29 de June de 2010 00:00

‘Falta una Ley especial contra el sicariato’

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Redacción Judicial

El penalista Jorge Andrade Lara respalda propuestas como la acumulación de penas

El Código Penal contempla el homicidio por precio. Sin embargo, la Fiscalía pide que se incluya la figura del sicariato ¿Es necesario?

Lo que está previsto en el Código Penal es la figura del asesinato. Pero las cosas han cambiado y es necesario que se dicte ya una Ley especial contra el sicariato. No se ha trabajado en este tema, porque antes no había este problema o no era evidente. Por eso los legisladores no se habían preocupado, pero ya urgen reformas.

¿Qué reformas plantea?

Se ha hablado, por ejemplo, de la acumulación de penas y me parece una iniciativa correcta.

La Fiscalía General también propone que la rebaja de penas sea máximo de hasta el 20% de la condena y que el sicariato se sancione con prisión de hasta 28 años ¿Son viables estas iniciativas?

Claro y en caso de reincidencia el castigo debe ser más fuerte.

Pero hay corrientes jurídicas que dicen que endurecer la pena no soluciona nada.

No comparto eso. Aquí solo vemos al detenido, pero no a la víctima. Si los responsables son apresados y sancionados, la gente se sentirá protegida. Se deben observar esas cosas.

¿Entonces también está de acuerdo con la iniciativa de que la edad para juzgar por delito a un menor se reduzca de 18 a 16 años?

Eso es correcto, porque ahora es un poco anticuado decir que solo después de los 18 años pueden ser juzgados por delitos. Si cometieron actos ilegales deben afrontar las consecuencias, más aún cuando se habla de que los grupos de sicarios reclutan a jóvenes para asesinar. Y hacen eso porque saben que a ellos no se les puede juzgar como se debiera.

¿Las propuestas que surgen no son tardías? El ex ministro de Gobierno y hoy asambleísta por el Movimiento Alianza País Fernando Bustamante incluso dijo que la delincuencia es solamente un asunto de percepciones

Eso me parece muy teórico. La gravedad del caso exige dejar de lado la teoría y principios filosóficos. En su mayoría, esos principios hasta son equivocados o corresponden a otras épocas.

¿El Gobierno no tomó en serio el problema?

Lo que ocurre es que este Gobierno tiene una concepción garantista para los detenidos.

¿A qué se refiere?

En las Constituciones de 1998 y del 2008 hay un capítulo extenso que protege al detenido. Por ejemplo, si alguien cometió un delito puede acogerse a medidas sustitutivas y salen libres sin problema. Eso decepciona a la gente.

Pero las medidas sustitutivas son necesarias, lo dice la Constitución

Sí, pero para la gente que lo merece, no para aquellos que hasta son reincidentes. Para otorgar estos beneficios hay que hacer un estudio profundo del detenido, de su comportamiento, de su interés por recuperarse.

En la práctica eso no ocurre. Tampoco se nombran jueces penitenciarios como dice la Constitución

Al sistema de Rehabilitación hay que dar más profesionales, más psiquiatras para que evalúen a los detenidos. Vale la pena afrontar ese tema con realismo. Se dice que la pobreza lleva a cometer delitos como el sicariato, pero eso es errado.

¿No es así?

Eso es una mentira. Coja a un sicario, a un secuestrador, a un narcotraficante y vea si lo hacen por pobreza, por necesidad.

¿Por qué lo hacen?

Porque es una forma fácil de obtener dinero y punto.

Pero los operadores de justicia también son acusados de permitir que caduque la prisión preventiva ¿Es así?

Eso es una falla de la Ley. Solo la instrucción demora 90 días. Luego viene la fase intermedia que está llena de apelaciones. En eso se van tres meses más. Y con otros trámites se caduca la prisión.

¿Eso no es culpa del juez?

No pues, porque los jueces reciben los casos cuando la prisión preventiva está por caducar y no se puede despachar al apuro.

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