Los abogados de la Defensoría Pública, organismo que asiste de forma gratuita a personas de escasos recursos, tramitarán solicitudes de refugio, asilo, demandas de alimentos, por violencia intrafamiliar, juicios laborales, etc. de los extranjeros que viven el país.
“No importa su estatus migratorio (si no tienen papeles) igual recibirán una defensa técnica”, indicó Ernesto Pazmiño, defensor Público Nacional.
Hoy, 17 de abril del 2014, junto a John Fredrikson, representante en el Ecuador de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) firmaron un acuerdo de cooperación. Este tiene como objetivo fortalecer el patrocinio jurídico a favor, sobre todo, de los solicitantes de asilo o refugio.
Datos de la Acnur indican que Ecuador recibe la mayor población refugiada de América Latina. El 98% está compuesta por colombianos que huyen del conflicto armado interno en ese país.
Pazmiño aseguró, en una rueda de prensa, que se seleccionarán a 27 defensores públicos para que se encargen de estos casos. Además, se capacitarán a los funcionarios en temas de movilidad humana en las provincias fronterizan donde se concentra el 40% de las solicitudes de refugio.