18 de March de 2011 00:00

Los familiares de víctimas costean los gastos de investigación de la Policia Judicial

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Un año y dos meses después de que el cadáver de Iván I. fuera hallado en una quebrada, en la población de Nono (noroccidente de Quito), la Policía no ha detenido a los responsables de la muerte del joven de 30 años.Los familiares cuentan que durante las investigaciones, la Policía Judicial (PJ) asignó tres agentes. Un deudo señala que para agilizar las indagaciones, costearon los gastos de movilización y alimentación de los uniformados. “Nosotros gastamos por propia voluntad para que se mueva con rapidez. Caso contrario, no investigan”, manifestó.

El primer agente estuvo seis meses, el segundo permaneció el mismo tiempo y el tercero desde finales del año pasado. Lo que molesta a esta familia es que los uniformados “ni siquiera han leído el caso y hay que orientarles” .

Para Mario Segovia, director nacional de Política Criminal de la Fiscalía, la PJ carece de presupuesto. Dice que dicha dependencia se mantiene de “ los récord policiales y del remate de carros robados”. Los agentes van en bus o en taxi a investigar y “no tienen comunicaciones, cámaras, computadoras portátiles, laboratorios móviles, maletines con herramientas para recoger huellas”.

A Cristian C. le robaron la casa la noche del 8 de julio del 2009, en el norte de Quito. Cinco desconocidos ingresaron y se llevaron joyas, ropa, perfumes, dinero en efectivo, computadoras, electrodomésticos, etc. Según la familia perjudicada, el monto del atraco superó los USD 12 000.

Al principio, él decidió iniciar las investigaciones para recuperar sus bienes. “Nos asignaron dos agentes con los que casi nunca nos encontrábamos porque siempre estaban ocupados. También les dimos USD 80 para el reconocimiento del peritaje de una maleta con ropa que era evidencia”.

Además, para movilización, cada agente recibió USD 50. “Ellos argumentaron que necesitan dinero también para celulares y otras gestiones. Es una farsa la que se vive y uno está sometido a eso”.

Por eso, Cristian C. abandonó la denuncia y se resignó a perder sus cosas. “Estuvimos unos cinco meses así. Hicimos una infinidad de trámites y hay que pagar todo”.

Durante las investigaciones, él pagó cerca de USD 300. Agrega que esa es una de las causas por las que la gente no denuncia. “Yo he sufrido más de seis robos, pero no lo hago porque conozco que con eso no saco nada”.

Manuel González, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central, cree que la falta de presupuesto es un justificativo. A su juicio, el problema pasa por la falta de ética.

El académico considera que la Defensoría Pública Penal y la del Pueblo deberían monitorear las investigaciones para evitar el problema de que se solicita dinero.

Tres desconocidos le robaron un Chevrolet Esteem color vino a Édgar B., la noche del 3 de marzo, en la entrada al barrio El Beaterio (sur de Quito). Relata que lo ataron con chompas y le golpearon cuatro veces en la cabeza con la cacha de una pistola.

Presentó su denuncia a las 03:00, en la Policía Judicial. Pero los agentes que estaban de turno esa noche le dijeron que no podían reportar el robo porque “no había sistema”. Cuatro horas después puso la denuncia y le asignaron un agente investigador.

“Hicimos el reconocimiento del lugar de los hechos en la camioneta de un familiar. También tuve que darle dinero para las copias y otros gastos”, indicó.

Siete días después acudió hacia la Fiscalía para averiguar cómo estaban las investigaciones, pero le informaron que el agente se fue de vacaciones por 30 días. Cuatro días después le asignaron otro.

“No puedo quejarme. Si ocho días después del robo no hizo nada, temo que luego no me ayude por quejarme ante los superiores del agente. Luego podría haber mala voluntad y no me ayudaría a recuperar mi vehículo”, relata.

Para Vicente Sarmiento, otra víctima de la inseguridad, uno de los problemas es que hay agentes que manejan demasiados casos. “

Por eso, él ha investigado la muerte de su hijo por cuenta propia con gente que ha contratado. Lo mismo sucedió con Eduardo Caicedo, director de la organización Víctimas de la Delincuencia, quien conformó un ‘cuerpo de detectives’, integrado por familiares y amigos.

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