La fiscal de la Unidad de Personas y Garantías del Guayas, Margarita Neira, formulará cargos por el fallecimiento de Roberto Quimís Huacón. El joven de 23 años murió dentro de una ambulancia en abril, por presunta falta de atención médica en nueve clínicas y hospital de Guayaquil y Daule.
Cuatro médicos serían investigados bajo el cargo de homicidio inintencional, según la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. En su artículo 13 indica que “los responsables de un servicio de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 4 a 6 años en caso de fallecimiento del desatendido”.
Claudia María C., José Efraín C., Christian Javier P. y Moserrate Anunciata C. , médicos del Hospital de la Policía, podrían ser imputados en este caso.
Quimís Huacón falleció el 27 abril del 2012, dos días después de sufrir un accidente en moto en el recinto Los Lojas del cantón Daule (Guayas). El primer sitio al que llegó fue el hospital de la localidad. Ahí, los médicos aseguraron que presentó dos diagnósticos: uno del 25 de abril, cuando solo habría registrado laceraciones en brazos y piernas; y otro al siguiente día, con un pronóstico de politraumatismos más severos, reveló en mayo Franklin Medina Espinoza, director de la casa salud.
Ahí comenzó el peregrinaje de su familia en una ambulancia por otros centros médicos. Por su gravedad, Quimís requería atención en una Unidad de Cuidados Intensivos. Pero, según sus familiares, les dijeron que no había camas disponibles en el Abel Gilbert, en el Luis Vernaza y en el de la Policía.
Desde ahí, en otra ambulancia, habrían recorrido otras cinco clínicas privadas, y al llegar a la última falleció en la ambulancia. El reporte médico de la Fiscalía indica que la causa de la muerte fue una fractura de cráneo y hemorragia interna.
En uno de sus conversatorios con la prensa en Guayaquil, el presidente Rafael Correa pidió sanciones para los médicos del servicio público, si se comprobaba que no cumplieron los protocolos. Y enfatizó que las clínicas privadas están obligadas a atender las emergencias por derecho humano.