20 de April de 2011 00:00

Foráneos piden disculpas del Estado

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El hombre tomó el micrófono y dio su versión sobre la detención de 66 extranjeros de Oriente Medio en Quito. Habló en inglés, pero una mujer ayudó con la traducción.

“No nos preguntaron nada, solo nos llevaron. Estuvimos incomunicados y esposados con los brazos hacia atrás y hacia adelante”, contó el detenido ante el juez de Tránsito, Marco Tamayo.

La audiencia de hábeas corpus para analizar la libertad de 24 de los 66 arrestados se realizó ayer a las 09:30, en el auditorio del Palacio de Justicia (centro-norte de Quito).

En la diligencia participaron cuatro funcionarios de la Defensoría del Pueblo, organismo que planteó la liberación del grupo.Además, estuvieron los jueces de contravenciones Gladys Angos, quien cubre La Mariscal (norte), Janeth Chauvín (Quitumbe, en el sur) y Fabián Moreno (La Manzana, en el Centro Histórico). Precisamente ellos fueron los que emitieron las boletas de deportación de seis extranjeros. que eran pedidos por la Interpol, pues supuestamente tenían vínculos con grupos terroristas.

Los 24 detenidos se ubicaron detrás de los representantes de la Defensoría del Pueblo.

El hombre de Oriente Medio intervino unos 20 minutos y allí planteó varios pedidos a nombre del grupo (ver puntuales). Y anunció que se declaran en huelga de hambre hasta que su situación se regularice. Aseguró que ellos no llegaron a Ecuador para cometer actividades ilegales.

Durante la audiencia, Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de DD.HH. de la Defensoría del Pueblo, precisó que para la detención no hubo orden judicial. “Se infringieron normas internacionales y es inconstitucional”.

Mediante un informe, la Defensoría indicó que hasta el 8 de abril pasado, la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que 21 personas de Oriente Medio solicitaron refugio en el Ecuador. Luego se informó que otras tres personas hicieron el mismo planteamiento.

Para José Guerra, de la Defensoría, la detención fue ilegal, porque “ninguna persona puede ser detenida y sometida a sanciones penales por el simple hecho de solicitar asilo en Ecuador”.

Agregó que se incumplió con el inciso 5 del artículo 43 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Este señala que “en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no (puede) ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, libertad, integridad”.La Defensoría del Pueblo presentó una queja “en contra de los jueces de contravenciones debido a que los procesos de deportación están a su cargo”. Solicitó en nombre de los derechos vulnerados de los arrestados, que el Estado pida una disculpa pública en favor de estas personas, “cuyos derechos fueron vulnerados”, según Guerra. Frente a esas aseveraciones, los jueces dijeron que ellos solo emitieron boletas de deportación a los indocumentados y no ordenaron la detención.

Fabián Moreno indicó que no se vulneraron los derechos de los foráneos e indicó que ninguno de los que tuvo a cargo presentó solicitud de refugio. “Por eso decidí que sean deportados. Es decir, por la falta de documentos”.

En medio de esta discusión, la diligencia terminó cerca del mediodía. El Juez de Tránsito tendrá 48 horas para pronunciarse.

Mientras que para el resto de detenidos, que en esta ocasión no plantearon hábeas corpus, funcionarios de la Defensoría dijeron que preparan otras acciones, pero no se especificaron cuáles.

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