Familia de Javier Ramírez espera su liberación

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Redacción Seguridad

Lleva casi un mes sin ver a su esposo. Ileana Torres tuvo un mal presentimiento, cuando su cónyuge Javier Ramírez fue convocado a una reunión en Quito.
Fue el lunes 7 de abril. Ese día el teniente político de García Moreno, Vinicio Jácome, llegó hasta la casa de la familia Ramírez-Torres, en Junín, y le entregó a su marido un oficio de invitación.

La carta (Cir. No 364-GI-2014) indica: “Luego de saludarle muy atentamente me permito informarle que, por pedido del ministro del Interior, José Serrano, se convoca a una reunión de trabajo que se realizará el jueves 10 de abril, a las 15:00 en la sala de prensa del Ministerio del Interior en Quito…”. La misiva está firmada por el gobernador de Imbabura, Wilmer Taboada, y también fue entregada a Silvia Quilumbango y Polivio Pérez, presidente de la comunidad.
Para los moradores y dirigentes de Junín, la figura de José Serrano es familiar. Diez años atrás, el abogado experto en derechos humanos del Centro de Derechos Económicos y Sociales los defendió de la minera Ascendant Cooper. “Serrano fue mi abogado varios años. Le conocí desde 1998. Fue un muy buen profesional”.

El jueves 10 de abril, los tres llegaron al Ministerio pero Serrano solo quiso hablar con Pérez. Fueron 20 minutos tensos. “El Ministro me pidió que depongamos nuestra protesta contra la Enami, a lo que me negué”, dijo Pérez.Este Diario pidió una versión del Ministro al correo de su asesor Camilo Márquez, el lunes pasado, pero no obtuvo ninguna respuesta. 

Las horas siguientes, Ramírez fue detenido por la Policía en Nanegalito. Luego fue trasladado a Cotacachi e Ibarra, con orden de prisión, acusado por la Fiscalía de supuestos delitos de sabotaje y terrorismo.

Según la Fiscalía, él participó, junto con seis personas más, en el bloqueo y agresión a técnicos de la Empresa Nacional Minera (Enami), el 6 de abril, en Junín. Este hecho –según consta en la  instrucción fiscal- no es aislado sino que parte de un supuesto boicot sitemático al trabajo de los técnicos de la Enami en la zona, desde septiembre del año pasado. En este caso también tiene orden de prisión Víctor Hugo Ramírez, quien aún no ha sido detenido.
Ramiro Román, abogado de Ramírez, dice que en su caso se violentó el debido proceso. “Fue detenido sin orden de un juez en Nanegalito. Nunca hubo una notificación, todo se legalizó luego. Tampoco hay pruebas de que él participó en los incidentes del 6 de abril. Es más, él estaba en su casa, con su familia, lesionado la pierna derecha, con un derrame”.

Este caso, según organismos humanitarios, es parte de una supuesta criminalización de la protesta social. La Cedhu lo destaca en un último informe  señalando que el terrorismo y sabotaje -tipificados en el Código Integral Penal- son utilizados   contra defensores de los derechos humanos. Esto  ha sido negado por el oficialismo, con el argumento de que desde el sistema judicial se persiguen delitos y no personas.

Para César Ipenza, experto ambientalista peruano, este fenómeno no es ajeno en la región. “Es muy usual. Se utiliza para evitar el desborde social, muy propio de estados incapaces de enfrentar la situación dentro del marco de la legalidad. Pero también hay que diferenciar de personas y grupos que utilizan este tema para enarbolarse políticamente, según sus intereses”.

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