Floresmilo Villalta salió libre tras otra detención

Floresmilo Villalta dejó ayer el calabozo del Comando de Policía de Quinindé, cerca de las 11:00. Fue detenido el lunes por la mañana, en la vía Esmeraldas -Santo Domingo, en el sector 5 de Agosto.

Estaba en una ranchera de placas EEA-058, de la cooperativa de transporte Quinindé. “Lo acompañaban unas 50 personas que, según nos había informado el Ministerio del Ambiente, iban a invadir terrenos de propiedad privada”, afirmó Lenín Peralta, jefe policial de Quinindé.

La ranchera fue interceptada por un vehículo de la Policía para revisar las pertenencias, pues se sospechaba que había armas de fuego camufladas. Los pasajeros se opusieron y se desató un enfrentamiento con los gendarmes.

El auto de los policías fue apedreado y se tuvo que pedir refuerzos para controlar la situación. La ranchera fue trasladada a los patios del comando con todos sus pasajeros. Allí se verificaron los documentos de identidad de las personas y supuestamente se encontraron machetes y escopetas calibre 42. Siete personas fueron puestas a órdenes del Fiscal y la audiencia de formulación de cargos se realizó la tarde del lunes. Cinco campesinos siguen detenidos y Villalta fue liberado.

El juez cuarto de Garantías Penales, Kléber Samaniego, firmó su boleta de libertad, el 19 de abril aduciendo que “no hubo pruebas” en contra de Villalta. Él no tenía en su poder armas y negó haber intentado invadir tierras.

Los campesinos que iban en la ranchera aseguraron que Villalta les pidió hasta USD 200 por entregarles parte de un terreno que él había ganado en un juicio contra la empresa maderera Endesa-Botrosa. “Pero ahora, que la Policía nos ha explicado que el terreno es privado, nos damos cuenta que fuimos engañados”, dijo Leonel Sánchez. Él presentó una denuncia por estafa ante la Policía Judicial de Quinindé, junto con otras nueve personas.

La detención de Villalta es la decimosexta que la Policía de Quinindé registra en sus archivos. La más grave es del 2005, cuando se inició un juicio en su contra por supuesta violación a una menor de edad.

En el 2006, el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha lo condenó a 16 años de prisión, pero en el 2008 la Asamblea Constituyente emitió el Mandato 4, a través del cual se perdonó los juicios de los perseguidos por delitos políticos, la defensa de los recursos naturales y el ambiente.

Villalta se ha identificado como activista ambiental y defensor de los derechos humanos. Ha liderado procesos en contra de la tala de árboles, La Corte Constitucional conoció el caso y seis de sus nueve integrantes ratificaron la amnistía de la Asamblea. Por esta decisión, la Fiscalía abrió una indagación penal contra los magistrados, por supuesto prevaricato.

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