Sus nombres constan en el expediente de la Fiscalía. Serán investigados para determinar si tienen relación con las anomalías que se detectaron en la Agencia de Tránsito de Santo Domingo.
Uno de ellos es Freddy Campo, ex gobernador de la provincia (2007). Él tiene un patio de ve- hículos en el que supuestamente se vendieron autos robados.
Según su abogado, Andrés Montes de Oca, fueron víctimas de una red de estafadores.
A ellos les vendieron vehículos con documentos de la Agencia de Tránsito (matrículas). “Eran originales, por lo tanto no se podía saber que eran robados. El problema nació en la Agencia”.
Según Montes de Oca, se percataron de lo que ocurría en enero pasado. Entonces, una camioneta que fue vendida a un cliente fue detenida en Ventanas por la Policía y se determinó que había sido robada en Colombia.
El ex funcionario presentó una denuncia ante la Fiscalía, el 14 de enero. Ahí se detallan los nombres de las personas que originalmente vendieron los vehículos.
Luego se hizo una auditoría interna en la empresa y se descubrió que otros seis vehículos tenían problemas. Se ubicó a los dueños, se les devolvió el dinero y los autos se entregaron a la Fiscalía, para que investigue.
“Esas denuncias motivaron luego la intervención de la Agencia de Tránsito”, dijo ayer Montes de Oca. La Fiscalía halló indicios de que se importaron vehículos evadiendo impuestos, se adulteraron documentos y se emitieron ma-trículas de autos robados.
Algunos de esos documentos tienen la firma de Jhosua Vélez, hijo del asambleísta independiente Fernando Vélez. Salió del partido Sociedad Patriótica tras dar su voto para la reelección, como presidente de la Asamblea, de Fernando Cordero.
Su hijo era el jefe de Titulación de la Agencia de Tránsito en Santo Domingo. “Por su cargo debía firmar los documentos. Pero eso no quiere decir que haya estado involucrado con la corrupción”, dijo el asambleísta. “Mi hijo renunció en octubre indicando todas las anomalías que había en la Agencia y no se ha hecho nada”.
Ayer, Jhosua Vélez acudió a la Fiscalía para rendir su declaración voluntaria. Sin embargo indicó que el Fiscal no lo recibió.
La Fiscalía abrió una indagación previa por el delito de acción pública en contra de los ex funcionarios de la Agencia. 21 fueron separados el pasado 9 de abril y se anunció una reingeniería de la dependencia, que sigue en curso.