15 de March de 2011 00:00

Las evidencias son manipuladas en la misma escena de los delitos

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El CD en el que se grabó el testimonio del niño se presentó en una funda plástica sellada, pero el disco estaba quebrado. Esa era la prueba que la Fiscalía debía presentar en el Segundo Tribunal Penal en contra del hombre que estaba acusado de agredir sexualmente al menor, aunque no funcionó.Cuando el fiscal interrogó al policía por qué se destruyó la evidencia, el agente respondió con un movimiento de cabeza y solo dijo que así salió de la bodega.

El fiscal que investigó el caso contó a este Diario que no es la primera vez que las evidencias de un delito se destruyen y que por falta de pruebas los juicios se nuliten y los casos queden impunes.

Este Diario accedió a un informe interno de la Policía y allí se revela que al 2009, anualmente cada agente de la PJ manejaba un promedio de 32 casos, pero resolvía apenas cinco. El problema más fuerte se registraba en Guayas, en donde un investigador tenía al año 52 causas y resolvía 3,50. En Tungurahua, Pastaza y Zamora no resolvieron ni uno.

En Pichincha, cada agente esclareció cinco denuncias anuales de las 24 que recibieron. Y una de las razones para los niveles de impunidad es precisamente la falta de pruebas dentro del proceso. Para superar esta falencia, recién desde este año se operativizó un nuevo sistema de investigación: se destinaron tres policías para cada fiscal. No obstante, los problemas continúan.

La cadena de custodia se rompe en la misma escena del delito. Por ejemplo, las armas encontradas en el lugar de un crimen son manipuladas sin guantes y se corre el riesgo de que las huellas del agente cubran las que dejan los sospechosos. Por ello, fiscales y jueces apuntan a los agentes de la Policía Judicial (PJ) de violar los protocolos y no cuidar las evidencias.

Un agente de la PJ reconoce aquello. 36 investigadores de homicidios en Pichincha reciben mensualmente 100 guantes desechables. “Eso no nos alcanza para nada, se acaban rápido y todo hacemos con las manos descubiertas”, dice el policía, quien asegura que no tienen recursos.

La PJ carece de presupuesto fijo y los únicos ingresos provienen de las recaudaciones por la entrega de los récords policiales y del remate de vehículos robados.

Datos de la Fiscalía revelan que por los dos conceptos, la entidad recibe anualmente un promedio de USD 7 millones cada año. No obstante, un informe de la Unidad de Ejecución Especializada de la Policía revela que los recursos son menores. Para equipamiento se entregaron USD 7,5 millones, pero en tres años.

En la sala de audiencia (edificio de la PJ), donde se juzgan las flagrancias, también es común ver a policías indicar las evidencias con sus manos. Luego de manipular recién colocan en fundas aseguradas y mandan a las bodegas.

Por hechos como estos, el juez penal XXIV de flagrancia, Galecio Luna, dice que “todos los días se vulnera la cadena de custodia”.

Un agente que en este momento investiga una presunta violación en Quito muestra una carpeta con fotografías tomadas en el lugar donde presuntamente se cometió el hecho. Las imágenes fueron captadas con un celular personal, pues los gendarmes que trabajan con los fiscales y los que operan en homicidios no tienen cámaras profesionales.

Es más, el policía reconoce que usa la computadora personal de su casa para imprimir fotos, que luego se incluyen en el juicio.

El director de la Escuela de Criminología de la Universidad Central, Manuel González, tiene reparos a este procedimiento. Señala que no hay garantías en el trabajo. El riesgo es que por falta de vigilancia, las fotografías incluso podrían ser modificadas y se altera la evidencia. “Señor, no tenemos nada para trabajar y eso nos obliga”, dice el investigador.

Cuando la madrugada del 23 de febrero del 2009, en el norte fue asesinado el hijo de Washington Caicedo, la Policía tampoco captó fotografías de la escena.

Los familiares hicieron ese trabajo y en el juicio, que hasta ahora no termina, se incluyeron precisamente esas fotos. Dos años después del asesinato, Caicedo recuerda que a las 07:00 llegaba al lugar y vio cómo el cuerpo de su hijo entraba en una bandeja a la camioneta de criminalística.

Después pensó que el lugar sería cercado con franjas plásticas amarillas, pero tampoco se hizo aquello. El juez Luna dice que este procedimiento es importante para cuidar las evidencias, pero que tampoco se cumple y que la presencia de curiosos pudiera destruir las pruebas.

En el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal se indica que “si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios, los profesionales en salud (...) tomarán inmediatamente las evidencias y las guardarán hasta que la Policía o el fiscal dispongan que pasen al cuidado de peritos, para sus respectivos exámenes”.

En la Policía tampoco existen los suficientes equipos para tomar huellas. 140 gendarmes investigan los delitos contra la propiedad y para todos hay apenas dos equipos. Por ello, uno de los agentes dice que, por ejemplo, cuando las puertas son violentadas toman las huellas únicamente con cintas adhesivas. “Es efectivo este proceso, pero siempre es importante tener los aparatos tecnificados, para que el trabajo sea efectivo y no se trunque”.

La investigación sobre una supuesta agresión sexual al niño también estuvo a punto de bloquearse por falta de pruebas. Pero el fiscal cuenta que en la comparecencia presentó la copia de un CD que obtuvo por cuenta propia. Tras reunir todas las pruebas, el hombre fue condenado a ocho años de reclusión por atentado contra el pudor.

Mañana. La descoordinación entre jueces y fiscales frena la investigación

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