ricardo Camacho, experto en seguridad, uno de los problemas es que los guardias privados en el país no están preparados para dar seguridad a instituciones estatales. Él apoya que los policías solo se dediquen a las tareas de seguridad ciudadana, pero el Estado "debe crear un cuerpo de guardias especializados" para las entidades públicas, que realmente cuiden las dependencias.

El Consejo de la Judicatura (CJ) es una de las entidades que contrató seguridad privada. En el memorando número DG-CP-2014-579, del 10 de marzo pasado, se registra el pago anticipado del contrato de "prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada de las dependencias judiciales y administrativas de la Función Judicial a nivel nacional".

Este fue suscrito con la compañía de seguridad Armiled por un monto de USD 11,9 millones. Este Diario hizo un recorrido en cada una de las entidades de la Judicatura y los celadores de esa empresa vestían camisa roja y pantalón negro. Se encargaban de vigilar la entrada de los inmuebles. Uno de los guardias consultados contó que gana el salario básico más las horas extras.

Francisco Castillo es gerente de Operaciones de la empresa Armiled. En su oficina, asegura que alrededor de 1 300 celadores cuidan las dependencias del CJ. El contrato también incluye la custodia en juzgados y los edificios administrativos que funcionan a escala nacional. Por ejemplo -explica el funcionario- en el edificio de Flagrancias operan cerca de 26 hombres en turnos rotativos durante las 24 horas.

Lo mismo ocurre en el inmueble construido en las calles Juan León Mera y Veintimilla, norte de Quito. Allí custodian 25 celadores. En ese edificio funciona la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. "En Armiled tenemos más de 5 000 uniformados. De ellos, el 75% colabora en el sector público", dice.

El incremento de gastos en seguridad también se registró en Cancillería. Según el Ministerio de Finanzas, en el 2012 se invirtieron USD 779 839 y el año pasado fue USD 1 102 969.

De igual forma, el presupuesto en el Ministerio de Relaciones Laborales para la protección privada pasó de USD 726 334 a 984 287.

Regulación de tarifa

Para Galo Estrella, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación (Anesi), uno de los problemas que se presentan en la contratación de guardias para el sector público es que hay compañías que ofrecen servicio de vigilancia a menor costo. Esto trae como consecuencia que haya un mal servicio de vigilancia.

Como representante de Anesi, el dirigente plantea que se estandaricen las tarifas para contratar empresas de seguridad en las entidades públicas.

"Nosotros planteamos que el costo mensual del servicio sea USD 3 000, pero el problema radica en que hay compañías que ofertan su servicio a USD 1 500", dice Estrella.

Eso impide -agrega- que los celadores tengan sueldos adecuados y que trabajen tranquilos. Así, eso impide -agrega- que los celadores tengan sueldos adecuados y trabajen con sus salarios y horas extras. Así, "se está fomentando la ilegalidad (en el servicio de vigilancia)".

Con este criterio coincide el gerente la compañía Eliteimbaseg, Rodolfo Pastuña, cuya firma da seguridad en dos casas de salud pública de Cotopaxi y Pichincha. A su juicio, el problema es que, en medio la puja, las empresas tratan de bajar lo que más pueden las tarifas para ganar los contratos.

En contexto  

Más de 70 000 guardias hay en el país, según el INEC. Un porcentaje de estos da servicio en las instituciones gubernamentales. El costo por este rubro se incrementó en los últimos dos años. Hasta el 31 de marzo pasado se invirtió USD 26,3 millones en este campo.

Punto de vista

Daniel Pontón Catedrático universitario de la Flacso, experto en seguridad

Los guardias deben ser capacitados

Me parece una buena decisión que los guardias privados se dediquen a resguardar los edificios de las instituciones públicas y que los policías se dediquen a sus tareas operativas. Debemos alejarnos de la práctica de poner como guardia a cualquier persona que no conoce cómo se maneja la temática. Más allá de eso, creo que es una oportunidad importante para quienes ejercen este tipo de actividad, pero siempre y cuando se les fije las garantías que deben cumplir las empresas: que haya capacitación, dotación de recursos importantes y que tengan personal idóneo. En la actualidad, el gremio de los guardias ha tenido avances importantes y hay regulaciones, pero todavía hay informalidad en sector. El Estado, al ser el principal demandante de estos servicios, debe exigir más regulaciones y calidad a las empresas de seguridad.

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