1 de June de 2012 00:01

Gafi exige reforma penal para no incluir a Ecuador en lista de lavado de activos

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La reunión con los agentes de revisión del Grupo de Acción Financiera (Gafi) duró un día. Se produjo en Miami el 17 de mayo y allí Ecuador presentó el proyecto de Código Integral Penal, como un “progreso significativo” en la lucha contra el lavado de activos.

Sin embargo, el organismo internacional que desarrolla políticas para combatir el lavado y el terrorismo a escala mundial, fijó plazos contrarreloj para que los 1 086 artículos que el gobierno de Rafael Correa presentó en la Asamblea el 13 de octubre del año pasado sean aprobados hasta mediados de este mes.

En estos días, el Gafi se reunirá en Roma y si la norma no está debatida al menos en primera instancia Ecuador podría entrar en la lista negra de países que no controlan la circulación de dinero ilegal, revela Gustavo Iturralde, a quien esta semana la Procuraduría le solicitó la renuncia en la Dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). En el 2010 , el Gafi ya consideró a Ecuador un lugar de riesgo para transacciones financieras internacionales.

Este Diario cruzó datos con asambleístas de la Comisión Legislativa de Justicia y conoció que esta aún no aprueba el informe para primer debate. Ese documento estaría listo hasta el viernes de la próxima semana, según fuentes del organismo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el Presidente de la Asamblea establece la fecha para el primer debate de un proyecto.

“La Comisión está interesada en sacar buenos productos, sin que importen otras cosas como el Gafi”, sostuvo ayer César Gracia, asambleísta de esa Comisión.

En un informe oficial que reposa en los archivos digitales de la Procuraduría reza que en la reunión con los agentes de revisión García dio otras señales al Gafi y esperaba que el informe para primer debate esté listo hasta ayer.

¿Qué contiene el Código Integral Penal sobre lavado y terrorismo? Son al menos nueve artículos en los que, por ejemplo, se establecen penas de hasta 15 años (la máxima sanción ahora es 9 años).

Además, en el artículo 458 del proyecto de Código Integral Penal ahora se determina que “en caso de infracciones vinculadas con crimen organizado, producción y tráfico de drogas a gran escala, trata y tráfico de personas, lavado de activos, asesinato por precio o también conocido como sicariato, la competencia se radicará, por sorteo, en los tribunales nacionales especializados”.

Para la investigación de estos delitos se propone contratar profesionales especializados en la investigación de las infracciones. En ese tipo de crímenes -según la propuesta- los jueces o tribunales podrán impedir que se publiciten las audiencias judiciales.

Iturralde lanzó las alertas del Gafi tras advertir que para aprobar el Código los plazos establecidos son “forzados” y que llegar a la denominada lista negra sería un peligro para el país “sobre todo para relaciones del sistema bancario y financiero con el de EE.UU.”.

Un término en la Ley bloquea la sanción por lavado

El 30 de diciembre del 2010 entró en vigencia la Ley de Lavado para reprimir las operaciones con dinero ilegal. En el artículo 17 se obliga a que durante los juicios los fiscales demuestren “fehacientemente” el origen ilícito de los activos supuestamente lavados.

Iturralde dijo que el término fehaciente “es fatal”, que eso constituye una limitación en la ley y que impide llegar a una sentencia en firme. Los fiscales que operan en la Unidad de Crimen Organizado también están molestos con ese término. Exigir una prueba fehaciente para demostrar lo ilegal del dinero dilata los procesos y no concreta las condenas, sostienen.

De enero del 2008 a noviembre del 2011, la Unidad de Lavados de Activos de la Policía (ULA) registró 425 casos de presunto lavado de activos. El 31% de ellos (158 casos) pasó a instrucción fiscal, es decir, se convirtió en un proceso penal. Y solo el 3% (14 casos) recibió sentencia.

“Espero que (incluir esta palabra) solo haya sido un error (de la Asamblea). Pero tampoco descarto la posibilidad de que haya habido intereses, así como existió en su momento en la Asamblea de Montecristi, cuando prácticamente se echó al tacho de la basura la ley de extinción de dominio, que considero es extremadamente importante”, señaló Iturralde.

En ese momento -según la UAF- Ecuador se encuentra en la lista “gris oscura”. Pero el último informe del Gafisud refiere que la UAF registró USD 1 642 millones por lavado de activos.

Las estadísticas del Banco Central refieren que en la balanza de pagos del 2010 (dólares que ingresan al país por venta de petróleo, remesas e inversión extranjera vs. dólares que salen por importación de bienes y servicios) hubo un déficit de USD 1 212 millones. En el 2009, esa cifra llegó a USD 2 647 millones de balanza negativa.

Si hay más dinero que sale, ¿por qué existe liquidez? En septiembre, en la Flacso, académicos no descartaron que el dinero ilegal fuera sostén de la economía.

Punto de vista

Mauricio Pozo / Ex ministro de Economía
‘Gustavo Iturralde no se equivocó; faltan controles’

Desconozco los detalles por los que el ex director de la Unidad de Análisis Financiero, Gustavo Iturralde, salió de esa entidad.  Creo que él no se equivocó al decir que Ecuador tiene problemas de narcotráfico y lavado de dinero. La situación del país es riesgosa y  nadie  lo ha controlado. No digo  que en Ecuador hay una industria del  narcotráfico, pero sin duda es un puente y eso nos causa muchos problemas. Existen bastantes factores que contribuyen al lavado de activos. Parte del  problema es lo que  sucedió con la avioneta mexicana que cayó en Manabí con USD
1 300 000.  La  salida de la Base de Manta es un factor que influyó.

Las áreas sensibles
En su  último  informe,   el Gafisud  determinó que en   Ecuador existen    por lo menos   cinco sectores  que son  vulnerables para inyectar  dineros ilegales.
 
Según el organismo,   las áreas sensibles son las remesas, inmobiliarias, comercializadoras  de joyas, fideicomisos y casinos (no funcionan desde  marzo).
 
El director saliente de la  UAF, Gustavo Iturralde, señaló que  el  sector    automotriz es en el   que “fácilmente pueden ser usado para lavar”. Consideró como una “coincidencia sospechosa”  que  su  pedido de renuncia sea paralela a la llegada del nuevo Embajador de Estados Unidos. [[OBJECT]]


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