La Fiscalía conoció más de 31 000 casos de tránsito entre el 2007 y el 2009. Apenas 281 casos llegaron a sentencia condenatoria. ¿Eso demuestra impunidad?
Además de impunidad, lo que la estadística muestra es una desorganización y una falta de control en la administración de justicia. No digo que los jueces no estén haciendo su trabajo. Más bien creo que no se dan abasto para tramitar los procesos.
¿A qué responde esa saturación de causas?
El trabajo de los jueces se quintuplicó desde la publicación de la Ley de Tránsito. Allí se establece que las contravenciones deben ser tramitadas en los juzgados de Contravenciones, pero aún no se crean y los juzgados de Tránsito tienen que evacuar esas causas.
En los juzgados de Tránsito reconocen que incluso requieren de los pasantes para las investigaciones.
Así es. En el país se registran 880 000 contravenciones y solo el 5% llega a ser juzgado.
¿Por qué no se crean los juzgados de Contravenciones, como lo establece la Ley de Tránsito aprobada en diciembre del 2008?
Esa responsabilidad es del Consejo de la Judicatura. El organismo tiene que nombrarlos y entiendo que en el plan de trabajo de este año el organismo tiene previsto crear 37 juzgados de Contravenciones y 28 de Tránsito en el país. Esperemos que cumplan con este plan.
¿En qué medida la Ley de Tránsito ayuda a combatir la impunidad?
Las organizaciones que tratamos el tema creemos que es una Ley de avanzada. El problema es que las autoridades no ejercen su papel y permiten que se incumpla la normativa.
¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía?
El problema de la accidentalidad vial en Ecuador es cultural. Si las personas cumpliéramos la Ley, no habría la necesidad de tener un vigilante o un guardia en las espaldas. No se necesitaría de la intervención de la Fuerza Pública. Pero, por desgracia, en los temas de tránsito hacemos lo que nos da la gana.
La excusa, por lo general, es que no se conoce la Ley de Tránsito. Pero ese desconocimiento no es pretexto.
En efecto. Hay un principio constitucional en el que se establece que no se exime de culpa al conductor, al peatón o a la autoridad encargada de resolver los casos de tránsito por no conocer la Ley. Así que no hay justificación.
¿En qué medida influye la falta de señalización o las malas condiciones de la vía?
Solo el 7% de los accidentes de tránsito se produce por esas causas. La mayoría es el resultado del factor humano: la imprudencia de los conductores, pasajeros, ciclistas o peatones. No digo que no sean necesario un buen sistema de semaforización, pero ese no es el problema de fondo. Es la mentalidad ciudadana la que debe cambiar, su grado de conciencia.
¿Cómo crear conciencia?
Lo primero es reconocer que estamos acostumbrados a culpar a los otros de lo que ocurre y que no asumimos nuestra responsabilidad. Hay que cambiar de actitud y darse cuenta de que eso puede salvar vidas y evitar accidentes.
¿Cómo influye la Ley para evitar muertes en las vías?
Los accidentes son la primera causa de muerte por factores externos en el país. Esta es la realidad. Las estadísticas oficiales que registra la Policía y la Fiscalía no son reales, porque se elaboran con base a los partes policiales y hay un subregistro de los casos que no se denuncian. Por fortuna, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ayuda a superar este problema. Nos acerca a un número más aproximado de accidentes de tránsito y de víctimas. Según los partes policiales, por ejemplo, en el 2009 hubo 21 528 accidentes que arrojaron 16 957 víctimas, entre muertos heridos y traumáticos. Pero esa no es la realidad.
¿Cuáles son las estadísticas del SOAT?
Que en el 2009 hubo 38 672 heridos y 4 105 muertes. Según los partes policiales, los fallecidos fueron 2 088. No estoy diciendo que la Policía no está trabajando bien, al contrario, ellos cumplen con su función. El inconveniente es que no hay un sistema nacional que permita conocer las estadísticas de accidentalidad. Eso debería ser liderado por la Comisión Nacional de Tránsito.
¿Cuál es el papel que debe asumir el Estado?
La Ley de Tránsito prevé, como un derecho, el ser capacitados en educación vial y vialidad. La inversión debería ser mayor. Pero más allá de lo que dice la Ley, es necesario elaborar una estrategia nacional de seguridad vial para pensar en un cambio radical.
¿En el país hay todavía una barrera entre Policía y CTG?
Entre los organismos vinculados al tema se debe coordinar, para educar a las personas y hacer cumplir la Ley con cero tolerancia; para promover un cambio cultural en las nuevas generaciones, entre otros aspectos.
Sin cultura vial, los resultados serán a largo plazo.
Un cambio cultural no se puede hacer de la noche a la mañana. Si se aplicase el plan, habría resultados en la tercera generación. Por eso la necesidad de empezar lo más pronto posible.