Fredy L. dejó su pueblo hace un año

El pueblo no ha cambiado desde agosto pasado. Es silencioso y solitario y parece no estar habitado. A media mañana, por las calles lodosas un campesino va a pastorear y quienes caminan a su lado conversan de las noticias de Fredy L. En este lugar del Austro vivía el joven que sobrevivió a la matanza de 72 emigrantes en Tamaulipas, México. Esto ocurrió el pasado 24 de agosto, cuando intentaban cruzar a Estados Unidos y fueron atacados por un grupo de la organización criminal de Los Zetas.

Los vecinos no ven a Fredy desde julio pasado, cuando abandonó el poblado para emigrar al país del norte en busca de trabajo. Pero saben que retornó, que está en un sitio desconocido del país y que, al igual que su familia, atraviesa penurias económicas.

Su padre emigró a EE.UU. hace ocho años y su madre, hace seis.

Entonces Fredy quedó a cargo del cuidado de sus siete hermanos, de su esposa (con tres meses de embarazo), de su abuela y tres sobrinos que vivían en su comunidad. El sobreviviente trabajó desde los 8 años en agricultura y en construcción y hasta se desplazaba a la Costa a trabajar en bananeras. El azuayo solo esperó cumplir los 18 años, sacó su pasaporte y se endeudó en USD 11 000.

Entre tanto, los compromisos incumplidos del Gobierno y las deudas obligaron al padre del joven a retornar a su pueblo. Allí estuvo el pasado domingo.

Llegó casi al anochecer, después de ocho años de haber emigrado. Algunos lo desconocieron.

Iba a prisa y llegó a la casa de su hermana. Por eso, “apenas lo reconocí”, contó una vecina.

Anteayer, un agricultor avanzaba por la orilla de la lodosa vía principal, sorteando charcos y empujando el ganado que iba a pastorear a 10 kilómetros del poblado. José le sirvió de garante al padre de Fredy, así logró obtener un préstamo y con esos recursos se fue hacia Estados Unidos.

Por eso, cuando supo que retornó al Ecuador le envió mensajes a través de familiares sobre las presiones que recibía del chulquero. “Me ha dicho que me quitarán mi carro porque la deuda supera los USD 16 000 (con intereses)”.

La llegada al pueblo del padre del sobreviviente también tuvo otro objetivo: ofrecer su casa de adobe (de 20 metros cuadrados) en venta . Pero solo le dieron USD 1 500, contó Ramiro, un familiar.

Ramiro y su esposa han visitado a Fredy y a su familia en tres ocasiones en la casa que está en un lugar no identificado del país, donde viven desde septiembre pasado. Allí la Fiscalía acogió a los miembros en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.

“Es una casa de una planta con espacios reducidos”, cuenta. “Los niños van a la escuela, pero tienen escasos alimentos y se enferman con frecuencia. Los policías que les daban resguardo les trataban mal y les humillaban por ser indígenas”, contó en el pueblo el hombre de estatura alta.

Empero, el jefe del Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Cristian Lombeida, sostuvo que esta familia no cumplió las medidas de seguridad y las recomendaciones de asistencia. William Murillo, ex Secretario Nacional de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami), denunció que esta familia se siente engañada por el Gobierno. “No tienen una casa propia, tampoco cuidado médico ni apoyo psicológico”. El presidente Rafael Correa y la secretaria de la Senami, Lorena Escudero, lo criticaron ayer en la cadena (ver recuadro). Luego, Murillo respondió: “Ella (Escudero) tendrá que demostrar que soy un estafador, que soy mentiroso. El Presidente (Rafael Correa) me ha llamando pillo. A los dos voy a demandarles, porque no van a mancillar así mi nombre”. Según él, le sorprende las declaraciones de la Fiscalía de haber dado USD 70 000 a esta familia en ayuda. “A lo mejor están sumando los costos del resguardo de la Policía”. Además, dijo que es imposible creer que hubo un gasto de USD 5 600 en ropa, cuando los miembros de esta familia usan ropa rota y usada.

Dijo que sería importante que se muestren las facturas de las compras realizadas.

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