9 de December de 2010 00:00

‘Es fácil hacer demagogia penal’

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Redacción Política

Para María Paula Romo, presidenta de la mesa de Justicia, las reformas legales no solucionan el problema. Cree que el código vigente aún necesita ajustes.

Parece que desde el Gobierno se volvieron un enredo las reformas penales. Hay un paquete de ajustes legales y otros constitucionales. ¿Cómo la Asamblea procesará todas las iniciativas?

A la Asamblea le corresponden todos los temas relacionados con las reformas legales y la fiscalización al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado. La respuesta a la inseguridad debe venir desde muchos sectores.

¿Y la reforma constitucional en materia penal?

En estos días se ha discutido sobre la reforma constitucional, es temprano para debatir eso. Necesitamos saber cuáles son los temas que planteará el Ejecutivo y tener un pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional.

¿No se debiera concentrar todo en una sola reforma?No creo que las reformas penal o constitucional serán la respuesta al problema. En el tema constitucional, el Secretario Jurídico de la Presidencia ha dicho que se están revisando cuáles son las ideas. A corto plazo se puede tener la reforma legal con un impacto limitado, mientras tengamos este comportamiento de los operadores de justicia.

¿Los 15 proyectos que dieron lugar al informe para el primer debate en el Pleno agotan la discusión?

Se necesita una reforma integral del Código Penal. No todo está enfocado a delincuencia común, a los delitos contra la propiedad. Este código ha estado vigente cien años y necesita actualizarse en relación con los delitos informáticos. Hay que eliminar delitos anacrónicos.

¿Las reformas al Código no han servido entonces?

Ha tenido reformas parches, es la número 17 en cinco años. El debate no se agota, pero la responsabilidad está en los operadores. Hace seis meses dije que recogíamos las observaciones de la Fiscalía y del Presidente al bajar el monto de las contravenciones. Dimos el beneficio de la duda, pero el problema de la inseguridad no ha disminuido.

Pero esas reformas calman la calentura política...

Por un momento sí, pero en seis meses estoy segura de que los mismos actores que hoy han presentado las reformas lo volverán a hacerlo de nuevo.

En la Comisión de Justicia, cuando A. País, Prian, ID coincidían en que el problema está en los operadores de justicia, María Cristina Kronfle (M. de Guerrero) pedía legislar escuchado a la gente y no lejos de ella...

Todos debemos responder al problema de la inseguridad. Pero es nuestra obligación tomar decisiones que nos den mejores resultados y no hacer lo más popular. El pedido inmediato puede ser que incrementemos las penas, pero tenemos los datos sobre los niveles de impunidad, los cuellos de botella... Es muy fácil hacer demagogia penal.

Ud. dice que se deben poner los ojos en los operadores de Justicia y la Policía, pero la Asamblea de Montecristi echó abajo la Corte de Justicia que empezaba a funcionar con el apoyo de la veeduría internacional. El país no ha salido de la transición...

Hagamos un poco de historia, en la Asamblea Constituyente se trató de destituir a la Corte, yo me opuse, igual cuando trataron de nombrar una nueva. Peleamos largamente para que se mantenga, no porque sea la mejor sino por los problemas de la transición y lo delicado de la intervención política. Pero en los últimos días se debatió sobre si se quedaban los 31 ó 21 magistrados.

Al final, ¿qué pasó?

La Constitución reguló que debían ser 21 magistrados. El debate fue cómo llegar a ese número sin tocar la Corte. Se dijo que se escogería a los mejor puntuados. Luego se pensó en dejarlo al azar. Pero de los 31 renunciaron 30. Nosotros no los destituimos.

Ud. ha admitido que la inseguridad no es un problema de “ la larga noche neoliberal” sino un mal contemporáneo. ¿Cómo hacer que los operadores de justicia cumplan con su labor?

Un gran debate es el diseño de la política criminal, ningún sistema puede sancionar todo, debe priorizar ante la limitación de recursos humanos y financieros. Decidir perseguir los delitos contra la vida, el Estado, los sexuales... y respecto de eso obtener resultados. Hoy lo más sencillo de probar tiene sentencia.

¿De quién es la tarea de liderar eso: del Ejecutivo?

Sí, pero en términos operativos del Ministerio de Justicia, con la Asamblea, con el Consejo de Participación.

¿No es peligroso dejar en manos de la población las reformas en el tema penal, a través de un referéndum?

Si le preguntáramos a la gente si quiere o no pagar impuestos ganaría el no, pero no podemos ser irresponsables. Por eso hay que discutir bien qué se va a preguntar. Las preguntas las debe enviar el Ejecutivo a la Corte Constitucional.

El informe para primer debate

Ayer en la tarde, con los votos a favor de nueve de los 11 integrantes de la Comisión de Justicia, se aprobó el informe para primer debate de la reforma penal.

Únicamente Luis Almeida (Sociedad Patriótica) y María Cristina Kronfle (PSC y Madera de Guerrero) votaron en contra.

Entre otros temas se aprobó que la utilización de niños y adolescentes será agravante; se incorporó una disposición para que el juez -cuando caduque la prisión preventiva- disponga obligatoriamente que el procesado se presente periódicamente ante él y la prohibición de ausentarse del país. Y que el juez de garantías penales disponga el uso de dispositivos de ubicación satelital y geoposicionamiento global.

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