22 de December de 2010 00:00

FF.AA. dan protección a la Policía en Quito

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Redacción Seguridad

Darwin Safana viste camuflaje verde, porta un chaleco antibalas y lleva en la mano un lanzagranadas. A las 11:00 se detiene sobre la acera oriental de la av. Maldonado, en el acceso sur de Quito, a la altura del antiguo peaje de Guamaní. “Antes de venir estaba de instructor en Latacunga”, dice el soldado.

El 30 septiembre fue movilizado desde la Brigada de Fuerzas Especiales de Latacunga a Quito, durante el estado de excepción, y desde entonces participa en patrullajes antidelictivos en las calles de la ciudad. “Estamos tra-bajando en estos operativos 15 días”, refiere el coronel Luis Andrade, responsable del Centro Coordinador Antidelincuencial en Quito. Desde su oficina en la Primera División del Ejército Shyris dirige las tareas de tres grupos de seguridad militar en el sur, centro y norte de la ciudad.

Según el art. 158 de la Constitución, las FF.AA. no pueden realizar tareas de seguridad interna, excepto durante los estados de excepción, como apoyo a la Policía.En Quito, el estado de excepción concluyó el 7 de diciembre, mas el Gobierno dispuso el empleo de militares en patrullajes antidelictivos. Lo hizo con base en un fallo del Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, quien concedió medidas cautelares que facultan a las FF.AA. a actuar.

Andrade sostiene que, tras recibir la orden de patrullaje, los mandos de la Policía y de las FF.AA. mantuvieron una reunión y decidieron que en Guayaquil y Quito funcionaran centros coordinadores antidelincuenciales en tres campos: inteligencia, operaciones y comunicación.

El coronel destaca que ahora se cruza la información de la Policía, FF.AA. y Consejo de Seguridad Ciudadana para trabajar con un solo sistema de Inteligencia. Con ese sistema, dice, se definen los sitios de patrullaje, en apoyo a la Policía. 1 000 voluntarios y 80 oficiales de FF.AA. intervienen.

“Tenemos una buena relación con los compañeros policías”, aclara Safana, ex combatiente del Cenepa e instructor de conscriptos. “Lo que pasó el 30-S ya es aparte; trabajamos bien juntos”.

En 14 días, los militares no han participado en capturas en Quito ni han requisado armamento. Han participado en retenes integrados en promedio por cinco policías y siete militares.

Andrade dice que esperarán a fin de mes para hacer un balance y una comparación de la reducción de la delincuencia, frente a diciembre del 2009.

“Me parece bien que realicen estos operativos, así nos sentimos más seguros, yo tengo todo en regla”, resalta Amada Díaz, al volante de una camioneta Chevrolet doble cabina. La mujer desciende del automotor y tres policías hurgan en el cajón y en el motor, en busca de armas.

“Nuestra misión es el registro de armas cortopunzantes o de fuego”, dice el oficial de la Policía a cargo. “Lo que se requisa se lleva a la Unidad de Inteligencia Quitumbe, para hacer un parte”.

Alberto E. se aproxima en una moto y los agentes le piden que se detenga. Dice que olvidó los documentos al salir apurado de su casa, en Cutuglahua, en el sur.

Los agentes ingresan su número de cédula en un ordenador móvil (PDA, con acceso a las bases de datos del Consejo Nacional de Tránsito y de la Policía Judicial) y verifican que su licencia se encuentra caducada desde hace dos años. Además, en el registro se señala que debe usar lentes. No los porta; Alberto E. asegura que se operó los ojos, pero el oficial le entrega una citación de tránsito.

En la Maldonado llega el mediodía y el cabo segundo de Policía Carlos Guaita, hace un balance: “En el operativo se detuvo a 15 motos y a 25 vehículos. Hemos recibido la colaboración de la ciudadanía”.

Safana, boina roja del Ejército, no suelta su truflay. No usa las granadas de gas lacrimógeno que carga en el pecho y retorna al Cuerpo de Ingenieros para almorzar. Lo hace con una idea en mente: ir a Loja para pasar Navidad con su esposa y dos hijos.

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