29 de August de 2010 00:00

Funcionarios de la ‘Súper’ de Bancos, implicados en captaciones ilegales

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Unidad de Investigación

El teléfono de la Subdirección de Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos (SBS) empezó a sonar. Su entonces titular, María Mercedes de la Torre, atendió la llamada. Esto ocurrió el año pasado.

Se trataba de Gerardo Villota, oficial de Cumplimiento del Banco Internacional, con una novedad: John D. V., experto en sistemas del área tecnológica de la SBS, estaba realizando movimientos de dinero que no tenían relación con su perfil e ingresos.

El 26 de febrero del 2010 llegó una segunda alerta. Esta vez era Pedro Arriola, gerente de Procredit, quien informó que Adrián L., ex jefe de agencia de este banco, en Riobamba, “realizaba operaciones de captación de dinero, mediante la firma de convenios de participación, supuestamente con el fin de realizar inversiones en títulos del exterior”.

Ocho empresas y 12 personas naturales, entre ellas, Galo J. F. C., investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones inusuales, suscribieron dichos convenios. El objetivo era la negociación de bonos Global de Venezuela por USD 4 600 millones y 1, 8 millones de euros, con una tasa de rendimiento del 3%.Uno de los acuerdos del 25 de noviembre del 2009, entre Orbe Construcciones, Cooperativa Isecoop y otros, reveló que estaría representada por Marcelo F., un segundo funcionario de la SBS encargado del área de Cuentas Corrientes.

Él ingresó a la SBS en 1997. En una de las oficinas de la planta baja de la SBS atendía y analizaba los reclamos de los clientes.

En otro acuerdo apareció John V., quien entró a trabajar en 1990 y un año atrás ya se alertó de sus inusuales movimientos bancarios. Entre los documentos entregados por Procredit también constan correos electrónicos enviados desde la SBS a la cuenta de Adrián L.

En estos correos se deduce que “existirían relaciones de negocios entre los citados y otros, fundamentadas en posibles captaciones y colocaciones de recursos mediante convenios de participación y acuerdos joint venture (comerciales)”.Mientras el escándalo casa adentro empezaba a hacer mella, las autoridades destacaban hacia afuera del excelente control del sistema financiero. Sobre todo para pedir la salida del Ecuador de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Paralelamente a estas acciones, el personal de la SBS siguió investigando a sus funcionarios con total hermetismo. Del análisis de las transacciones de Marcelo F. en el Banco Pichincha se determinó que entre enero del 2008 y febrero del 2010 se hicieron depósitos en las cuentas 3047594104 y 3284578100 por un promedio mensual de USD 24 045. En total, este ingeniero en Sistemas Informáticos de la Politécnica sumó depósitos de USD 467 636.

En ese mismo período realizó débitos por USD 23 103, en promedio, y un total de 441 946.

En el mismo lapso se encontró en la cuenta 0029721 del Banco Internacional de John V. ingresos por USD 806 261 y egresos por USD 808 254. Estos inusuales movimientos no guardaban relación con su salario.

¿De dónde obtuvieron tanto dinero? De las declaraciones testimoniales de cinco funcionarios de la SBS y de los implicados se concluyó que captaban dinero de varias personas, por medio de préstamos obtenidos en la agencia centro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao.

Pero para acceder a estos créditos, primero constituyeron -el 9 de abril del 2008- la compañía Biodiesel del Ecuador, cuyo objeto social supuestamente es mantener cultivos de oleaginosas, de las cuales a través de un proceso industrial se obtiene el biodiesel. La firma se conformó con un capital social de USD 400, entre siete accionistas.

Sus administradores, según la Superintendencia de Compañías, son Gustavo C., como presidente; Marcelo F. aparece como director administrativo y representante legal, y John V., como director financiero.

No obstante, en la dirección registrada (10 de Agosto 579 y Checa, Edificio Mutualista Pichincha II) esta empresa no existe. El número de teléfono de la firma es el 252 6521, que corresponde al departamento de Cuentas Corrientes de la SBS.

Una vez conformada la empresa, se suscribió un convenio con la Cooperativa Cotocollao, para que los obreros y trabajadores accedieran a créditos de hasta USD 8 000. Pero al realizar la verificación física de los domicilios de los supuestos deudores, se encontró que uno de los créditos se otorgó a un carpintero del valle de Los Chillos, que no tiene casa, vive con su madre y no realizó ningún préstamo, según fuentes cercanas a la investigación.

Otro crédito se dio a nombre de una ciudadana, hija de un albañil. La mujer aparece como responsable de pesos y medidas de Biodiesel y tiene 10 operaciones, pero se constató que no tenía condiciones para aplicar a créditos de montos altos.

Estas operaciones se realizaban en un día, ya que la verificación física del domicilio, lugar de trabajo y de las referencias se hacía un día antes. Los investigadores sospechan que Biodiesel era una firma fachada y que la mayoría de su cartera de clientes fue simulada, lo que fue negado por los funcionarios en el proceso de investigación interna.

Los créditos concedidos se acreditaban a las cuentas de los supuestos empleados de Biodiesel, pero luego esa plata se retiraba y se depositaba en su mayor parte en la cuenta de John V. A su nombre también constan solicitudes de crédito y apertura de las libretas de ahorro de los empleados: Como referencia aparecía el número 255 4810, de la Dirección de Recursos Tecnológicos de la SBS. Las certificaciones laborales de ingresos para que los presuntos obreros accedieran a los préstamos, en cambio, llevaban la firma de Marcelo F.

En otra modalidad de pago, la cooperativa emitía cheques a favor de los dos funcionarios de la SBS, quienes cobraban en nombre de los trabajadores y los depositaban en sus cuentas. Del listado presentado por la entidad financiera se identificaron nombres de trabajadores de la SBS y de la Asociación de Empleados. En total, se registró una listado de 136 clientes beneficiarios de Biodiesel, y a quienes se les entregaron USD 865 000.

También se detectaron 36 créditos a la empresa fantasma Maderazzy, en cuyas referencias personales consta Marcelo F.; 77 operaciones más con otras firmas y personas se investigan.

Los pagos de las cuotas de los créditos concedidos a Biodiesel eran cancelados con cheques de Marcelo F. y John V.

La SBS concluyó que la cooperativa “no revisó en su totalidad la información personal y financiera del cliente, por lo que primaba el convenio con Biodiesel”. Estos créditos, que representaban el 82,9% de la cartera de la agencia centro, si bien estaba respaldados por la empresa, tienen garantías cruzadas entre los mismos beneficiarios.

Incluso, la persona contratada por la cooperativa para verificar la información entregada por los clientes también consta en la base de datos de los créditos relacionados con Marcelo F. y John V.

Además, dentro de los movimientos registrados en las libretas de ahorros del ex Gerente General, de la jefa de la agencia centro y uno de los cajeros se observaron transacciones que no corresponden a sus remuneraciones.

Este Diario pidió una entrevista al actual gerente de la cooperativa, Jorge Huertas, pero prefirió no dar declaraciones, por tratarse de un caso delicado.

El 26 de marzo, el superintendente (e), Iván Velasteguí, dispuso que el caso fuese remitido a la Fiscalía, pues existen indicios de responsabilidad penal. Esto es por supuesta captación ilegal de dinero del público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado bancario. Por este motivo, en la Fiscalía se abrieron cuatro indagaciones.

El 12 de julio pasado, la SBS concluyó, entre otras cosas, que Marcelo F. “utilizó la información a la que tenía acceso para su propio beneficio y terceras personas, en actividades crediticias y de captación de dinero (...) con apoyo de John V., quien al tener acceso al sistema informático de la SBS ingresaba a su base de datos”. Ambos funcionarios fueron destituidos luego del respectivo sumario administrativo.

La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, se negó a responder un cuestionario de este Diario sobre la investigación, en vista de que el caso está en indagación previa en la Fiscalía.

Además se trató de ubicar a los principales implicados para contar con sus versiones, pero estos no fueron localizados.

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