Exveedores no saldrán del país y enfrentarán su juicio

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Sara Ortiz.  Redactora  ortizs@elcomercio.com

Un juicio penal y la posibilidad de ir a la cárcel es lo que enfrentarán los cuatro exveedores, enjuiciados por el presidente Rafael Correa. En el 2009, él pidió que se conforme una veeduría para vigilar la terminación de los contratos de su hermano Fabricio con varias entidades públicas.

Ayer, 5 de febrero, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha negó el pedido de nulidad que planteó la defensa de Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quispe.

Ellos fueron acusados el 2011 por el presidente Correa de un supuesto falso testimonio. Según el Mandatario, la conclusión a la que llegaron, de que sí conocía que su hermano tenía contratos y subcontratos (por más de USD 650 millones) "fue producto de la mala fe, malicia, temeridad y odio político" Luego de conocer la resolución, Chambers y Portillo, los únicos que asistieron a la Corte, dijeron sentirse "perseguidos políticos". El año pasado solicitaron asilo político a seis países. No obstante, esa no es su única opción. "¿Cuál será nuestro siguiente paso?", preguntó Chambers a su abogado, Ramiro Román, al final de la diligencia. Hubo un largo silencio: "Agotaremos todas las instancias nacionales".

Por lo pronto, pedirán una aclaración a la nulidad. La razón es que para los exveedores no se ha esclarecido el motivo por el cual se los llama a la etapa de juzgamiento.

En las dos horas que duró la diligencia, su defensor alegó una falta de motivación en el auto de llamamiento de juicio, que emitió Ana Guerrón, titular del Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha.

La fiscal Ana María Crespo resumió su intervención en tres puntos: "se actuó en derecho, hubo legalidad y hay motivación suficiente".

Una de las razones por las cuales Guerrón los llamó a juicio es que ellos se habrían tomado atribuciones que no les correspondían. "Debían haber presentado su informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por medio del Director Nacional de Control Social" y no la Contraloría.

Chambers recordó que en el 2009 no existía Reglamento para la Veeduría Ciudadana y que ellos fueron la primera que existió en el país. Este procerdimiento no estaba regulado.

Las conclusiones que desataron el juicio

En el 2011,cuando divulgaron sus conclusiones, la Veeduría estableció que la terminación unilateral de los contratos del hermano del Mandatario habría causado un perjuicio de USD 140 millones.

Para el Presidente, estas aseveraciones fueron infundadas.

Según el Código Penal vigente, el falso testimonio comprende testificar con el informe, traducción o interpretación ante cualquier autoridad competente sobre un hecho que no es verdad, actuando con malicia. "Nosotros solo hicimos el trabajo para el que fuimos designados por el Presidente", sostuvo Portillo.

La confirmación dictaminada ayer ocurre 17 meses después de que la jueza Guerrón los llamara a juicio. Román destacó que la dilación de las audiencias perjudica los derechos de sus clientes.

Ellos llevan 24 meses con medidas cautelares que les impiden salir del país, vender o comprar bienes y deben presentarse cada 15 días antes un juez. "Han sido 24 meses sin trabajo", dijo Portillo. "Pero vamos demostrar nuestra inocencia en el juicio".

El informe de la veeduría desató el inicio del juicio impulsado por la fiscalía

02/07/2009 El Presidente Rafael Correa dispuso al la Función de Transparencia crear una veeduría ciudadana para revisar los contratos celebrados desde el 2007, entre el Estado y su hermano.

03/02/2011 Los Veeduría presentó ante Carlos Pólit, contralor del Estado y presidente del Quinto Poder, un informe de 1 500 páginas. Concluyeron que el Presidente sí conoció sobre los contratos.

11/03/2011 Correa envió su denuncia escrita a la Fiscalía para que investigara un presunto falso testimonio. Él aseguró que nunca supo de los contratos y que esa conclusión fue temeraria.

05/20/2014 Mónica Bravo, presidenta de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, confirmó el llamamiento a juicio contra los cuatro exveedores y negó el pedido de nulidad solicitado por su defensa.

En contexto

En el 2009, el presidente Rafel Correa conformó la Veeduría para investigar los contratos que mantenía su hermano con el Gobierno. En el 2011, luego de conocer el informe, el Mandatario presentó una denuncia en contra de los cuatro por falso testimonio.

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