15 de November de 2012 00:04

Fase de impugnación para vocales de nueva Judicatura causa polémica

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La designación de los cinco vocales del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) entró ayer en otra etapa. El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) conformó a un equipo técnico para que revise la idoneidad de 15 postulantes.

Gabriela López, Pablo Ruiz, Fernando Durán, Jéssica Villacís, Adrián Bustos, Gabriela Toral y Carlos Rivadeneira tendrán a su cargo esta tarea. Así lo establece el art. 10 del Reglamento para la designación de los funcionarios.

El grupo tendrá 3 días para elaborar un informe que determinará si los aspirantes que cumplen los requisitos mínimos. Los resultados se analizarán en el Pleno.

En ese documento, de 21 artículos, se establecen parámetros que se aplicarán en la etapa de impugnaciones que puedan presentarse en contra de los aspirantes a la nueva Judicatura.

Este tema generó polémica al interior del Pleno del Cpccs el día en que se aprobó el Reglamento. Dos de los siete vocales cuestionaron que esos recursos se resuelvan bajo “parámetros subjetivos”.

Esto ocurre, porque en el artículo 15 se determina que se admitirán las apelaciones que sean de relevancia pública o cuando no afecten a los derechos constitucionales del impugnado.

¿Quién decide, qué es de relevancia pública? David Rosero, vocal del Consejo de Participación, señala que esta figura es una “forma elegante de archivar las impugnaciones de los ciudadanos”.

Para el consejero, esto impide ejercer el derecho que tiene cada persona para objetar con documentos la actuación de un candidato. Aseguró que se trata de un término subjetivo por lo que los miembros del Cpccs “tendrán problemas para calificar un pedido que reúna esos parámetros”.

Los aspirantes cuestionados deberán presentarse en una audiencia pública y tendrán 20 minutos para exponer su defensa.

En caso de la inasistencia de alguna de las dos partes -señalan las reglas oficiales- se archivará la impugnación. En tres días hábiles, el Pleno emitirá su resolución y notificará a las partes en los siguientes dos días, por correo electrónico.

El día en que se aprobó el Reglamento, la vocal Mónica Vanegas señaló que no se deberían recibir impugnaciones que afecten a la honra de los candidatos.

Garzón prepara el informe

Mientras, el Consejo de Participación trabaja en el nombramiento de los integrantes de la Judicatura, el ex juez español Baltasar Garzón prepara su tercer informe sobre la reforma judicial que en julio del año pasado inició el actual Consejo Transitorio.

Este documento preliminar tratará sobre la preparación académica de jueces, fiscales, etc.

Tras llegar al país, el veedor aseguró que no vigilará el proceso de selección del CJ. Sin embargo, pidió que se valore la independencia “a la hora de elegir” al organismo que por seis años administrará el sistema judicial del país.

“Desde mi punto de vista, los valores que en un Consejo de la Judicatura deben primar son no solo la valía profesional, sino la independencia”, aseguró. Luego aseguró: “La admonición es que quienes tienen que elegir (a los miembros del Consejo) lo hagan con el suficiente mérito para que primen esos valores y no otros”.

El Pleno del Cpccs nombrará a cinco. Para esto se basará en parámetros como la paridad de género, los años de experiencia, el título de tercer nivel en Derecho o carreras afines.

Paulo Rodríguez, actual presidente del organismo de transición es ingeniero. Glenda Calvas es economista y Alejandro Subía, ingeniero. Ellos son los únicos perfiles fuera de la jurisprudencia. Entre los aspirantes también se destacan Gustavo Jalkh, ex secretario del presidente de Rafael Correa. Según el Reglamento, él, Gladys Terán (jueza de la Corte Nacional) y el jurista Marco Antonio Maldonado se disputan la presidencia del Consejo.

Otros candidatos conocidos son Tania Arias (vocal de la Judicatura), el ex ministro de Justicia, Néstor Arbito; y la ex jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Patlova Guerra. Los designados comenzarán a trabajar en enero.

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