14 de December de 2012 00:01

Garzón termina su trabajo entre críticas

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Llegó apenas un día antes de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se posesionara. Era el 25 de enero y a esa fecha los jueces recién nombrados eran cuestionados por su cercanía con el Gobierno y por supuestamente haberse beneficiado del puntaje en la fase final del concurso. Únicamente después de esos hechos, Baltasar Garzón dijo que estudiaría las acusaciones.

Dos meses antes, tampoco había conocido el cuestionario que el Consejo de la Judicatura aplicó para la evaluación de 5 965 funcionarios judiciales en el país.

A ellos se les preguntó: por ejemplo, ¿le gustaría ser periodista?, ¿cree que la única parte interesante de los diarios son las caricaturas de la sección cómica?, ¿le gusta leer las noticias de crímenes de los diarios? o ¿cree que la gente lee las notas editoriales?
Eso provocó que asambleístas de oposición como Andrés Páez cuestionaran el trabajo de Garzón. El Colegio de Abogados del Guayas calificó de “flaco papel” la tarea de la veeduría internacional que vigila la transformación de la Justicia. El gremio insistirá ante la Contraloría para que se auditen los gastos en que incurrió el equipo. Ese pedido ya fue planteado en enero pasado, pero portavoces del organismo revelaron que no hubo respuesta del ente que coordina las veedurías nacionales.

En medio de este hecho, la noche de ayer estaba previsto que Garzón y su equipo presentaran su cuarto informe relacionado con la reforma judicial. ¿Cómo está el trabajo hasta el momento? Por ejemplo, el Consejo Transitorio reconoce que en las 38 comisarías que operan en el país hay 70 000 causas represadas.

Incluso, los jueces de la Mujer todavía no están nombrados y para ello los vocales de la Judicatura tienen seis semanas.

A esto se suman las quejas por congestión y falta de turnos en los juzgados de Contravenciones que funcionan en la Policía Judicial.

Además, la orden para que los juzgados atiendan sin cierres se cumple a medias. Pese a que el Consejo de la Judicatura Transitorio dispuso el año pasado que esas oficinas funcionaran de forma ininterrumpida, ahora cierran sus puertas al mediodía.

En el informe preliminar al que accedió este Diario se hacen observaciones al Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Justicia, al del Interior, a la Fiscalía, a la Defensoría Pública y a las prisiones.

De la Judicatura dice que el organismo aumentó el sueldo a los jueces y esto hizo que funcionarios de la Fiscalía vieran atractivos los sueldos y dejaran ese ente.
Se dice que hay “inequidades” en la distribución del personal judicial en lugares remotos del Ecuador y que el Consejo de Transición tiene que buscar alternativas para asegurar la equidad.

También se dijo que con la renuncia voluntaria, la Judicatura perdió “servidores valiosos”. Luego se asegura que lo ideal hubiese sido que en el nuevo modelo se mezclara “la juventud con la experiencia”, que los períodos de evaluación semestrales a los judiciales no son técnicos.

El presupuesto

Cuando comenzó el trabajo, en la denominada Propuesta metodológica para la conformación y funcionamiento de la veeduría internacional, el Ministerio de Justicia se comprometió a entregar USD 555 700 para cubrir los gastos del proceso de observación.

Cinco días antes de la consulta popular del 7 de mayo de 2011, el presidente Rafael Correa aprovechó la visita del magistrado español Baltasar Garzón para pedirle, de forma verbal, que sea parte de una veeduría internacional para la Reforma de la Justicia.

En esa mañana soleada Garzón, asesor del Tribunal Internacional de La Haya, se subió a un podio de madera. Frente a un centenar de personas dio una conferencia sobre los mecanismos en la lucha contra la corrupción.

En su chaqueta gris se colocó un botón rojo con la leyenda “Los honestos somos más”. Ese 2 de mayo del 2011, la Función de Transparencia organizó el Encuentro de Transparencia Andina en el centro de Quito. Era la primera visita de Garzón en el país y el Municipio capitalino también aprovechó para declararlo Huésped Ilustre.

Andrés Páez. Asambleísta por la Izquierda Democrática
‘Un informe que se limita adescribir lo administrativo’

No habido un seguimiento en tiempo real por parte de la veeduría. Tampoco ha existido un contacto directo entre los veedores y los temas candentes de la metida de mano en la Justicia. Esto provoca tener un informe que se limita a describir hechos administrativos, mas no un pronunciamiento sobre los hechos relevantes del proceso más corrupto y vergonzoso que recoja la historia de la justicia en el Ecuador.
Se habla de la infraestructura, de los esfuerzos que han realizado, pero no abordan ningún tema de fondo. No se dice si refrendan o corroboran lo que dijeron los informes preliminares.

Carlos Coloma. Coordinador de veedurías en Pichincha
‘Ha habido demoras enla entrega de documentos’

Desde que se inició el proceso de las veedurías, Baltasar Garzón ha contado con la colaboración total del Estado ecuatoriano, tanto en presupuesto como en apoyo técnico (apertura en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social). Una situación diferente hemos vivido los veedores provinciales. Nosotros hemos estado limitados de un buen soporte, tanto por el Consejo de Participación y del Estado, porque ha habido demoras en la entrega de documentación. Para realizar un balance de su labor (Garzón) habrá que revisar el informe final que muchos esperamos conocer, pero yo lo desestimo.

Dos impugnaciones pasaron

En el Pleno del Consejo de Participación (Cpccs) se aprobaron ayer dos impugnaciones de las cuatro presentadas a los candidatos que aspiran conformar el nuevo Consejo de la Judicatura.
El Cpccs, ente que selecciona la Judicatura, calificó la objeción en contra de Patlova Guerra.

Esta fue presentada por Wilma Salgado, ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos.
Luis Pachala, vocal del Consejo, pidió se rechace la impugnación. Según dijo, “se trata de un ojo por ojo”.

Las siguientes dos apelaciones que se analizaron fueron rechazadas. El asambleísta Andrés Páez objetó a Paulo Rodríguez, actual presidente de la Judicatura de Transición, y a la vocal Tania Arias. La objeción de Carlos Coloma, quien es veedor en Pichincha tampoco pasó en el interior del Consejo de Participación.

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