7 de March de 2010 00:00

La Fiscalía amplía su infraestructura

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Redacción Judicial

El edificio Patria todavía tiene muestras de lo que alguna vez fue: la Embajada de Estados Unidos. En la puerta de la recepción está pegado un ‘sticker’ en inglés, en el que se lee: “La gente se pasa la vida pensando si lo que hace es extraordinario. Los marinos no tienen ese problema”.

Ese inmueble dejó de ser de Estados Unidos desde finales de 2008, cuando fue adquirido por la Fiscalía, por USD 4,5 millones. Allí se trasladó toda la parte administrativa del Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones.

En 2008, la Fiscalía adquirió otros 23 edificios, en Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Santa Elena, Azuay, Manabí, y otras provincias. En total, se invirtieron USD 17,7 millones. Y en 2009, se compraron 9 bienes por cerca de USD 1,9 millones.

Estas adquisiciones forman parte del proyecto de Transformación y Fortalecimiento de la Fiscalía, que fue elaborado con el Ministerio de Justicia y aprobado por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).

El objetivo de este plan es mejorar la calidad del servicio que ofrece la Fiscalía. Uno de los puntos que se debía fortalecer era el acceso a la justicia. Así, por ejemplo, en Azuay existen 3,3 fiscales por cada 100 000 habitantes, y se aspira a tener 4,1 agentes por cada 100 000 personas. Con esto se aspira liberar la carga procesal de los fiscales.

Según el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía en 2009, se tramitaron 4 271 denuncias. De ellas, 388 tuvieron sentencia en casos de narcotráfico y 2 149 en el resto de delitos. No obstante, existen más de 10 000 casos en proceso de sustanciación.

En el proyecto de Transformación se estableció la descentralización de los servicios, como medida para contrarrestar el exceso de trabajo de los fiscales. Por eso se han creado dependencias en todas las provincias, en las ciudades que tienen mayor población y hasta en parroquias. “De 147 oficinas que existen de la Fiscalía en las 24 provincias, en mi administración se crearon 53 nuevas dependencias. En Pichincha se establecerán fiscalías en Pedro Vicente Maldonado, en Puerto Quito. Se construyó la infraestructura para tres oficinas en el sur de Quito. En los próximos días inauguraremos en Baños, Milagro, Chone, Portoviejo, Gualaceo, Durán, Quevedo, San Lorenzo y al sur de Guayaquil”, manifestó el fiscal general, Washington Pesántez.

Para este proyecto se solicitó un presupuesto de USD 42 millones. De los cuales, USD 27,2 millones se destinarán para terrenos y edificios; y 6,5 millones para mobiliario, como escritorios, computadoras, sillas, archivadores. El resto del dinero es para contratar personal. “En el proyecto se solicitaron 933 vacantes para fiscales, secretarios, asistentes, auxiliares' Pero solo se han llenado 300 puestos, que corresponden a un fiscal, un asistente y un secretario”, explicó José Guerra, director de Presupuesto de la Fiscalía.

No obstante, los 633 cargos restantes son de choferes, auxiliares, trabajadoras sociales. “Pero también 79 fiscales, 180 secretarios y 55 asistentes”, agregó Guerra.

“Queremos que la ciudadanía conozca el trabajo de la Fiscalía y confíe en que vamos a solventar sus problemas”, señaló Pesántez.

Además, en 2008 se adquirieron 12 vehículos para la Fiscalía, y en 2009, nueve. Se prevé que para este año se compren 74 automotores. Entre 1997 y 2007 se adquirieron 33 carros. “Antes estaba olvidada la Fiscalía y no había inversión. Ahora se quiere recuperar su identidad y que se dé mayor acceso a la ciudadanía a la administración de justicia”, dijo Fernando Heredia, director de Planificación de la Fiscalía.

Los vehículos han sido destinados para el trabajo de los fiscales de todo el país. Además, se llegó a un acuerdo para que al menos tres policías trabajen con cada fiscal, con lo que se busca reducir las demoras preprocesales y procesales. “Reafirmamos el compromiso de las dos instituciones, de combatir a la delincuencia. Trabajaremos en equipo siempre, pero pedimos el compromiso de la ciudadanía, que nos ayude a combatir este mal”, indicó Oswaldo Yépez, director nacional de la Policía Judicial.

Uno de los primeros pasos hacia el trabajo conjunto fue la interconexión entre las bases de datos de Policía y de la Fiscalía. “Si una persona hace una denuncia en la Policía de Loja, en la Fiscalía de Quito se tendrá conocimiento de ese hecho”, dijo Pesantez.

Aún existen proyectos en proceso de ejecución. Sin embargo, todavía el Ministerio de Finanzas no ha desembolsado todo el dinero. Cerca de USD 12 millones no han sido entregados. Está previsto que para finales de este año se hayan entregado USD 5 millones y los 7 millones restantes para el primer trimestre de 2011.

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