En medio de apuros, nueve juzgados civiles de Pichincha comenzaron ayer a atender en sus nuevas oficinas.
A las 08:00 abrieron sus puertas en la calle El Telégrafo y av. De los Shyris, en el norte de Quito.
Los funcionarios judiciales, que trabajaron durante el feriado en la adecuación de los despachos, apilaron cajas llenas de juicios y movieron sus escritorios.
En la planta baja los espacios destinados para las audiencias estaban llenos de escombros, cartones y carpetas viejas.
Marcia Guerrero, una usuaria del Juzgado Tercero, esperaba que el denominado Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) empiece a funcionar y saber cuándo será la audiencia de su juicio.
Media hora después abandonó el edificio, pues aseguró que el sistema no llegaba. Eran las 09:30 y dijo que regresará otro día.
En la calle, unos 20 trabajadores ingresaban a un camión los pedazos de láminas de aluminio que fueron utilizados para armar las estaciones de trabajo.
Eran supervisados por Danilo Navarrete, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ). Él daba indicaciones, subía y bajaba gradas. Explicaba que la premura por la mudanza no permitió que los juzgados estén operativos al 100%, como la había anunciado el Consejo.
“El cambio se hizo por cumplir el compromiso con la Asamblea de entregarles el Palacio de Justicia hasta diciembre”, dijo.
El edificio que albergó por 48 años a las dependencias de la función judicial, en la av. 6 de Diciembre y Piedrahíta, en el centro de Quito, empezó a evacuarse desde el 12 de octubre pasado.
Los motivos: el histórico edificio es propiedad de la Asamblea Nacional desde mayo de este año y en él se construirá el Complejo Legislativo, que agrupará a todas las oficinas de la Legislatura.
No solo los Juzgados Civiles del I al IX abandonaron el Palacio, también lo hicieron los Juzgados Penales del III al XII y el XIV.
Su nueva casa, en el edificio Jácome, de la av. 10 de Agosto y Pereira, estaba más ordenada aunque con cartones todavía en el suelo. Hasta las 10:30 el Satje aún no estaba habilitado al igual que la Internet. Pero las audiencias programadas sí se cumplieron.
Los guardias se encargaron de dirigir a los abogados por los cinco pisos, donde también funcionan siete juzgados de Contravenciones y la Unidad de Adolescentes Infractores.
Patricia Buendía, coordinadora de las dependencias, visitaba cada piso y preguntaba a los trabajadores ¿qué les faltaba para estar completamente instalados?
En las oficinas del Juzgado Quinto de Garantías Penales, Milton Vega, abogado, reclamaba por atención. “Sin sistema sus documentos no pueden ser ingresados”, respondían los funcionarios. Vega salió molesto.
En el pasillo se encontró con Gerardo Hidalgo, otro jurista que buscaba el Juzgado X y que tras 20 minutos dijo haber recibido atención de “forma rápida” y “sin mayor complicación”.
Hasta ese momento, los funcionarios aún arreglaban sus pertenencias. Pero a las 11:00, cuando se anunció la visita de Tania Arias, vocal de la Judicatura, los trabajadores de limpieza empezaron a correr por los pasillos.
Un olor a desinfectante llenó el lugar y los funcionarios apresurados intentaban terminar de desempacar las causas de las cajas.
Arias llegó e inspeccionó el lugar. Preguntó por el sistema informático y anunció a los trabajadores que el ancho de banda de Internet sería aumentado para que puedan ingresar la información.
En diciembre, los juzgados deberán volver a hacer las maletas.
Según la vocal del Consejo transitorio, todas las dependencias judiciales de la ciudad estarán concentradas en el Complejo El Pedregal, sector de La Pulida, en el noroccidente de Quito.