27 de May de 2010 00:00

Fiscalía indagará asesinato en La Cocha

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Reds. Sierra Centro y Judicial

En la Fiscalía de Cotopaxi se abrirá una indagación por la muerte del joven Antonio Olivo. Su cadáver fue hallado el 9 de mayo pasado con señales de haber sido golpeado y asfixiado con un cinturón, en la parroquia Zumbahua (Cotopaxi).

Roberto Guzmán, fiscal de esa provincia, aseguró ayer que la entidad sorteará el caso entre los agentes fiscales en los próximos días. “La entidad actuará de oficio luego de recibir los dos partes policiales que se hicieron”.El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, en cambio aseguró desde Quito que recién anteayer recibió el informe de la Fiscalía Indígena de Cotopaxi sobre el caso y que se lo está analizando para proceder “con calma”.

Los dirigentes de las comunidades cercanas a La Cocha aseguraron que Orlando Q. era el presunto responsable del asesinato de Olivo. Lo retuvieron por dos semanas en una casa de la comunidad La Cocha.

El domingo pasado, Orlando Q. fue latigueado por los líderes de las 24 comunidades de Zumbahua y ellos resolvieron que no podrá salir de la comuna en cinco años. También que debe realizar trabajos comunitarios durante el mismo tiempo.

El fiscal general, Washington Pesántez, condenó esas prácticas de justicia indígena y dijo que “van contra la Constitución y los Derechos Humanos”. El funcionario cree que la justicia indígena debe aplicarse solo en infracciones menores y no en delitos graves como el asesinato.

Luego del juzgamiento, los familiares de Orlando Q. trasladaron al acusado a una clínica de Latacunga, en Cotopaxi. “Tenía fuertes dolores en los brazos y piernas por los latigazos que le dieron”, contó Olimpia, un familiar. “Ya fue dado de alta y se encuentra en la casa recuperándose”, agregó la agricultora.

Según el Ministerio Público, Orlando Q. será investigado por la justicia ordinaria, para conocer si tuvo o no responsabilidad en el crimen de Olivo. Alvear señaló que incluso se puede pedir su prisión preventiva.

Este escenario inquieta a los familiares de Orlando Q. Ellos aseguraron que el joven ya fue juzgado por las comunidades y que incluso se firmó un acta donde las partes se comprometieron a respetar lo resuelto por las comunidades indígenas.

En esto coincidió el ex fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán. “Una persona no puede enfrentar dos procesos. Él ya recibió la sanción de la justicia indígena”. Pero esta declaración le significó la salida del Ministerio Público. El lunes presentó la renuncia irrevocable y el fiscal Pesántez la aceptó por la tarde. Tibán asumió el cargo en mayo del 2008 y tramitó 43 casos de homicidio y asesinato.

Tibán dijo que realizará una rendición de cuentas de su gestión la próxima semana. La presentará por escrito a la Fiscalía y también a la dirigencia del Movimiento Indígena de Cotopaxi.

Dorila Q., hermana de Orlando, reconoció que la salida del fiscal Tibán complicará la situación del ajusticiado y anunció que permitirán que la justicia ordinaria lo procese. “Mi hermano está en la comunidad. Está recuperándose de los golpes. No entendemos por qué otra vez quieren juzgarlo. Ya cumplió con la pena que le impusieron”.

Además, comentó, la Fiscalía debió iniciar las investigaciones que anuncia desde un principio y no entregar a Orlando Q. a la comunidad para que sea castigado.

El fiscal Pesántez reconoció que eso se debió hacer desde un principio, pero que Vicente Tibán fue quien “en lugar de entregar al acusado a la Policía, lo dejó en manos de la comunidad”.

Según Dorila Q. esa explicación no resuelve el problema de su hermano. “Eso no es justo. Si eso pasa, nosotros enjuiciaremos a la Fiscalía General”.

Los familiares de Orlando Q. solicitaron que se realice una asamblea para que la dirigencia exija al Ministerio Público que el joven no enfrente otro proceso por el mismo delito.

Un gerente, liberado en Tungurahua

En la madrugada de ayer, Darwin Martínez, gerente de una cooperativa de ahorro y crédito de Riobamba, logró escapar de un posible ajusticiamiento indígena.

Él fue retenido desde el domingo pasado por los dirigentes de la comuna Chibuleo, ubicada al suroccidente de Ambato. Los pobladores del lugar lo retuvieron luego de que un grupo de indígenas denunciara que Martínez supuestamente cerró la entidad financiera sin devolver el dinero a los socios.

Según el dirigente Manuel Iza, 24 personas de este sector invirtieron desde USD 1 500 hasta 2 000 en la cooperativa. “Martínez tiene que explicar por qué se cerró la cooperativa”, señaló.

Segundo Chaluis, fiscal indígena de Tungurahua, dijo que la detención que se realizó en Chibuleo es ilegal. También, informó que Martínez denunció a los indígenas de la comuna por plagio.

José Tatús, otro dirigente de Chibuleo, aseguró que Martínez no fue detenido a la fuerza. “No hemos plagiado a nadie. Él, luego de una conversación, aceptó quedarse en la casa comunal, no en una cárcel. Le dimos comida y una cama, pero Martínez se escapó. Por eso lo demandaremos a la Fiscalía de Tungurahua”, señaló el dirigente.

Hasta ayer, en el Ministerio Público de Chimborazo se desconocía del caso.

En la comunidad de Alpamala, en Pujilí-Cotopaxi, Germán G. también fue detenido por los indígenas, quienes lo acusaron de robar ganado del sector.

El joven fue liberado tras la decisión de los dirigentes de imponerle una multa.

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